La representación política de las personas adultas mayores y los grupos de atención prioritaria en el contexto de la reducción de regidurías en Hidalgo: propuesta de un Sistema de Representación Competitiva Compensatoria

 Resumen

La evolución del derecho electoral mexicano ha transitado de un modelo centrado exclusivamente en la igualdad formal hacia otro orientado a la igualdad sustantiva mediante acciones afirmativas. En el Estado de Hidalgo, la discusión sobre la reforma al Código Electoral incorpora nuevas obligaciones para garantizar la representación política de personas indígenas, con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes y adultas mayores. Sin embargo, la reducción constitucional del número de integrantes de los ayuntamientos genera un problema de diseño institucional: mientras aumentan las acciones afirmativas, disminuyen los espacios de representación.

El presente trabajo analiza esta tensión desde una perspectiva constitucional, convencional y comparada, proponiendo un modelo denominado Sistema de Representación Competitiva Compensatoria, basado en la concurrencia de acciones afirmativas, la compensación estatal y la verificación objetiva de los requisitos de elegibilidad.

Palabras clave: acciones afirmativas, adultos mayores, representación política, igualdad sustantiva, paridad, grupos de atención prioritaria, Hidalgo.

I. Introducción

Las democracias contemporáneas enfrentan el desafío de ampliar la representación política de sectores históricamente excluidos sin comprometer la eficacia institucional de los órganos de gobierno.

En México, la consolidación del principio de paridad de género abrió paso al reconocimiento progresivo de otros grupos de atención prioritaria, entre ellos pueblos indígenas, personas con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual, personas migrantes y, recientemente, personas adultas mayores.

En Hidalgo, la propuesta de reforma electoral incorpora expresamente estos grupos, al tiempo que la reforma constitucional reduce el número máximo de regidurías. Esta doble transformación obliga a replantear el modelo tradicional de acciones afirmativas, pues mantener cuotas independientes para cada grupo podría generar conflictos normativos, simulación de postulaciones y problemas de integración de los ayuntamientos.

II. Marco constitucional y convencional

La protección reforzada de los grupos en situación de vulnerabilidad encuentra sustento en:

• Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Artículos 35 y 41 constitucionales.

• Artículo 115 constitucional.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Este marco impone al Estado la obligación no sólo de reconocer derechos político-electorales, sino de remover los obstáculos que impiden su ejercicio efectivo.

III. Las acciones afirmativas en la evolución del derecho electoral mexicano

Durante las últimas dos décadas, las acciones afirmativas han evolucionado desde mecanismos temporales dirigidos exclusivamente a garantizar la participación política de las mujeres hacia instrumentos permanentes de inclusión democrática.

Actualmente los tribunales electorales han reconocido la necesidad de proteger la representación de:

• pueblos indígenas;

• personas con discapacidad;

• personas de la diversidad sexual;

• personas migrantes;

• personas jóvenes; y

• personas adultas mayores.

En Hidalgo, las propuestas técnicas de reforma buscan incorporar expresamente estos grupos dentro del Código Electoral.

IV. El problema estructural: más acciones afirmativas con menos espacios de representación

La reducción del número de regidurías modifica profundamente la lógica de integración de los ayuntamientos.

Si el legislador establece una cuota independiente para cada grupo vulnerable, el sistema puede presentar diversas dificultades:

• sobre representación normativa;

• conflictos entre acciones afirmativas;

• exclusión de candidaturas abiertas;

• incentivos para autoadscripciones fraudulentas;

• pérdida de gobernabilidad municipal.

En consecuencia, el modelo tradicional de cuotas independientes resulta insuficiente para responder a la nueva configuración institucional.

V. Las personas adultas mayores como grupo de atención prioritaria

El envejecimiento demográfico constituye uno de los fenómenos sociales más importantes del siglo XXI.

La experiencia comparada demuestra que las personas adultas mayores continúan enfrentando barreras para acceder a cargos públicos, a pesar de representar un porcentaje creciente del electorado.

