¿En qué municipios pueden ganar las mujeres? La prueba de la paridad en Hidalgo

 Manuel Alberto Cruz Martínez

En 2024, Tulancingo eligió por primera vez a una mujer como presidenta municipal. Lorena García ganó en una elección en la que todas las fuerzas políticas debían postular mujeres para ese cargo. En 2027, Tulancingo volverá a las urnas bajo reglas distintas. Sin una lista de municipios reservados para candidatas, los partidos tendrán que decidir dónde postulan mujeres y explicar los criterios que siguieron. La pregunta que merece atención es cuántas de esas candidaturas se registrarán en municipios donde el partido o la alianza tiene posibilidades reales de ganar.

De reservar municipios a distribuir oportunidades

En 2024, Hidalgo reservó 27 municipios para candidaturas de mujeres a las presidencias municipales. Diez eran municipios indígenas. La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral federal confirmó la medida. Ese año, en la elección ordinaria, Hidalgo eligió a 41 presidentas municipales, frente a las 15 de 2020. La diferencia muestra cuánto creció la presencia de mujeres en los gobiernos municipales. Para saber cuánto de ese avance se debió a la reserva, habría que examinar también lo ocurrido en los municipios donde compitieron mujeres y hombres. Sentencia del Tribunal Electoral.

Para 2027, al menos la mitad de las planillas municipales que presente cada fuerza política deberá estar encabezada por mujeres. Las reglas del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo también ordenan distribuir las candidaturas en bloques de votación alta, media y baja, a partir de los resultados de 2024. Pensemos en un partido que postula mujeres en la mitad de los municipios donde compite, pero les asigna casi todas las plazas donde suele quedar lejos del primer lugar. La regla de los bloques busca evitar precisamente esa concentración. Acuerdo IEEH/CG/038/2026, artículo 41.

Qué significa que un municipio sea una plaza fuerte

El IEEH ofrece dos formas de ordenar los municipios. La rentabilidad indica cuánto aporta un municipio al total de votos que recibe un partido en el estado. La competitividad indica qué proporción de los votos obtiene ese partido dentro del municipio. Una ciudad puede aportar muchos votos al total estatal y, al mismo tiempo, ofrecer una contienda más cerrada que un municipio con menos electores.

Tulancingo y Acaxochitlán muestran cómo cambia la lectura. En 2024, Morena y Nueva Alianza Hidalgo ganaron juntos en ambos municipios. En Tulancingo, su candidatura común obtuvo el 41.60 % de los votos emitidos y aventajó al segundo lugar por 19.6 puntos porcentuales. En Acaxochitlán, obtuvo el 65.11 % y ganó por 46.5 puntos. Aun así, Tulancingo ocupó el tercer lugar en rentabilidad para ambos partidos y Acaxochitlán el décimo. En competitividad, Acaxochitlán fue primero para ambos y Tulancingo quedó en el lugar 25. Los bloques de 2027 se formarán con el criterio elegido y con los municipios donde efectivamente se registren planillas. Carpeta complementaria de ayuntamientos del IEEH, pp. 6–11 y 23–26.

Qué cambia cuando los partidos compiten juntos

Una coalición y una candidatura común permiten que varios partidos postulen la misma planilla. En la coalición, cada partido conserva su emblema en la boleta y los votos cuentan a favor de la planilla compartida. En la candidatura común hidalguense, la planilla aparece con un emblema común y la votación se distribuye entre los partidos, para los efectos legales, según lo pactado en el convenio. Esa diferencia ayuda a entender por qué el respaldo que logró una candidatura común dice cuánto consiguieron los partidos juntos y deja abierta la pregunta de cuánto conseguiría cada uno por separado. Ley General de Partidos Políticos, artículo 87 y Código Electoral de Hidalgo, artículo 38 Bis.

Para construir los bloques, los integrantes de una coalición o candidatura común deben elegir el mismo criterio y sumar, municipio por municipio, los porcentajes de cada partido. Si el acuerdo es total, cada partido debe cumplir la paridad en las postulaciones que le correspondan. Si es parcial o flexible, se revisan dos cosas. Primero, que las postulaciones compartidas sean paritarias en conjunto. Después, que cada partido alcance al menos la mitad de planillas encabezadas por mujeres al sumar las que le correspondieron dentro del convenio y las que registró por su cuenta. Si una candidatura común se presenta en menos de 15 municipios, las reglas prevén que se integren en un solo bloque. Acuerdo IEEH/CG/038/2026, artículos 41 y 42.

Qué puede exigir la ciudadanía

A mi juicio, el cambio de reglas merece evaluarse desde el registro de las candidaturas. El IEEH dispuso que los actores políticos hagan públicos sus criterios de postulación. Cuando se conozcan los convenios y las planillas, será posible preguntar qué criterio eligió cada fuerza, quién encabezó las candidaturas compartidas y cuántas de las plazas donde el partido ganó o estuvo cerca de ganar quedaron a cargo de mujeres. El Instituto podrá verificar el cumplimiento de las reglas. La ciudadanía podrá juzgar cómo usaron los partidos el margen de decisión que esas reglas les dejaron. Boletín del IEEH del 15 de octubre de 2026.

Las 41 presidentas electas en 2024 son una referencia para valorar lo que ocurra en 2027. El primer dato llegará antes de la jornada, cuando sepamos cómo se repartieron las oportunidades de competir. El segundo llegará con los resultados, cuando podamos ver cuántas de esas oportunidades se tradujeron en gobiernos municipales. La prueba empieza en el momento en que los partidos deciden a quién confían las presidencias municipales que creen poder ganar.

