Ensayo III
¿Quién protege los precedentes?
La justicia electoral mexicana frente al cambio de paradigma constitucional
Primera entrega
Los precedentes: el patrimonio invisible de la democracia
"Las democracias cambian mediante elecciones. Las constituciones se reforman. Pero los derechos sólo permanecen cuando sobreviven los precedentes que les dan sentido."
Cuando cambian los jueces… ¿deben cambiar los derechos?
Toda democracia se acostumbra al cambio.
Cambian los gobiernos.
Cambian las legislaturas.
Cambian las mayorías políticas.
Incluso cambian quienes integran los tribunales encargados de interpretar la Constitución.
Ese dinamismo constituye una expresión natural de la vida democrática.
Sin embargo, existe un elemento cuya estabilidad resulta indispensable para preservar el Estado de Derecho: la protección de los derechos fundamentales.
La pregunta parece sencilla, pero encierra una de las discusiones más importantes del constitucionalismo contemporáneo:
¿Qué garantiza que nuestros derechos continúen siendo protegidos cuando quienes interpretan la Constitución dejan su lugar a una nueva generación de jueces?
La respuesta no se encuentra únicamente en el texto constitucional.
Tampoco depende exclusivamente de la preparación, independencia o integridad de quienes integran un tribunal.
Existe una institución silenciosa que hace posible esa continuidad.
El precedente.
Paradójicamente, es uno de los conceptos más importantes del Estado constitucional y, al mismo tiempo, uno de los menos conocidos fuera del ámbito jurídico.
No ocupa titulares.
No protagoniza campañas electorales.
Difícilmente forma parte de la conversación cotidiana.
Y, sin embargo, determina la manera en que millones de personas ejercen diariamente sus derechos.
Porque la democracia no vive solamente de las leyes que aprueba el Congreso.
También vive de la forma en que esas leyes son interpretadas por los tribunales.
La Constitución no habla por sí sola
Con frecuencia se afirma que basta con leer la Constitución para conocer nuestros derechos.
La afirmación resulta tranquilizadora, pero incompleta.
Las constituciones establecen principios.
Reconocen libertades.
Distribuyen competencias.
Limitan el ejercicio del poder.
Sin embargo, ninguna Constitución puede anticipar todos los problemas que surgirán con el paso del tiempo.
Cada generación enfrenta desafíos que el constituyente jamás imaginó.
La inteligencia artificial.
Las redes sociales.
La violencia política contra las mujeres.
Las acciones afirmativas.
La representación política de grupos históricamente excluidos.
La fiscalización de campañas digitales.
Frente a estas nuevas realidades, el texto constitucional necesita ser interpretado.
Y es precisamente ahí donde comienza la función más trascendente de un tribunal constitucional.
Cada sentencia representa un diálogo entre la norma escrita y la realidad cambiante.
Cuando ese diálogo se repite una y otra vez sobre un mismo problema, deja de ser únicamente una resolución judicial.
Se convierte en un criterio.
Después en una línea jurisprudencial.
Finalmente, en un precedente.
Es entonces cuando la Constitución deja de ser únicamente un texto.
Comienza a convertirse en una experiencia viva.
El patrimonio invisible de la democracia
Cuando pensamos en el patrimonio democrático de una nación solemos imaginar elecciones libres, organismos autónomos, tribunales independientes o instituciones sólidas.
Todos ellos forman parte de ese patrimonio.
Pero existe otro mucho menos visible.
Uno que no puede visitarse como un edificio ni fotografiarse como un monumento.
La memoria jurídica construida por los tribunales.
Cada precedente resume años de experiencia institucional.
Cada jurisprudencia representa decenas de conflictos previamente resueltos.
Cada criterio consolidado sintetiza el esfuerzo colectivo por dotar de contenido real a los principios constitucionales.
Ese patrimonio no pertenece a quienes redactaron las sentencias.
Tampoco a quienes integran temporalmente un tribunal.
Pertenece a la ciudadanía.
Porque millones de personas organizan su conducta confiando en que, si mañana enfrentan un problema semejante al que ayer resolvió un tribunal, recibirán una respuesta construida sobre las mismas razones jurídicas.
La seguridad jurídica no consiste únicamente en conocer las leyes.
Consiste, sobre todo, en poder confiar razonablemente en la continuidad de su interpretación.