En Hidalgo, la incorporación de este grupo responde además al cumplimiento de criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Estado, lo que fortalece la necesidad de diseñar mecanismos permanentes de inclusión.

No obstante, limitar su participación exclusivamente a determinadas regidurías reduciría el alcance de la acción afirmativa. Resulta jurídicamente más adecuado permitir su acceso a presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y diputaciones, tanto por mayoría relativa como por representación proporcional.

VI. Propuesta: Sistema de Representación Competitiva Compensatoria

Se propone sustituir el esquema de cuotas independientes por un sistema basado en cuatro principios:

1. Concurrencia de acciones afirmativas, permitiendo que una misma candidatura cumpla simultáneamente diversos supuestos de protección.

2. Compensación estatal, verificando el cumplimiento de acciones afirmativas sobre el conjunto de postulaciones de cada partido político y no municipio por municipio.

3. Distribución territorial diferenciada, considerando las características demográficas de cada región.

4. Verificación objetiva, mediante mecanismos claros para acreditar la pertenencia a cada grupo de atención prioritaria.

Este modelo permite ampliar la inclusión sin incrementar artificialmente el número de cargos públicos.

VII. Ventajas del modelo propuesto

El Sistema de Representación Competitiva Compensatoria presenta diversas ventajas:

• fortalece la igualdad sustantiva;

• reduce conflictos entre acciones afirmativas;

• evita simulaciones;

• facilita la integración de ayuntamientos;

• incrementa la seguridad jurídica;

• armoniza la paridad con los derechos de otros grupos históricamente discriminados;

• mejora la gobernabilidad municipal.

VIII. Reflexiones finales

Las reformas electorales del futuro deberán abandonar la lógica de acumulación de cuotas para evolucionar hacia sistemas integrales de representación.

La verdadera inclusión democrática no depende exclusivamente del número de espacios reservados, sino de la capacidad institucional para garantizar que los distintos sectores sociales participen efectivamente en la toma de decisiones públicas.

La propuesta de un Sistema de Representación Competitiva Compensatoria ofrece una alternativa viable para armonizar la reducción de regidurías con el fortalecimiento de las acciones afirmativas, preservando simultáneamente los principios de igualdad sustantiva, proporcionalidad, certeza y gobernabilidad.

Bibliografía básica

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Constitución Política del Estado de Hidalgo.

• Código Electoral del Estado de Hidalgo.

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

• Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, expedientes TEEH-JDC-042/2024 y TEEH-RAP-006/2024.

• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia sobre acciones afirmativas, paridad e igualdad sustantiva.

La nulidad electoral por intervención extranjera: entre el mandato constitucional y la insuficiencia institucional. Un análisis crítico de la iniciativa de reforma al Código Electoral del Estado de Hidalgo

 Manuel Alberto Cruz Martínez

Resumen

La reciente iniciativa presentada ante el Congreso del Estado de Hidalgo para incorporar la intervención extranjera como causal de nulidad electoral responde a una obligación de armonización derivada de la reforma constitucional federal. Sin embargo, la eficacia de una norma no depende únicamente de su legitimidad constitucional, sino también de la capacidad institucional para hacerla cumplir. El presente trabajo sostiene que, en ausencia de mecanismos técnicos, presupuestales y metodológicos para detectar, investigar y acreditar la injerencia extranjera en procesos electorales, la reforma corre el riesgo de convertirse en una disposición meramente declarativa. Se propone una aproximación basada en evidencia, inteligencia electoral y auditoría digital que permita transformar una cláusula constitucional en un instrumento jurídico realmente operativo.

Palabras clave: nulidad electoral, intervención extranjera, soberanía, redes sociales, inteligencia artificial, Hidalgo, derecho electoral.

---

I. Introducción

Las democracias contemporáneas enfrentan una amenaza distinta a las formas tradicionales de fraude electoral. La manipulación de la opinión pública mediante plataformas digitales, inteligencia artificial, campañas coordinadas de desinformación y financiamiento transnacional ha modificado profundamente la manera en que pueden influirse los procesos electorales.