Estados Unidos votó. ¿Qué cambia para México?

Por: Manuel Alberto Cruz Martínez

4 de noviembre de 2026

El 3 de noviembre, los estadounidenses eligieron quién hará las leyes, quién discutirá el presupuesto y quién podrá llamar a cuentas al gobierno federal. Según las proyecciones de Associated Press y Reuters, los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes y el Senado. Donald Trump sigue en la Casa Blanca. Cuando los nuevos legisladores asuman el 3 de enero, tendrá enfrente a una oposición con mayoría en ambas cámaras. Para México, esa diferencia importa tanto como el resultado de la elección.

Lo que decidió el voto

La derrota republicana alcanzó lugares donde el partido esperaba conservar su fuerza. Texas es el ejemplo más cercano para México. Según AP, los demócratas ganaron la gubernatura y un escaño en el Senado federal. El costo de vida y la preocupación por la corrupción estuvieron entre los asuntos que más pesaron para los votantes, según el sondeo electoral de esa agencia. Sería aventurado leer ese malestar como un mandato para que Washington cambie su política hacia México. Los estadounidenses votaron, ante todo, por lo que estaban viviendo en su propio país.

La consecuencia institucional sí es clara. La oposición podrá abrir investigaciones, citar a funcionarios y disputar las prioridades del presupuesto. Trump, por su parte, conservará la conducción de la política exterior y el poder de veto. Esa convivencia puede producir acuerdos en algunos temas y parálisis en otros. Para medir el alcance de la elección habrá que mirar qué decisiones toma el Congreso cuando tenga que pasar de la campaña al presupuesto y de las promesas a las audiencias públicas.

La primera prueba será comercial

México ya buscaba una reducción de los aranceles estadounidenses al sector automotor, al acero y al aluminio. Pensemos en una autoparte fabricada en México que termina en un vehículo ensamblado en Estados Unidos. Si el arancel encarece esa pieza, la discusión también llega a la planta estadounidense que la utiliza. Ahí tiene México un argumento ante el nuevo Congreso. Puede explicar, distrito por distrito, qué empleos y qué inversiones dependen de que esas cadenas productivas sigan funcionando.

La victoria demócrata tampoco resuelve por sí misma la revisión del T-MEC. Washington ya abrió la consulta para la revisión conjunta de 2027. En las conversaciones siguen pesando el origen de los componentes de los automóviles, la inversión china y el cumplimiento de los compromisos laborales. La señal que realmente importará para una empresa mexicana será conocer qué arancel se reduce, para qué producto y desde cuándo.

En la frontera, el cambio puede tardar más

Para una familia mexicana que teme una deportación, la elección apenas cambia el panorama inmediato. Los operativos siguen bajo responsabilidad de la administración federal. El Congreso entrante podrá investigar abusos e intentar condicionar recursos, pero el efecto se medirá en decisiones de presupuesto y en lo que ocurra con las detenciones y las deportaciones.

En seguridad, cabe esperar que continúe la presión de Washington por resultados contra el fentanilo y los cárteles. La nueva mayoría abre una posibilidad para México. Las audiencias también podrían examinar el tráfico de armas hacia el sur y qué hace cada gobierno para combatirlo. La cooperación se puede evaluar con responsabilidades de ambos lados y con reglas claras sobre lo que cada autoridad puede hacer en territorio del otro país.

Texas muestra por qué conviene distinguir a los interlocutores. Con la nueva gubernatura se podrán tratar asuntos fronterizos de competencia estatal. Con el nuevo senador se podrá discutir cómo repercuten los aranceles y las decisiones presupuestarias federales en las comunidades y empresas texanas. La relación con Estados Unidos pasa por la Casa Blanca, pero también por los estados, el Congreso y las comunidades que viven a diario las consecuencias de esas decisiones.

Para México, la oportunidad consiste en usar esos canales para negociar sobre intereses compartidos. El primer resultado que podría sentirse es comercial. En migración y seguridad, los cambios dependerán más de lo que el Congreso haga con el presupuesto y la supervisión. El voto estadounidense ya cambió quién puede ponerle condiciones a Trump. Lo que México obtenga de ese cambio dependerá de los acuerdos concretos que logre construir.

Fuentes

Associated Press. Resultados de las elecciones intermedias y victorias en Texas

Reuters. Los demócratas ganan el control del Congreso

Archivos Nacionales de Estados Unidos. Inicio del mandato legislativo

Reuters. Negociaciones comerciales y aranceles sectoriales

Representación Comercial de Estados Unidos. Consulta para la revisión del T-MEC de 2027

Presidencia de México. Conferencia del 9 de octubre de 2026

Cuando se debilita un eslabón: el INE dentro del ecosistema de justicia electoral

México ocupa el lugar 125 en Estado de derecho. En ese contexto, una crisis en la autoridad electoral puede repercutir en la investigación, la prueba, las sentencias y la confianza ciudadana.

Mtro. Manuel Alberto Cruz Martínez

Cuando una institución atraviesa una crisis, solemos mirar el conflicto como si ocurriera únicamente dentro de sus oficinas. Nos concentramos en nombres, declaraciones y diferencias personales. Sin embargo, las instituciones democráticas no funcionan como islas. Forman un ecosistema: lo que sucede en una de ellas puede fortalecer o debilitar el trabajo de las demás.

