Latinobarómetro 2026 revela que en México se valoran las elecciones, pero todavía cuesta reconocer que limitar al poder también es parte de la democracia
Mtro. Manuel Alberto Cruz Martínez
En México
apreciamos el voto. Lo defendemos como la principal puerta de entrada a la vida
democrática y reconocemos que los gobiernos deben surgir de elecciones libres.
Sin embargo, los datos más recientes muestran una dificultad menos visible:
valoramos mucho menos a las instituciones y actores que deben vigilar a quien
gana.
El Informe
Latinobarómetro 2026 ofrece una imagen que merece atención. El apoyo a la
democracia en México aumentó de 49 por ciento en 2024 a 55 por ciento en 2026.
Además, 78 por ciento de las personas encuestadas considera que no puede haber
democracia sin elecciones. Hasta aquí, la lectura parece alentadora.
La preocupación
surge cuando se pregunta por los contrapesos. Sólo 48 por ciento considera
indispensable al Congreso, 40 por ciento reconoce la necesidad de los partidos
y apenas 38 por ciento atribuye ese carácter a la oposición. La distancia es
reveladora: se aprecia el momento de elegir, pero no con la misma fuerza
aquello que debe ocurrir después de la elección.
La pregunta de
fondo es sencilla: ¿puede existir una democracia sólida cuando la ciudadanía
valora el voto, pero concede poca importancia a quienes deben cuestionar y
limitar al ganador?
Elegir no significa entregar todo el poder
Una parte de
nuestra cultura política parece entender la democracia como un procedimiento
para decidir quién gobierna. Quien obtiene la mayoría gana y, por ello, se
considera legitimado para aplicar su proyecto. Esa idea es correcta, pero
incompleta.
La democracia
también establece cómo debe ejercerse el poder. Obliga a respetar la
Constitución, rendir cuentas, escuchar a las minorías y aceptar que ninguna
victoria electoral convierte al gobierno en dueño del Estado. La mayoría tiene
derecho a gobernar, pero no a eliminar los límites que protegen a todos.
Esta distinción
suele perderse en la discusión pública. Cuando el Congreso revisa una
iniciativa, un tribunal corrige una decisión o la oposición exige información,
esas acciones pueden presentarse como obstáculos a la voluntad popular. En
realidad, los controles democráticos no desconocen el voto. Evitan que el
mandato recibido en las urnas se transforme en una autorización sin
condiciones.
La oposición no es enemiga de la mayoría
En el lenguaje
político mexicano, la palabra oposición suele asociarse con obstrucción,
conflicto o defensa de intereses particulares. Esa percepción no apareció de la
nada. Los propios partidos opositores han contribuido a su descrédito mediante
divisiones internas, corrupción, falta de propuestas, alejamiento de la
ciudadanía y una presencia que a veces sólo se vuelve visible durante las
campañas.
Pero una
oposición deficiente no vuelve innecesaria a la oposición. Del mismo modo que
una mala resolución no hace prescindibles a los tribunales, los errores de
algunos partidos no justifican abandonar el pluralismo.
La oposición
cumple tareas concretas. Revisa las decisiones del gobierno, exige
explicaciones, señala abusos, propone alternativas y representa a quienes no
votaron por la mayoría. No está obligada a rechazar todo. Tampoco debe aceptar
todo. Su responsabilidad consiste en discutir con razones, acompañar lo que
beneficia a la sociedad y señalar aquello que puede dañar los derechos o
debilitar las instituciones.
Proteger a la
oposición no equivale a favorecer a un partido determinado. Significa conservar
la posibilidad de disentir, organizarse y competir por el poder. Las mayorías
cambian. Quien gobierna hoy puede necesitar mañana las mismas garantías que
ahora considera incómodas.
Una cultura democrática todavía incompleta
Otros
resultados de Latinobarómetro ayudan a comprender el problema. En México, 24
por ciento aceptaría un sistema de partido único sin oposición y 19 por ciento
toleraría que un gobernante actuara por encima de la ley. El estudio también
registra una elevada aceptación hipotética de un gobierno militar en
circunstancias difíciles.
