Cuando
aparecen las candidaturas muchas condiciones de la competencia ya fueron
definidas
Mtro. Manuel Alberto Cruz Martínez
En México solemos pensar que una elección
comienza cuando aparecen los primeros anuncios, se registran las candidaturas o
los partidos salen abiertamente a pedir el voto. Jurídicamente, el proceso
tiene una fecha de inicio. Políticamente, sin embargo, la competencia empieza
mucho antes.
Antes de la campaña se aprueban las reglas,
se distribuye el presupuesto, se nombra a quienes aplicarán la ley y se
contratan los sistemas tecnológicos. También se actualiza el padrón, se
modifica la cartografía, se seleccionan proveedores y comienzan a circular
recursos, mensajes y aspiraciones.
Cuando finalmente aparecen las
candidaturas, buena parte de las condiciones de la elección ya está construida.
Por eso, proteger una elección no consiste únicamente en vigilar la jornada.
Significa identificar desde ahora los riesgos que podrían afectar la libertad
del voto, la equidad de la competencia y la autenticidad de los resultados.
De reaccionar a prevenir
La administración electoral mexicana se ha
desarrollado principalmente alrededor de procedimientos y calendarios. Cada
etapa tiene fechas, responsables y documentos específicos. Esa organización es
indispensable, pero puede ser insuficiente frente a los riesgos actuales.
La violencia política, el financiamiento
ilícito, la propaganda anticipada, la manipulación digital y la intervención de
servidores públicos no respetan los calendarios oficiales.
Una red de financiamiento puede formarse
antes de que exista una candidatura registrada. Una empresa puede contratar
publicidad para posicionar a una persona que formalmente todavía no compite. Un
grupo criminal puede impedir que determinadas aspiraciones lleguen siquiera al
registro. Una base de datos puede utilizarse para construir perfiles políticos
meses antes de la campaña.
Esperar a que comience formalmente la
elección puede significar llegar tarde.
IDEA Internacional presentó la fase de
aplicación de su proyecto Protecting Elections. Su propuesta es pasar de
intervenciones aisladas a una gestión permanente de riesgos. Para ello
incorpora capacitación y una herramienta tecnológica destinada a identificar,
valorar y dar seguimiento a amenazas electorales.
La aportación más importante no es el
programa informático en sí mismo. Es el cambio de lógica: la autoridad no debe
limitarse a responder cuando la irregularidad ya ocurrió. Debe reconocer
anticipadamente las condiciones que pueden producirla.
No todo riesgo es una irregularidad
La prevención exige utilizar conceptos
claros. De lo contrario, cualquier sospecha puede convertirse en acusación y
cualquier incidente en una petición de nulidad.
Conviene diferenciar seis momentos: riesgo,
cuando existe una condición que podría afectar la elección; incidente, cuando
sucede un hecho que activa ese riesgo; irregularidad, cuando se acredita una
violación a la norma; daño, cuando la conducta afecta un derecho o principio
electoral; irreparabilidad, cuando el daño ya no puede corregirse
oportunamente; y determinancia, cuando la irregularidad alcanza una magnitud
suficiente para comprometer el resultado o la autenticidad de la elección.
Por ejemplo, la presencia de organizaciones
criminales en un municipio constituye un riesgo. La amenaza contra una
candidatura es un incidente. Si se acredita que la amenaza obligó a una persona
a renunciar, existe una irregularidad con efectos sobre la competencia.
Pero para hablar de determinancia todavía
será necesario establecer su extensión territorial, duración, intensidad,
impacto sobre otras candidaturas y relación con el resultado.
Esta distinción protege dos valores. Evita
minimizar riesgos reales, pero también impide declarar inválida una elección
basándose únicamente en conjeturas.
Los riesgos que comienzan antes de las campañas
Un sistema preventivo debe observar, por lo
menos, siete áreas: las reglas electorales; la integración de las autoridades;
el padrón, la cartografía y la credencialización; el financiamiento político;
la violencia y el control territorial; la información y la tecnología; y la
capacidad institucional para investigar y resolver.