Esta idea resulta especialmente importante para comprender la situación del Instituto Nacional Electoral. Los desacuerdos internos, los cuestionamientos sobre decisiones administrativas, los cambios de personal y los señalamientos públicos sobre posibles presiones requieren explicaciones claras y comprobables. No constituyen, por sí solos, prueba de corrupción o captura política. Pero tampoco deben reducirse a simples diferencias burocráticas, porque pueden afectar la autonomía, la capacidad técnica y la confianza pública del árbitro electoral.

Un país con leyes, pero con dificultades para hacerlas valer

El Rule of Law Index 2026, elaborado por el World Justice Project, asignó a México una puntuación de 0.39 y lo colocó en el lugar 125 de 143 países. En 2025 ocupaba la posición 121, con 0.40 puntos. La pérdida de cuatro lugares no significa que todas las instituciones hayan empeorado en la misma proporción, porque la clasificación también depende de los movimientos de otros países. Sí confirma, en cambio, que México permanece en una zona muy baja de cumplimiento efectivo de la ley.

Los resultados más débiles aparecen en justicia penal, justicia civil, ausencia de corrupción y orden y seguridad. México obtiene un desempeño relativamente mejor en gobierno abierto. La paradoja es evidente: contamos con mecanismos para conocer decisiones, contratos y actuaciones públicas, pero resulta mucho más difícil transformar esa información en una investigación eficaz, una sanción o una reparación.

Dicho en lenguaje ciudadano: podemos llegar a saber qué ocurrió, pero no siempre logramos que alguien responda por ello. Esa distancia entre información y consecuencias es una característica de los ecosistemas institucionales debilitados.

El INE no es un tribunal, pero produce condiciones para la justicia

El INE organiza elecciones, pero su tarea no termina en instalar casillas y contar votos. También fiscaliza ingresos y gastos, investiga quejas, certifica hechos, administra registros, requiere información y conserva documentación. Sus áreas técnicas integran expedientes que después pueden ser revisados por los tribunales electorales.

Por eso, la justicia electoral comienza antes de que una demanda llegue al juzgador. Empieza cuando una irregularidad es detectada, la evidencia se preserva y la investigación se realiza con profesionalismo e imparcialidad. Un tribunal puede revocar una resolución o corregir una interpretación jurídica. Lo que difícilmente puede hacer es reconstruir una prueba que nunca se obtuvo, recuperar información que desapareció o compensar una investigación tardía cuando la afectación ya se volvió irreparable.

Esta relación no significa que el INE y el Tribunal Electoral sean una sola institución. Al contrario, su separación es una garantía: el tribunal revisa la legalidad de las decisiones administrativas. Pero autonomía no significa aislamiento. Ambos forman parte de una cadena en la cual organizar, investigar, probar, resolver y ejecutar son funciones diferentes, aunque interdependientes.

Cómo se transmite una crisis institucional

Si los conflictos internos afectan la estabilidad del personal especializado, la institución puede perder experiencia acumulada. Sustituir un puesto no equivale a recuperar inmediatamente el conocimiento necesario para fiscalizar campañas digitales, revisar operaciones financieras, administrar bases de datos o integrar procedimientos sancionadores.

Si, además, las decisiones técnicas quedan expuestas a presiones políticas, administrativas o presupuestales, puede deteriorarse la independencia real o percibida. No siempre hace falta una orden expresa. También existe subordinación cuando el personal anticipa lo que desean sus superiores y modifica su conducta por temor a represalias o a perder el empleo.

El siguiente efecto aparece en los expedientes. Una investigación incompleta, un requerimiento tardío o una evidencia deficientemente preservada reducen las posibilidades de que el tribunal conozca la verdad jurídica del caso. La sentencia puede ser formalmente correcta y, aun así, resultar materialmente insuficiente porque fue construida sobre información limitada.

Finalmente se afecta la confianza. La ciudadanía no suele separar con precisión las competencias del INE, los organismos locales, las fiscalías y los tribunales. Cuando desconfía de la autoridad que organiza o investiga una elección, esa sospecha puede extenderse a los resultados y a las sentencias que los confirman.

Del conflicto interno al riesgo sistémico

No sería responsable afirmar que los problemas internos del INE ya han subordinado a la justicia electoral. Tampoco puede sostenerse que una declaración pública o una renuncia demuestren por sí mismas corrupción. Para ello se necesitan documentos, auditorías, procedimientos con derecho de defensa y resoluciones sustentadas en pruebas.

La pregunta ciudadana debe ser más precisa: ¿los conflictos están afectando la autonomía, la profesionalización, la investigación, la conservación de pruebas o el cumplimiento de las sentencias? Si la respuesta fuera afirmativa en alguno de estos ámbitos, el problema dejaría de ser una disputa administrativa y adquiriría importancia democrática.

Aquí se conecta el caso con el lugar 125 de México en Estado de derecho. El dato internacional no demuestra la captura del INE, pero revela un entorno donde los contrapesos, la justicia y el cumplimiento de las normas presentan debilidades profundas. En ese contexto, cada deterioro institucional aumenta la presión sobre los demás componentes del sistema.

La ciudadanía también forma parte del ecosistema

La defensa de la integridad electoral no corresponde únicamente a consejeros y magistrados. Los órganos de control deben auditar; los partidos y candidaturas deben aportar pruebas; los medios deben investigar; la academia debe explicar; y la ciudadanía debe observar, denunciar y dar seguimiento.

Pero la vigilancia pública necesita información verificable. Defender al INE no significa justificar cualquier decisión de sus integrantes. Criticarlo tampoco implica debilitarlo. La autonomía auténtica exige dos condiciones simultáneas: protección frente a presiones externas y rendición de cuentas por las decisiones internas.