En este contexto, la incorporación de la intervención extranjera como causal de nulidad electoral constituye una respuesta constitucional legítima para proteger la soberanía nacional y la autenticidad del sufragio.

No obstante, surge una interrogante central:

¿Puede una autoridad electoral acreditar objetivamente la intervención extranjera cuando carece de herramientas técnicas, presupuestales y jurídicas para detectarla?

En el caso de Hidalgo, esta pregunta adquiere especial relevancia debido al contexto de racionalización del gasto público y a las limitaciones operativas de los organismos electorales.

---

II. La armonización constitucional es necesaria, pero insuficiente

Desde la perspectiva constitucional, la reforma resulta jurídicamente procedente.

Las entidades federativas tienen el deber de armonizar su legislación con la Constitución Federal.

Sin embargo, armonizar no significa únicamente reproducir el texto constitucional.

Implica crear un procedimiento que haga efectiva la norma.

Una causal de nulidad exige:

• investigación;

• prueba;

• valoración;

• determinancia.

Si alguno de estos elementos falla, la causal pierde eficacia.

---

III. El mayor problema: la prueba

La iniciativa señala que la intervención extranjera deberá acreditarse de manera objetiva y material.

El problema consiste en determinar quién podrá hacerlo.

Actualmente los organismos electorales locales no cuentan con:

• laboratorios de inteligencia digital;

• monitoreo permanente de redes sociales;

• análisis de bots;

• herramientas OSINT;

• auditoría algorítmica;

• acceso a información de Meta, Google, TikTok o X;

• sistemas de trazabilidad de publicidad política internacional.

En consecuencia, la autoridad tendría enormes dificultades para demostrar que una campaña fue impulsada desde el extranjero.

---

IV. La contradicción presupuestaria

La reforma plantea mayores responsabilidades para las autoridades electorales.

Sin embargo, durante los últimos años los organismos electorales han experimentado restricciones presupuestales.

Detectar operaciones internacionales requiere:

• especialistas en ciberseguridad;

• ingenieros en datos;

• peritos informáticos;

• cooperación internacional;

• infraestructura tecnológica.

Resulta contradictorio ampliar las facultades de investigación mientras disminuye la capacidad institucional para ejercerlas.

---

V. La determinancia: el verdadero reto jurídico

La jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que la nulidad de una elección exige demostrar no sólo la existencia de una irregularidad, sino también su carácter determinante.

En materia digital esto plantea un problema metodológico.

¿Cómo demostrar que una campaña extranjera modificó realmente el sentido del voto?

No basta acreditar la existencia de publicaciones, anuncios o cuentas automatizadas.

Debe demostrarse:

• alcance;

• intensidad;

• penetración;

• capacidad persuasiva;

• incidencia real sobre el resultado electoral.

Actualmente México carece de una metodología oficial para medir estos elementos.

---

VI. Redes sociales e inteligencia artificial

El verdadero desafío ya no consiste únicamente en identificar actores extranjeros.

La inteligencia artificial permite generar contenidos prácticamente imposibles de distinguir del material auténtico.

Además, una campaña puede utilizar:

• servidores ubicados en terceros países;

• redes privadas virtuales (VPN);

• empresas intermediarias;

• influencers extranjeros;

• publicidad segmentada;

• automatización mediante bots.

Sin protocolos especializados resulta extremadamente complejo identificar el origen real de estas operaciones.

---

VII. Riesgos de una causal abierta

Una regulación imprecisa puede provocar:

• litigios excesivos;

• judicialización permanente;

• incertidumbre electoral;

• utilización política de la causal;

• afectación al principio de certeza.

Por ello la legislación debe establecer parámetros objetivos y verificables.