Las reglas electorales
Las reformas aprobadas poco antes del
inicio del proceso pueden producir incertidumbre. No sólo importa respetar el
límite constitucional de los noventa días. También debe valorarse si las
autoridades cuentan con tiempo suficiente para reglamentar, capacitar al
personal y explicar los cambios a la ciudadanía.
Una norma puede ser formalmente oportuna y,
aun así, generar dificultades operativas o interpretaciones contradictorias.
La integración de las autoridades
La imparcialidad electoral comienza con los
nombramientos. Antes de las campañas debe conocerse si los cargos técnicos
están completos, si las personas designadas cuentan con experiencia y si
existen condiciones para disentir sin sufrir represalias.
Los cambios de personal no son
exclusivamente asuntos laborales. Una remoción puede afectar la memoria
institucional, la continuidad de una investigación y la capacidad para ejecutar
una sentencia.
Aquí aparece, como parte de la narrativa,
la situación reciente del INE. Las controversias administrativas, las
acusaciones relacionadas con contrataciones y los cambios en áreas técnicas
deben examinarse por sus posibles efectos sobre la operación electoral. No
porque cualquier conflicto demuestre automáticamente una captura, sino porque
la debilidad administrativa puede trasladarse a la fiscalización, la
investigación y la conservación de pruebas.
El padrón la cartografía y la credencialización
La actualización del Registro Federal de
Electores, el reseccionamiento y la producción de credenciales son actividades
previas, pero repercuten directamente en el ejercicio del voto.
Una modificación de sección puede cambiar
la casilla donde votará una persona. Una inconsistencia en la credencial puede
generar confusión. Una falla de seguridad en las bases de datos puede afectar
información personal de millones de ciudadanos.
Esto no significa que cualquier error
produzca fraude o nulidad. Se necesita documentar su magnitud, distribución
territorial, posibilidad de corrección y efecto real sobre la ciudadanía.
Precisamente por eso se requieren auditorías, trazabilidad de los cambios y
mecanismos accesibles para verificar y corregir información antes de la
jornada.
El financiamiento político
El dinero empieza a circular antes de que
comience la fiscalización ordinaria de las campañas. Puede aparecer mediante
propaganda disfrazada de información, asociaciones civiles, espectaculares,
eventos, encuestas, influencers o estructuras territoriales.
La iniciativa de IDEA Internacional, la
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito e IFES sobre
transparencia del financiamiento político propone conectar autoridades
electorales, organismos anticorrupción, auditorías, fiscalías y unidades de
inteligencia financiera.
Para México, esta cooperación es necesaria,
pero debe tener límites claros. Compartir información financiera no puede
convertirse en una vía para excluir adversarios sin audiencia, filtrar datos
protegidos o utilizar investigaciones con fines políticos. El reto consiste en
seguir el dinero sin sacrificar el debido proceso.
La violencia y el control territorial
La seguridad electoral no comienza con la
protección de candidaturas registradas. Meses antes pueden existir amenazas,
desplazamientos, presiones y filtros informales para decidir quién puede
competir.
En algunas regiones, la violencia no
necesariamente busca alterar el conteo. Su propósito puede ser más temprano:
reducir la oferta política antes de que la ciudadanía tenga oportunidad de
elegir.
Un mapa de riesgos debe observar renuncias
inesperadas, cambios de candidatura, amenazas, cancelación de reuniones,
restricciones territoriales, presiones contra periodistas, intervención
criminal y municipios donde sólo una fuerza puede realizar actividades
públicas.
El silencio también puede ser un dato. La
ausencia de denuncias no siempre significa ausencia de violencia; puede
reflejar miedo o falta de canales seguros.
La información y la tecnología
La desinformación electoral tampoco
comienza durante la campaña. Las narrativas sobre fraude, parcialidad o
ilegalidad pueden construirse con meses de anticipación.
A ello se agregan cuentas coordinadas,
inteligencia artificial, suplantación de identidad, microsegmentación y
utilización indebida de datos personales.