El Estado de derecho no se rompe en un solo día ni por una sola persona. Se debilita cuando las instituciones dejan de limitarse, complementarse y corregirse mutuamente. Por eso, lo que sucede en el INE no debe observarse únicamente desde sus oficinas. Puede repercutir en la calidad de la investigación, en la fuerza de la prueba, en el alcance de las sentencias y, finalmente, en la confianza ciudadana.

Contar bien los votos sigue siendo indispensable. Sin embargo, una democracia necesita algo más: instituciones capaces de investigar sin presiones, tribunales con elementos suficientes para decidir y autoridades dispuestas a cumplir lo resuelto. La justicia electoral también es un ecosistema. Cuando se debilita uno de sus eslabones, la afectación puede alcanzar a toda la cadena.

Fuentes consultadas

• World Justice Project, perfil de México, Rule of Law Index 2026

• World Justice Project, Understanding the WJP Rule of Law Index: Frequently Asked Questions

• World Justice Project, Rule of Law Index 2026: comunicado global, 21 de octubre de 2026

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 41

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

• International IDEA, Entre la resiliencia y la fragilidad: los ecosistemas de integridad electoral en América Latina, 11 de agosto de 2026

Nueve de diecisiete

 

Paridad horizontal no significa alternancia automática

Por Manuel Alberto Cruz Martínez

El Instituto Nacional Electoral aprobó una regla sencilla de explicar, pero jurídicamente más compleja de aplicar: en las 17 elecciones de gubernatura de 2027, cada partido político nacional deberá postular por lo menos a nueve mujeres.

La decisión es importante. Busca impedir que la participación de las mujeres dependa únicamente de la voluntad de las dirigencias partidistas. Sin embargo, no significa que en cada estado deba registrarse necesariamente una mujer. Tampoco convierte la alternancia entre hombres y mujeres en una obligación automática.

Para entender el alcance de la medida conviene separar tres conceptos que suelen mezclarse: paridad, alternancia y competitividad. Los tres buscan una participación más igualitaria, pero no funcionan de la misma manera ni permiten imponer las mismas restricciones.

Qué aprobó el INE

El acuerdo establece una regla de paridad horizontal. Esto significa que la obligación se revisará sobre el conjunto de las 17 gubernaturas: al menos nueve candidaturas deberán corresponder a mujeres. La obligación no disminuye si un partido decide no participar en alguna entidad.

Además, los partidos deberán informar en qué estados postularán mujeres y en cuáles hombres. También tendrán que explicar los criterios de competitividad utilizados. No bastará, por tanto, con presentar una lista y afirmar que se cumplió matemáticamente.

El INE no decidió anticipadamente el género de la candidatura en cada estado. Dejó a los partidos un margen para elegir dónde postularán a sus candidatas, sujeto a la legislación local, sus documentos internos y la obligación de no enviar a las mujeres únicamente a elecciones con pocas posibilidades de triunfo.

Lo que resolvió la Suprema Corte

El 28 de septiembre de 2026, la Suprema Corte revisó reglas de Durango y San Luis Potosí que obligaban a los partidos a alternar el género de sus candidaturas a la gubernatura entre una elección y la siguiente.

En Durango se resolvieron las acciones de inconstitucionalidad 66/2026 y sus acumuladas 82/2026, 85/2026 y 87/2026. En San Luis Potosí, las acciones 81/2026 y 86/2026. La Corte invalidó las disposiciones que predeterminaban el género de las futuras candidaturas.

La razón central conocida hasta ahora es que una regla rígida de alternancia excluye anticipadamente a todas las personas de un género, restringe su derecho a ser votadas y reduce el espacio de decisión de los partidos. Debe hacerse una precisión: los engroses definitivos todavía no se han publicado. Por ello, el alcance exacto de la argumentación deberá confirmarse cuando estén disponibles las sentencias completas y los votos.

La Corte no declaró inconstitucional la paridad. Tampoco sostuvo que las legislaturas carezcan de facultades para adoptar medidas que favorezcan a las mujeres. Lo que cuestionó fue que la alternancia se utilizara como una fórmula permanente y automática, sin demostrar que la exclusión completa del otro género fuera necesaria y proporcional.

Paridad y alternancia no son lo mismo

La paridad es un principio constitucional. Busca que las mujeres participen y accedan al poder público en condiciones reales de igualdad.

La alternancia es solamente uno de los instrumentos posibles para acercarse a ese resultado. Consiste en cambiar el género de la candidatura de una elección a la siguiente. Puede favorecer una mayor presencia de mujeres, pero también puede cerrar por completo la competencia a todas las personas del otro género.

La diferencia puede explicarse con una imagen sencilla. La paridad fija el destino: una democracia en la que mujeres y hombres tengan oportunidades reales. La alternancia es una de las rutas posibles. Una ruta puede ser útil, pero no por ello se vuelve la única constitucionalmente permitida.

El problema que no resuelve la aritmética

Postular a nueve mujeres no garantiza que las nueve candidaturas sean verdaderamente competitivas. Un partido podría cumplir formalmente asignándoles los estados donde tiene menor presencia y reservar para hombres las entidades donde gobierna o tiene mejores posibilidades de triunfo.

Por eso, la autoridad no debe limitarse a contar candidaturas. Tiene que revisar los resultados anteriores, la fuerza territorial de cada partido, las coaliciones, las encuestas internas, los recursos disponibles y las razones utilizadas para distribuir los géneros.