---

VIII. Una propuesta alternativa para Hidalgo

La armonización legislativa debería complementarse con la creación de un Sistema Estatal de Integridad Electoral Digital, integrado por:

• Observatorio de Desinformación Electoral.

• Laboratorio Estatal de Inteligencia Artificial Electoral.

• Unidad de Auditoría Algorítmica.

• Convenios con plataformas digitales.

• Protocolos de cadena de custodia digital.

• Indicadores científicos de impacto electoral.

• Coordinación con INE, UIF, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y autoridades de telecomunicaciones.

Sólo bajo estas condiciones la causal de nulidad podría aplicarse de manera objetiva y compatible con los principios de legalidad y seguridad jurídica.

---

IX. Conclusiones

La iniciativa del Congreso del Estado de Hidalgo constituye un paso importante hacia la armonización constitucional y refleja la preocupación legítima por proteger la soberanía nacional frente a influencias externas.

Sin embargo, una reforma de esta naturaleza no puede limitarse a incorporar una nueva causal de nulidad sin dotar a las autoridades de las capacidades institucionales necesarias para hacerla efectiva.

El derecho electoral contemporáneo enfrenta un nuevo paradigma: las amenazas ya no provienen únicamente de la manipulación tradicional del voto, sino de fenómenos digitales complejos, transnacionales y altamente sofisticados. En ese contexto, legislar sin fortalecer las capacidades de investigación puede generar una expectativa normativa que difícilmente se traducirá en resultados prácticos.

La verdadera fortaleza de la democracia no radica únicamente en crear nuevas prohibiciones, sino en garantizar que las instituciones cuenten con los recursos científicos, tecnológicos y humanos suficientes para investigar, probar y sancionar las conductas que pretenden erradicarse.

La protección de la soberanía electoral exige, por tanto, no sólo reformas legales, sino una política pública integral de inteligencia electoral, cooperación tecnológica y fortalecimiento institucional.

Bibliografía básica

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Constitución Política del Estado de Hidalgo.

• Código Electoral del Estado de Hidalgo.

• LGIPE.

• Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Comisión de Venecia. Code of Good Practice in Electoral Matters.

• IDEA Internacional. Electoral Integrity Reports.

• V-Dem Institute. Democracy Report (ediciones recientes).

• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia sobre nulidad y determinancia.

• Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opiniones Consultivas y jurisprudencia sobre democracia y derechos políticos.

Teoría de la Alternancia Territorial Progresiva (TATP)

Una propuesta para consolidar la paridad sustantiva en los cargos unipersonales de elección popular

I. El problema que la teoría pretende resolver

La democracia paritaria mexicana ha logrado avances importantes al garantizar la paridad en las postulaciones. Sin embargo, persiste un problema: las normas regulan quién puede ser postulado en una elección determinada, pero no siempre aseguran que, con el paso del tiempo, mujeres y hombres accedan de manera equilibrada a los cargos ejecutivos de mayor poder.

Esto es especialmente visible en:

gubernaturas;

presidencias municipales;

y, eventualmente, otros cargos unipersonales.

Además, existe un vacío cuando un partido cambia de coalición o decide competir solo. Si la obligación de alternancia se entendiera como propia de la coalición, bastaría modificar las alianzas para eludirla.

La teoría busca impedir esa consecuencia.

II. Postulado fundamental

La alternancia no constituye una obligación electoral temporal.

Es un principio constitucional permanente que acompaña al partido político durante toda su participación democrática.

En consecuencia:

La obligación de alternar no desaparece porque cambie la forma de participación electoral.

III. Los cuatro pilares de la teoría

Primer principio

Continuidad constitucional

Las obligaciones constitucionales sobreviven a las coaliciones.

La coalición es un mecanismo de participación.

El sujeto constitucional sigue siendo el partido.

Por ello:

Morena continúa siendo Morena.

PAN continúa siendo PAN.

PRI continúa siendo PRI.

Aunque cambien sus aliados.

Segundo principio

Territorialidad

La alternancia debe analizarse respecto del territorio específico.