Estos
porcentajes no deben sumarse ni permiten afirmar que México sea una sociedad
autoritaria. Cada respuesta corresponde a una pregunta distinta y expresa una
opinión declarada, no una conducta futura. La encuesta es descriptiva y, como
toda medición muestral, tiene un margen de error. Aun así, los datos advierten
que el respaldo a la democracia puede convivir con la disposición a debilitar
algunas de sus garantías.
Ahí aparece una
contradicción importante. Queremos elegir, pero no siempre reconocemos el valor
de quien contradice al ganador. Defendemos la legitimidad de la mayoría, aunque
en ocasiones vemos con desconfianza a los actores encargados de limitarla. Esa
visión convierte a la democracia en la victoria de unos sobre otros, en lugar
de entenderla como una convivencia entre personas que piensan distinto.
El riesgo
aumenta cuando la eficacia se coloca por encima del pluralismo: que el gobierno
resuelva, aunque no escuche; que actúe, aunque no explique; que decida, aunque
nadie pueda corregirlo. La promesa puede resultar atractiva en momentos de
inseguridad o frustración, pero abre la puerta a conservar las elecciones
mientras se debilitan los contrapesos.
La oposición también debe recuperar su utilidad
La baja
valoración ciudadana no puede atribuirse únicamente al discurso de quienes
gobiernan. Los partidos opositores deben preguntarse qué han hecho para merecer
confianza. Oponerse no significa reaccionar contra todo, sustituir propuestas
con descalificaciones o aparecer cada tres años para solicitar el voto.
Una oposición
democrática necesita cercanía social, coherencia y vida interna auténtica. Debe
formar nuevos liderazgos, explicar sus decisiones y demostrar que vigilar al
poder mejora los servicios públicos, evita abusos y protege derechos. También
debe ser capaz de reconocer los aciertos gubernamentales sin renunciar a una
crítica firme cuando ésta sea necesaria.
Si la
ciudadanía no percibe utilidad en la oposición, ésta debe revisar sus
prácticas. Sin embargo, el remedio no puede ser su desaparición. Una democracia
sin alternativas puede conservar urnas, campañas y discursos, pero deja de
ofrecer una posibilidad real de cambio.
Aprender a convivir con el desacuerdo
La democracia
no elimina el conflicto. Lo organiza mediante reglas para que las diferencias
puedan expresarse sin violencia y para que ningún grupo quede excluido de
manera permanente. Por eso, disentir no es una falta de lealtad y controlar al
gobierno no perjudica a quienes votaron por él. También los protege.
El dato más
inquietante de Latinobarómetro no es necesariamente el relativo a una solución
extrema. Puede ser el que muestra la poca importancia atribuida a la oposición.
Revela una debilidad silenciosa de nuestra cultura política: todavía no
asumimos plenamente que la democracia requiere tanto de gobiernos con capacidad
para decidir como de instituciones capaces de exigirles cuentas.
Votar es
indispensable, pero no suficiente. La calidad democrática también se mide por
la libertad para cuestionar al ganador, la existencia de alternativas y la
posibilidad efectiva de sustituirlo en el futuro.
La mayoría
tiene derecho a gobernar. La oposición tiene derecho a existir, vigilar y
competir. Cuando una sociedad comprende ambas ideas, deja de considerar la
democracia como la derrota permanente de una parte del país y comienza a verla
como lo que realmente debe ser: una forma de convivencia entre iguales, incluso
cuando no están de acuerdo.
Fuente y precisión metodológica
Corporación
Latinobarómetro, Informe Latinobarómetro
2026, publicado el 2 de octubre de 2026. La medición se basó en 19,207
entrevistas presenciales realizadas en 17 países; en México se aplicaron 1,200
entrevistas y el margen de error informado es de aproximadamente 3 por ciento
por país. Los porcentajes describen opiniones declaradas y no prueban conductas
futuras ni relaciones causales.
Consulta:
https://www.latinobarometro.org/news/informe-latinobarometro-2026