La paridad sustantiva no consiste únicamente en colocar mujeres en la boleta. Exige que puedan competir en lugares donde exista una posibilidad real de ganar.

La pregunta para Hidalgo

Lo resuelto en Durango y San Luis Potosí no invalida automáticamente la legislación de Hidalgo. Las sentencias se refieren a las normas que fueron impugnadas en aquellos estados.

Sin embargo, el criterio es relevante para analizar la regla hidalguense que prevé alternancia en la candidatura a la gubernatura de 2028. La pregunta ya no puede reducirse a si la alternancia favorece la participación femenina. Debe examinarse si es constitucional excluir anticipadamente a un género completo cuando existen otras medidas para garantizar la paridad.

El nuevo acuerdo del INE vuelve más exigente esa revisión. Si cada partido ya deberá postular al menos nueve mujeres y justificar la competitividad de sus decisiones, una restricción estatal adicional no puede considerarse necesaria por simple afirmación. La autoridad tendría que explicar por qué la regla nacional resulta insuficiente y por qué reservar toda la elección a un género es la medida menos restrictiva.

También deberá estudiarse la historia política de Hidalgo, la ausencia o presencia de mujeres en la gubernatura, el comportamiento de los partidos y la eficacia de medidas alternativas. La desigualdad histórica es un dato constitucionalmente relevante, pero no sustituye el deber de justificar la intensidad de una restricción.

La tesis

La paridad exige resultados reales, pero no autoriza automáticamente que la ley predetermine el género de todas las candidaturas de una entidad.

La regla de nueve mujeres entre 17 gubernaturas es, en principio, compatible con la Constitución porque distribuye la obligación dentro de un conjunto de elecciones y conserva un margen de decisión partidista. La alternancia estatal obligatoria tiene un efecto distinto: excluye anticipadamente a un género de una elección concreta.

El debate no debe plantearse como una elección entre igualdad y derechos individuales. La cuestión es encontrar medidas capaces de corregir la exclusión histórica de las mujeres sin imponer restricciones innecesarias.

La igualdad no se alcanza solamente contando candidaturas. Tampoco se garantiza sustituyendo una exclusión histórica por una exclusión automática. Se construye abriendo oportunidades reales, vigilando la competitividad y obligando a los partidos a explicar, con datos y no sólo con discursos, dónde, cómo y por qué postulan a las mujeres.

Fuentes consultadas

·       Instituto Nacional Electoral, comunicado 473, 29 de octubre de 2026

·       INE, versión estenográfica de la sesión ordinaria del 29 de octubre de 2026

·       SCJN, acción de inconstitucionalidad 187/2023 y acumulada 188/2023, precedente sobre alternancia en Durango

·       SCJN, índice de acciones de inconstitucionalidad y seguimiento de expedientes

INE: la confianza no se restablece con una renuncia

Por Mtro. Manuel Alberto CruzMartínez

La crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral plantea una pregunta que rebasa la renuncia de su presidenta: ¿qué necesita conocer la ciudadanía para volver a confiar en quien organiza las elecciones? El relevo puede resolver una ausencia en la conducción. Recuperar credibilidad exige esclarecer decisiones, identificar responsabilidades y demostrar que los controles funcionan incluso cuando deben revisar a quienes ejercieron el poder dentro de la institución.

La secuencia ya tiene confirmación oficial. Según la versión estenográfica del Consejo General, Guadalupe Taddei presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados el 26 de octubre. Al día siguiente, el Consejo designó por unanimidad a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional. Existe, por tanto, una respuesta institucional para garantizar la continuidad. Esa continuidad es necesaria, aunque insuficiente para responder las dudas sobre la gestión anterior.

El asunto adquirió otra gravedad con las declaraciones de la consejera Rita Bell López Vences. De acuerdo con la información publicada por La Jornada el 27 de octubre, afirmó haber recibido amenazas después de solicitar información sobre contrataciones vinculadas con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas. También reconoció reuniones con el empresario y sostuvo que este se presentó como intermediario de la entonces presidenta. Según su propio relato, Taddei negó haberlo enviado. Estas versiones contrapuestas requieren esclarecimiento y derecho de respuesta.

Conviene precisar el alcance de lo conocido. Un señalamiento público constituye una razón para investigar; su sola formulación no acredita una conducta ilícita. Tampoco permite afirmar, sin documentos adicionales, que existió una instrucción comprobada para aprobar determinada compra. La investigación deberá establecer quién intervino, qué solicitó, mediante qué mecanismos y con cuáles consecuencias.

Pero la cautela jurídica tampoco justifica minimizar el problema. Si una integrante del máximo órgano de dirección afirma que preguntar por contratos le ocasionó intimidación, surge una cuestión institucional: ¿existían condiciones efectivas para supervisar la administración y disentir sin temor? La independencia del árbitro también se construye dentro de sus oficinas, en la libertad para pedir expedientes, formular objeciones y dejar constancia de desacuerdos.

El fundamento constitucional es claro. El artículo 41 establece como principios rectores de la función electoral la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. El artículo 134 exige administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y establece la licitación pública como regla, con excepciones sujetas a justificación legal. El manejo del presupuesto forma parte de la legitimidad de la autoridad electoral.

¿Hasta dónde cala esto en la confianza ciudadana? Sin una medición posterior a los acontecimientos, sería aventurado asignar porcentajes o anunciar un desplome. Sí puede identificarse un riesgo: que las dudas sobre contrataciones se extiendan a la percepción sobre otras decisiones del Instituto. Cuando se cuestiona la independencia de sus integrantes frente a intereses económicos, la ciudadanía puede preguntarse por su independencia frente a intereses políticos.