No basta revisar el Estado en general.

Debe observarse:

municipio por municipio

o

cargo por cargo.

Ejemplo:

Pachuca.

Si un partido ha postulado hombres durante tres procesos consecutivos:

la obligación constitucional comienza a fortalecerse.

No porque exista una prohibición expresa.

Sino porque la igualdad sustantiva exige corregir una desigualdad estructural.

Tercer principio

Progresividad

La alternancia no puede retroceder.

Toda interpretación debe ampliar los derechos políticos de las mujeres.

Nunca reducirlos.

Este principio deriva directamente del artículo 1° constitucional.

Cuarto principio

Eficacia constitucional

Las acciones afirmativas deben producir resultados.

No basta cumplir formalmente.

Debe evitarse cualquier mecanismo de simulación.

IV. La diferencia entre igualdad formal y alternancia territorial

La igualdad formal pregunta:

¿Hubo mujeres postuladas?

La alternancia territorial pregunta:

¿Las mujeres han gobernado efectivamente ese territorio?

Es una diferencia enorme.

V. La unidad de análisis

La teoría propone abandonar la idea de revisar únicamente el proceso electoral.

La verdadera unidad de análisis debe ser:

Partido político + territorio + cargo + tiempo.

Es decir:

No basta observar quién fue candidato.

Debe observarse:

quién ha gobernado.

VI. Aplicación a las presidencias municipales

Ejemplo.

Municipio A.

Proceso 2020.

Partido X.

Hombre.

Proceso 2024.

Partido X.

Hombre.

Proceso 2027.

El partido pretende nuevamente registrar hombre.

La teoría sostiene que aquí aparece un indicio de desigualdad estructural.

La autoridad electoral debería exigir una justificación constitucional reforzada.

VII. Coaliciones

Supuesto.

 

Morena-PT-Nueva Alianza.

Postulan hombre.

 

Morena compite solo.

PT cambia de coalición.

Nueva Alianza va sola.

La teoría sostiene:

Los tres continúan obligados.

Porque la obligación pertenece al partido.

No a la coalición.

VIII. Candidaturas comunes

El mismo criterio.

La candidatura común tampoco extingue obligaciones constitucionales.

IX. La presunción de continuidad

La teoría incorpora una figura novedosa.

Presunción constitucional de continuidad

Toda obligación derivada de la igualdad sustantiva permanece vigente mientras:

el partido exista;

el territorio permanezca;

y el cargo sea equivalente.

La carga de demostrar lo contrario corresponde al partido político.

X. Índice de Alternancia Territorial (IAT)

La teoría puede incorporar un indicador objetivo.

Cada municipio tendría un índice.

Variables:

número de procesos consecutivos con hombres;

número de mujeres postuladas;

número de mujeres electas;

competitividad;

alternancia efectiva;

participación mediante coaliciones.

Ese índice permitiría identificar municipios con rezagos históricos.

XI. Propuesta normativa

Agregar al Código Electoral un artículo como el siguiente:

Artículo X. Para efectos de garantizar la paridad sustantiva y la alternancia de género en los cargos unipersonales de elección popular, la obligación de alternancia corresponderá a cada partido político con independencia de que participe mediante coalición, candidatura común o individualmente. La autoridad electoral verificará dicha obligación considerando el historial de postulaciones y de acceso efectivo de mujeres y hombres en cada territorio y cargo correspondiente.

XII. La aportación doctrinal

La Teoría de la Alternancia Territorial Progresiva propone sustituir una visión estática de la paridad por una visión dinámica. No basta con verificar si en una elección determinada existe equilibrio en las candidaturas; es necesario analizar la trayectoria histórica de cada partido en cada territorio y evaluar si las mujeres han accedido efectivamente a los cargos ejecutivos.

Con ello, la alternancia deja de ser una regla formal de postulación y se convierte en un instrumento para hacer realidad la igualdad sustantiva.