La prevención no debe consistir en censurar
opiniones. Debe concentrarse en detectar operaciones coordinadas, identificar
financiamiento oculto, preservar evidencia y explicar oportunamente las
decisiones institucionales.
La capacidad para investigar y resolver
Una elección necesita autoridades capaces
de reaccionar a tiempo. Si una denuncia tarda meses en investigarse, la
resolución puede llegar cuando la conducta ya produjo todos sus efectos.
La prevención también debe medir las cargas
de trabajo, el personal disponible, el tiempo promedio de investigación, la
capacidad pericial, la preservación de evidencia digital, la coordinación entre
autoridades y el cumplimiento de sentencias.
El INE informó el 5 de noviembre que
resolvió 18 procedimientos de fiscalización; diez fueron fundados y generaron
sanciones por más de 1.17 millones de pesos. Entre las irregularidades
identificadas estuvieron gastos no reportados, aportaciones prohibidas,
informes no veraces e incumplimientos a requerimientos.
El dato demuestra que la fiscalización
funciona en casos concretos, pero no permite saber cuánto gasto permanece sin
detectar ni si las multas eliminan la ventaja obtenida. Fiscalizar no debería
significar solamente sancionar después; también debe impedir que el dinero
irregular produzca efectos irreversibles.
Una responsabilidad compartida
La prevención electoral no corresponde
exclusivamente al INE. Requiere la participación de organismos locales,
tribunales, fiscalías, autoridades de seguridad, unidades financieras, órganos
de protección de datos, plataformas, universidades, medios y organizaciones
ciudadanas.
Aquí resulta útil la idea del ecosistema.
No como eje central, sino como explicación de por qué una sola institución no
puede identificar, investigar y corregir todos los riesgos.
Pero la cooperación también necesita
controles: competencias definidas, protección de información sensible,
criterios públicos, registro de decisiones, derecho de audiencia, posibilidad
de impugnación y responsabilidad por filtraciones o usos políticos.
Una coordinación sin límites puede resultar
tan peligrosa como la falta absoluta de comunicación.
Prevenir sin perseguir
La gestión de riesgos no debe utilizarse
para criminalizar adversarios, vigilar opiniones o impedir candidaturas
mediante sospechas.
Un mapa de riesgos no es una lista de
culpables. Es una herramienta para decidir dónde reforzar capacidades,
conservar información y proteger derechos.
La autoridad debe distinguir entre
prevención y persecución. Puede monitorear patrones públicos, pero no
intervenir comunicaciones privadas sin fundamento legal. Puede requerir
información financiera, pero debe justificar su pertinencia. Puede proteger candidaturas,
pero no utilizar informes de seguridad para favorecer a unas y excluir a otras.
La prevención democrática necesita ser
eficaz y, al mismo tiempo, controlable.
Una elección se puede perder antes de comenzar
Cuando empieza la campaña, algunas ventajas
ya pueden ser difíciles de corregir. Una estructura financiada durante meses,
una candidatura eliminada mediante amenazas o una base de datos utilizada para
segmentar propaganda no desaparecen simplemente porque la autoridad declare
formalmente iniciado el periodo electoral.
La integridad comienza cuando se diseñan
las reglas, se nombran las autoridades, se contratan los sistemas, se actualiza
el padrón y se identifica el origen del dinero.
Por eso, la principal pregunta para 2027 no
debería ser solamente si las casillas estarán instaladas y los votos serán
contados correctamente. También debemos preguntar si llegaremos a la jornada
con una competencia libre, autoridades capaces de investigar, información
verificable y riesgos atendidos antes de convertirse en daños irreparables.
La calidad de una elección no se construye
el día de la votación. Para entonces, muchas de sus condiciones fundamentales
ya fueron decididas.
Fuentes
• International IDEA
Protecting elections from consultations to implementation 30 de octubre de 2026
• International IDEA
Global Initiative on Political Finance Transparency and Integrity
• Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos artículo 41