Esa preocupación es comprensible, pero exige una distinción. Las posibles irregularidades administrativas no demuestran, por sí mismas, manipulación de votos o resultados. Afirmarlo requeriría pruebas específicas. Lo que sí justifican es revisar si los controles que debían impedir influencias indebidas fueron suficientes y si las alertas recibidas tuvieron atención oportuna.

Por ello, preguntar “¿qué pasa con los demás intereses?” debe conducir a una agenda verificable. Corresponde examinar posibles conflictos de interés, concentración de proveedores, intervención de intermediarios, restricciones al acceso a información y eventuales represalias. Cada línea necesita hechos propios. Investigar con amplitud no equivale a extender sospechas indiscriminadamente.

La revisión también debe alcanzar la oportunidad de la vigilancia. ¿Qué información tuvieron las áreas administrativas, las consejerías y los órganos de control? ¿Cuándo la recibieron y qué hicieron con ella? Una coincidencia de votos no prueba complicidad; una fotografía tampoco acredita corrupción. A la vez, el deslinde público posterior no sustituye la explicación documentada de las actuaciones previas.

La autonomía constitucional exige capacidad para investigar sin instrucciones partidistas y para rendir cuentas sin privilegios. Sería igualmente perjudicial utilizar el escándalo para someter al árbitro a intereses externos o invocar su autonomía para impedir el escrutinio. Las responsabilidades deben individualizarse, con pruebas y debido proceso.

La presidencia provisional ha ofrecido fortalecer la conducción colegiada y colaborar con las autoridades competentes. Ese compromiso debe traducirse en expedientes accesibles conforme a la ley, preservación de documentos, protección de quienes aporten información y reportes públicos que permitan conocer avances sin comprometer las investigaciones.

La confianza puede comenzar a recuperarse cuando la ciudadanía compruebe que preguntar no provoca represalias, que los contratos pueden revisarse y que las responsabilidades no dependen de cercanías personales. El relevo abre una oportunidad. Su valor democrático dependerá de que permita conocer lo ocurrido y corregir las condiciones que lo hicieron posible. El INE debe ofrecer esa certeza con hechos.

Contar bien los votos no basta

La campaña como el eslabón más frágil de la democracia

Mtro. Manuel Alberto Cruz Martínez

Durante años aprendimos a juzgar una elección por lo que sucede en las casillas. Observamos si se instalaron a tiempo, si las personas pudieron votar, si las boletas se contaron correctamente y si los resultados coincidieron con las actas. Esos controles siguen siendo indispensables. Sin embargo, hoy resultan insuficientes para saber si una elección fue verdaderamente íntegra.

La razón es sencilla: la voluntad ciudadana no se forma el día de la votación. Se construye durante semanas y, muchas veces, desde meses antes. En ese periodo intervienen el dinero, la información, los medios, las plataformas digitales, los gobiernos, los partidos y también la violencia. Por eso una elección puede contar correctamente cada voto y, aun así, haber llegado a la jornada electoral después de una competencia profundamente desigual.

La campaña bajo presión

International IDEA y el Electoral Integrity Project ofrecen evidencia útil en el informe Review of the 2025 Year of Elections: Inclusivity, Transparency and Trust, publicado el 13 de octubre de 2026. El estudio revisa elecciones nacionales celebradas en 39 países y combina datos comparados, monitoreo electoral, informes institucionales, revisión documental y veinte estudios de caso.

Su hallazgo más inquietante es que las campañas se han convertido en el tramo más vulnerable del proceso electoral. En por lo menos 62 por ciento de las elecciones analizadas se identificaron narrativas falsas o engañosas. También se documentó violencia electoral de género en al menos 22 países. Una revisión más amplia encontró 29 casos de violencia contra mujeres, de los cuales 25 involucraron herramientas o espacios digitales. A ello se suman problemas de financiamiento, uso indebido de recursos, debilidad de la fiscalización y presiones sobre las autoridades electorales.

Estas cifras no prueban que la desinformación haya cambiado el resultado de todas esas elecciones. Tampoco significan que cada mensaje falso tenga la misma gravedad. El informe registra la presencia de los problemas, pero su intensidad, alcance y efecto deben estudiarse en cada caso. Esta precisión es importante para evitar dos extremos: minimizar toda irregularidad porque el cómputo fue correcto, o afirmar que cualquier anomalía basta para invalidar una elección.

Contar bien y competir bien

Contar bien significa que los votos depositados fueron registrados y sumados con exactitud. Competir bien supone algo más: que las candidaturas pudieron presentar sus propuestas, acceder al electorado, obtener recursos dentro de la ley y defenderse oportunamente frente a actos que afectaran su participación.

Imaginemos que una candidatura sufre una campaña masiva de desinformación durante los últimos días. El contenido llega a millones de personas y la autoridad ordena retirarlo cuando la votación ya terminó. El conteo puede ser impecable, pero la corrección llegó demasiado tarde para reparar la formación de la voluntad ciudadana. En este supuesto, la certeza aritmética no responde por sí sola a la pregunta democrática.

Lo mismo ocurre cuando se utiliza dinero que no aparece en los informes, cuando terceros contratan publicidad para beneficiar a una candidatura o cuando una plataforma reduce o aumenta artificialmente la visibilidad de ciertos mensajes. La irregularidad puede encontrarse lejos de la urna, pero la ventaja termina reflejándose en la competencia.