La alternancia de género también debe aplicarse a las presidencias municipales? El vacío jurídico que Hidalgo deberá resolver

 La democracia constitucional mexicana ha evolucionado de manera extraordinaria durante las últimas tres décadas. Primero se exigió la participación política de las mujeres mediante cuotas de género; posteriormente se consolidó el principio de paridad en las candidaturas y, más recientemente, la reforma constitucional de 2019 elevó la paridad en todo al rango de principio constitucional. En Hidalgo, la reforma de 2022 dio un paso adicional al incorporar la alternancia de género para la elección de la gubernatura.

Sin embargo, conforme se acerca el proceso electoral de 2027 para renovar los ayuntamientos y el de 2028 para la gubernatura, comienza a advertirse un problema jurídico que hasta ahora ha pasado prácticamente inadvertido: ¿la lógica constitucional de la alternancia debe limitarse al Poder Ejecutivo estatal o también debe proyectarse hacia las presidencias municipales?

La pregunta parece sencilla, pero sus implicaciones son profundas.

Actualmente, el Código Electoral del Estado de Hidalgo garantiza la integración paritaria de las planillas municipales mediante reglas de postulación, acciones afirmativas y criterios de paridad horizontal y vertical. No obstante, ninguna disposición establece que un partido político que ha postulado de manera reiterada hombres para la presidencia municipal esté obligado, en la elección siguiente, a registrar una mujer.

En términos estrictamente legales, un partido podría cumplir con la integración paritaria de la planilla y, al mismo tiempo, mantener de forma permanente a hombres encabezando las candidaturas en determinados municipios. El resultado sería una igualdad formal en la integración de los cabildos, pero no necesariamente una igualdad sustantiva en el acceso al principal cargo del gobierno municipal.

Desde una perspectiva constitucional, esa situación merece una reflexión.

La reforma denominada "Paridad en Todo" no tuvo como propósito únicamente equilibrar porcentajes de candidaturas. Su finalidad consistió en remover obstáculos históricos que habían impedido a las mujeres acceder a los espacios donde realmente se ejerce el poder público. Si ese principio justificó constitucionalmente la alternancia en la gubernatura, resulta razonable preguntarse si también debería orientar la interpretación de las reglas aplicables a las presidencias municipales.

La discusión adquiere mayor complejidad cuando intervienen las coaliciones electorales.

Supongamos que un partido político postuló un hombre para la presidencia municipal en la elección anterior. En el siguiente proceso decide participar en una coalición distinta o incluso competir de manera individual. ¿Desaparece entonces cualquier obligación relacionada con la alternancia? Si la respuesta fuera afirmativa, bastaría modificar las alianzas políticas para evitar la aplicación efectiva de una acción afirmativa. La consecuencia sería convertir un principio constitucional en una regla fácilmente eludible mediante acuerdos entre partidos.

Precisamente por ello comienza a cobrar fuerza una interpretación distinta: la obligación constitucional debe entenderse como propia de cada partido político y no de la coalición que circunstancialmente integra. Las coaliciones son instrumentos de competencia electoral; los partidos, en cambio, son los sujetos constitucionalmente responsables de garantizar la igualdad sustantiva en el acceso a los cargos de elección popular.

Llevado al ámbito municipal, este criterio implicaría que cada partido deba revisar históricamente la forma en que ha postulado candidaturas en cada municipio. Si durante varios procesos consecutivos ha encabezado con hombres una determinada presidencia municipal, la alternancia podría convertirse en una exigencia derivada directamente de los principios constitucionales de igualdad, progresividad y no regresividad.

Naturalmente, esta interpretación plantea desafíos importantes. También deben protegerse la libertad de autoorganización de los partidos, la competitividad electoral y el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes. De ahí que cualquier solución requiera un cuidadoso ejercicio de ponderación constitucional.