La igualdad también depende de los precedentes
Toda Constitución proclama que las personas son iguales ante la ley.
Pero esa igualdad perdería buena parte de su significado si casos sustancialmente semejantes pudieran resolverse de manera distinta únicamente porque cambió la integración del tribunal encargado de juzgarlos.
La igualdad exige coherencia.
Exige continuidad.
Exige que los ciudadanos puedan prever razonablemente la manera en que serán protegidos sus derechos.
Por ello, los precedentes cumplen una función que trasciende el ámbito estrictamente judicial.
No sólo orientan a quienes juzgan.
También limitan la arbitrariedad.
Obligan a justificar cuidadosamente cada cambio de criterio.
Fortalecen la confianza en las instituciones.
Y recuerdan que la Constitución pertenece a todos, no únicamente a quienes circunstancialmente tienen la responsabilidad de interpretarla.
Las sociedades evolucionan.
Los problemas cambian.
Las respuestas jurídicas también deben hacerlo.
Pero una democracia madura distingue entre evolución y ruptura.
La primera fortalece la confianza.
La segunda puede debilitarla si no se encuentra sólidamente justificada.
La justicia electoral mexicana frente a una nueva etapa
México atraviesa uno de los procesos de transformación institucional más importantes de las últimas décadas.
La renovación derivada de la reforma judicial abre inevitablemente una nueva etapa para la justicia constitucional y, particularmente, para la justicia electoral.
Toda renovación institucional representa una oportunidad para revisar criterios, corregir excesos y adaptar el derecho a nuevas realidades.
Ninguna jurisprudencia puede permanecer inmóvil frente a una sociedad que cambia.
Pero tampoco puede modificarse sin explicar por qué cambia.
Porque la evolución del derecho fortalece la democracia únicamente cuando preserva aquello que hace posible la convivencia institucional: la certeza.
Y aquí aparece la pregunta que da nombre a este ensayo.
¿Quién protege los precedentes cuando cambian quienes deben interpretarlos?
No preguntamos únicamente quién integrará los tribunales del futuro.
Preguntamos quién garantizará la continuidad de los principios constitucionales que durante más de tres décadas dieron estabilidad a la democracia mexicana.
La tesis de este ensayo
Este trabajo no pretende defender personas ni cuestionar anticipadamente las decisiones de quienes hoy integran los órganos jurisdiccionales.
Reducir un problema institucional a un debate sobre personas sería desconocer la naturaleza misma del constitucionalismo.
Nuestra preocupación es distinta.
Mucho más profunda.
Nos preguntaremos si la democracia mexicana ha construido mecanismos suficientes para garantizar que los principios constitucionales sobrevivan al relevo natural de quienes ejercen la función jurisdiccional.
En otras palabras:
¿Puede existir una verdadera independencia judicial si los precedentes dejan de ser independientes del cambio de los jueces?
Ésa será la pregunta que acompañará todas las entregas de este ensayo.
Porque quizá la mayor fortaleza de una democracia no radique únicamente en la independencia de quienes juzgan.
Sino en la capacidad de sus instituciones para preservar la continuidad del derecho más allá de quienes, temporalmente, tienen la responsabilidad de interpretarlo.
Una idea para recordar
Los precedentes no protegen a los jueces.
Protegen a los ciudadanos frente al cambio de los jueces.
En la próxima entrega
Cuando las sentencias construyen democracia
Durante más de tres décadas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no sólo resolvió controversias entre partidos políticos. Construyó principios constitucionales que transformaron silenciosamente la vida democrática de México. La paridad de género, las acciones afirmativas, la tutela efectiva de los derechos político-electorales y los estándares de libertad de expresión son, en buena medida, resultado de una evolución jurisprudencial constante. Comprender esa historia será indispensable para responder la pregunta que guía esta serie: ¿qué sucede cuando cambian los precedentes que durante años dieron estabilidad a nuestra democracia?
Sobre el autor
Manuel Alberto Cruz Martínez es jurista especializado en derecho electoral y constitucional. A lo largo de más de tres décadas ha participado en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones electorales mexicanas. "Democracia en transformación" es una serie de ensayos dedicada a reflexionar, desde una perspectiva jurídica, histórica e institucional, sobre los desafíos que enfrenta el Estado constitucional en el México del siglo XXI.