La huella digital de una campaña

La propaganda tradicional dejaba rastros relativamente visibles: espectaculares, bardas, anuncios en radio y televisión, contratos y actos públicos. En internet, una operación puede dirigirse sólo a determinados municipios, edades o perfiles. Dos personas pueden recibir mensajes distintos —incluso contradictorios— sin saber que fueron seleccionadas de manera diferente.

Además, el contenido puede desaparecer en segundos. Por eso una captura de pantalla, aunque resulte útil, no siempre basta. Para reconstruir una operación digital se necesita conocer quién creó y pagó el mensaje, a qué público se dirigió, cuántas personas lo vieron, cuánto tiempo circuló y si existió coordinación entre partidos, gobiernos, empresas, personas influyentes o cuentas que aparentaban ser ciudadanas.

Aquí aparece un desafío central para la justicia electoral: sin datos conservados oportunamente, el derecho a impugnar puede convertirse en una promesa vacía. Cuando llega la sentencia, la publicación quizá ya desapareció, el algoritmo cambió y la ventaja produjo sus efectos. La respuesta institucional debe ser rápida, pero también verificable y respetuosa de la libertad de expresión.

De la irregularidad a la determinancia

No toda infracción determina una elección. Para sostener una consecuencia grave debe construirse una cadena de prueba: identificar la conducta, acreditar su alcance, demostrar la ventaja o afectación y explicar por qué pudo incidir de manera relevante en la competencia o en la libertad del voto.

La diferencia numérica entre el primero y el segundo lugar es un dato importante, pero no es el único. También existe una dimensión cualitativa. Una conducta puede ser democráticamente grave cuando elimina a una candidatura, silencia una región, utiliza recursos públicos de manera sistemática o impide que la ciudadanía reciba información plural. La pregunta no es solamente cuántos votos separaron a los contendientes, sino qué derecho fue afectado, durante cuánto tiempo y con qué posibilidad real de reparación.

La tarea ciudadana rumbo a 2027

Para México, la lección es directa. La observación electoral de 2027 deberá comenzar antes de la instalación de las casillas. Será necesario vigilar actos anticipados, promoción personalizada de servidores públicos, uso electoral de programas sociales, publicidad digital pagada por terceros, operaciones coordinadas, violencia contra candidaturas y posibles diferencias de trato por parte de las plataformas.

La ciudadanía no sustituye al INE, a los organismos locales ni a los tribunales. Sin embargo, puede ayudar a conservar la memoria de la campaña. Documentar una irregularidad significa registrar la fecha, la cuenta emisora, el enlace, el contenido completo, los indicios de pago, el alcance visible y el contexto. La participación democrática no termina al depositar una boleta. También consiste en observar cómo se construyen las condiciones para elegir.

El debate de fondo no busca sembrar desconfianza en las elecciones. Busca protegerlas con una mirada más completa. Una democracia necesita urnas seguras y cómputos exactos, pero también campañas donde el dinero, la violencia, los recursos públicos y los algoritmos no sustituyan la decisión libre de la ciudadanía.

La integridad electoral comienza mucho antes de la primera casilla. Si la competencia llega deformada al día de la votación, contar bien los votos seguirá siendo indispensable, pero ya no será suficiente.

Fuentes consultadas

International IDEA y Electoral Integrity Project. Review of the 2025 Year of Elections: Inclusivity, Transparency and Trust. 13 de octubre de 2026. Consulta directa

International IDEA. 2025 Elections review launch: Inclusion, transparency and trust. 20 de octubre de 2026. Consulta directa

Los tribunales no se defienden solos

 La independencia judicial necesita oposición, ciudadanía e instituciones capaces de limitar al poder

Mtro. Manuel Alberto Cruz Martínez

Cuando pensamos en la defensa de la Constitución, imaginamos a jueces independientes que, mediante una sentencia, detienen los abusos del poder. La imagen es correcta, pero incompleta. Un tribunal puede invalidar una decisión, pero no controla por sí mismo su presupuesto, la designación de sus integrantes ni la ejecución política de todas sus resoluciones.

Por eso, los tribunales no se defienden solos. Su independencia depende también de la existencia de una oposición responsable, organizaciones ciudadanas activas, medios capaces de investigar y una sociedad dispuesta a aceptar los límites al poder, incluso cuando la sentencia contradice sus preferencias.

Esta conclusión encuentra respaldo en la investigación de Andrew O’Donohue publicada en octubre de 2026 por el Journal of Democracy. El autor examinó 25 intentos de regresión democrática y analizó con mayor detalle los casos de Brasil, Israel y Polonia. Su hallazgo principal es claro: los tribunales resistieron mejor cuando contaron con aliados fuera del ámbito judicial.

La independencia también se construye desde fuera

Esos aliados pueden ser partidos de oposición con presencia legislativa, organizaciones civiles, universidades, colegios de abogados, medios de comunicación, organismos internacionales y ciudadanos dispuestos a movilizarse. Cada uno cumple una función distinta.

La oposición puede detener reformas dirigidas a controlar a los tribunales y exigir explicaciones al gobierno. La sociedad civil puede documentar presiones. Los medios pueden investigar interferencias. La ciudadanía puede recordar que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para cualquiera que necesite protección frente a una autoridad más poderosa.

La relación funciona en ambos sentidos. Cuando la ciudadanía y las instituciones respaldan la independencia judicial, los jueces cuentan con mejores condiciones para emitir resoluciones difíciles. Cuando los tribunales protegen derechos y frenan abusos, conservan el espacio en el cual la sociedad puede organizarse, informar y exigir cuentas. No es una defensa corporativa. Es un sistema de protección mutua.

La oposición como contrapeso necesario

Uno de los resultados más relevantes del estudio es que la independencia judicial fue más resistente cuando la oposición conservó fuerza suficiente dentro del poder legislativo. Esa presencia permitió bloquear destituciones, recortes o reformas destinadas a reducir las facultades de los tribunales.

Esto no significa que cualquier partido opositor sea democrático ni que toda crítica al gobierno proteja a la Constitución. Existen oposiciones irresponsables, divididas o incapaces de ofrecer alternativas. Sin embargo, sus errores no eliminan la función que deben cumplir.

Una oposición democrática vigila, pregunta, propone y exige explicaciones. No tiene que rechazar todo, pero tampoco puede limitarse a acompañar las decisiones de la mayoría. Su presencia obliga al poder a justificar sus actos y permite que quienes no votaron por el gobierno también tengan representación.

Este punto resulta especialmente importante a la luz de Latinobarómetro 2026. En México, 78 por ciento de las personas entrevistadas considera indispensables las elecciones, pero sólo 38 por ciento reconoce como necesaria la existencia de una oposición. La distancia revela una comprensión incompleta de la democracia: valoramos el momento de elegir, pero no necesariamente a quienes deben vigilar al ganador.

Defender al juez que nos contradice

La independencia judicial se pone a prueba cuando un tribunal emite una sentencia que no nos gusta. Es sencillo defender a los jueces cuando sus decisiones coinciden con nuestras preferencias. La verdadera convicción democrática aparece cuando aceptamos que también pueden limitar al gobierno, partido o proyecto con el cual simpatizamos.

Los tribunales no están para favorecer sistemáticamente a la oposición ni para sustituir las decisiones políticas. Su responsabilidad consiste en verificar que el poder actúe dentro de la Constitución y respete los derechos.

Independencia tampoco significa ausencia de rendición de cuentas. Los jueces necesitan transparencia, evaluación y procedimientos disciplinarios. La diferencia está en la finalidad: esos mecanismos deben mejorar la justicia, no castigar a quien resuelve contra los intereses del gobierno.

Reformar al Poder Judicial puede ser legítimo y necesario. Controlarlo políticamente es otra cosa.

La captura rara vez ocurre de un solo golpe

La experiencia comparada muestra que el debilitamiento judicial suele avanzar paso a paso. Se desacredita a los jueces, se reducen recursos, se modifican las designaciones o se incumplen sentencias. Finalmente, cualquier límite judicial puede presentarse como una conspiración contra la mayoría.

Cada medida puede parecer justificable si se examina de manera aislada. El peligro aparece cuando todas producen el mismo resultado: reducir la capacidad del tribunal para revisar los actos del poder.

Ante ese proceso, una sentencia difícilmente basta. Si el Congreso renuncia a ejercer controles, la oposición carece de fuerza, los medios no investigan y la sociedad permanece indiferente, el tribunal puede conservar su nombre y su edificio mientras pierde gradualmente su independencia.

La lección para México

México atraviesa una transformación profunda de su sistema judicial. La discusión no debería agotarse en decidir si los jueces deben ser electos o designados mediante determinado procedimiento. También debemos preguntar si podrán resolver sin temor a perder el cargo, si existirán mecanismos imparciales de disciplina, si se respetarán sus sentencias y si habrá instituciones capaces de impedir represalias.

Estas preguntas no interesan únicamente a los abogados. Una persona necesita tribunales independientes cuando enfrenta una detención arbitraria, un despido injustificado, una expropiación, una negativa de atención médica o un abuso administrativo. La independencia judicial se vuelve concreta cuando alguien necesita que la ley lo proteja frente a una autoridad.

La ciudadanía tampoco sustituye a las instituciones. Una protesta no reemplaza una sentencia ni una organización civil ocupa el lugar del Congreso. Su función es crear condiciones para que cada institución cumpla con su responsabilidad sin quedar aislada.

Una responsabilidad compartida

Los tribunales deben ganarse la confianza mediante resoluciones claras, consistentes y comprensibles. La oposición debe defender reglas y derechos, no solamente posiciones partidistas. Los medios deben explicar cómo los cambios judiciales afectan la vida diaria. Las universidades y los colegios profesionales deben producir evidencia, no consignas. La ciudadanía debe comprender que limitar al poder no equivale a impedir que gobierne.

La principal lección de la investigación es que la democracia funciona como una red. Cuando uno de sus componentes es atacado, los demás deben sostenerlo. Si cada institución permanece aislada, todas se vuelven más vulnerables.

Los tribunales no se defienden solos porque la Constitución tampoco se protege por sí misma. Necesita jueces independientes, oposición responsable y ciudadanía activa. Cuando alguno de esos elementos desaparece, el poder deja de encontrar límites. Y cuando el poder ya no encuentra límites, cualquier persona puede quedar sin defensa.

Fuentes de referencia

Andrew O’Donohue, How Courts Survive Democratic Backsliding, Journal of Democracy, volumen 37, número 4, octubre de 2026, pp. 165-181. https://www.journalofdemocracy.org/articles/how-courts-survive-democratic-backsliding/

Corporación Latinobarómetro, Informe Latinobarómetro 2026, publicado el 2 de octubre de 2026. https://www.latinobarometro.org/news/informe-latinobarometro-2026