Lo que parece claro es que el vacío normativo existe. El Código Electoral de Hidalgo no regula expresamente los efectos de la alternancia cuando cambian las coaliciones, cuando los partidos compiten individualmente o cuando se trata de elecciones municipales. Esa ausencia de reglas podría traducirse en conflictos jurídicos relevantes durante los registros de candidaturas del proceso 2027-2028.

Por ello, quizá el momento oportuno para discutir estas cuestiones no sea durante una controversia jurisdiccional, sino antes del inicio del proceso electoral. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, el Congreso del Estado, los partidos políticos y la comunidad académica tienen la oportunidad de construir criterios que otorguen certeza jurídica y, al mismo tiempo, fortalezcan el contenido material de la democracia paritaria.

La pregunta ya no es únicamente si la alternancia debe aplicarse a la gubernatura. La verdadera cuestión es si la igualdad sustantiva exige extender esa lógica a todos los cargos ejecutivos de elección popular, incluidas las presidencias municipales.

La respuesta definirá no sólo el alcance de una reforma constitucional, sino también el rumbo que seguirá la democracia paritaria en Hidalgo durante los próximos años.

 

El precedente Jalisco 2026 y sus posibles efectos sobre Hidalgo

 

La reciente resolución de la Sala Superior del TEPJF sobre, precedente que surge SUP-REC-172/2026 y acumulados, resuelto el pasado 23 de junio del presente año, abre una discusión central: la paridad sustantiva es obligatoria, pero no toda medida afirmativa puede ser creada libremente por una autoridad administrativa electoral.

En Jalisco, el IEPC aprobó lineamientos para el proceso 2026-2027 con reglas de paridad e inclusión; entre ellas, una medida para reservar candidaturas de mujeres en municipios donde históricamente no habían gobernado mujeres. El propio IEPC justificó esos lineamientos como parte del cumplimiento de la paridad vertical, horizontal y transversal. �

IEPC Jalisco

Sin embargo, la Sala Superior revocó la reserva de ocho municipios exclusivos para mujeres. De acuerdo con las crónicas disponibles, la mayoría consideró que esa medida correspondía al Poder Legislativo y no podía imponerse con ese alcance por vía reglamentaria administrativa. �

Grupo Milenio

La diferencia con Hidalgo es sustancial. En Jalisco, la medida provenía de lineamientos del OPLE. En Hidalgo, la alternancia para la gubernatura de 2028 deriva de una reforma constitucional local. Por ello, el precedente no anula ni debilita automáticamente la regla hidalguense; al contrario, permite distinguir entre una acción afirmativa administrativa y una regla de rango constitucional.

El criterio relevante sería este: cuando la paridad se traduce en una restricción directa al derecho de postulación o al derecho a ser votado, debe contar con fundamento expreso, finalidad constitucional legítima, proporcionalidad y certeza previa. En Jalisco, la Sala Superior objetó el origen y alcance reglamentario de la medida; en Hidalgo, el debate se desplazaría hacia la validez constitucional de la alternancia, su razonabilidad y su compatibilidad con la paridad sustantiva.

Para la gubernatura de Hidalgo en 2028, el precedente sirve para sostener que la alternancia de género tiene mayor solidez si está prevista en la Constitución local. Pero también obliga a cuidar que su aplicación no se convierta en una exclusión automática e irrazonable, especialmente si se pretende extender el criterio a coaliciones, candidaturas comunes o partidos en lo individual.

En materia municipal, el precedente Jalisco es todavía más importante. Si en Hidalgo se quisiera reservar municipios exclusivamente para mujeres mediante lineamientos del IEEH, la autoridad tendría que justificarlo con especial rigor. Lo más seguro jurídicamente sería que una regla de ese tipo estuviera prevista en la ley o en la Constitución local, no sólo en acuerdos administrativos.

En conclusión, el caso Jalisco no es un precedente contra la paridad. Es un precedente contra la creación administrativa excesiva de reglas restrictivas sin base legislativa suficiente. Para Hidalgo, la lección es clara: la paridad sustantiva debe defenderse, pero con técnica constitucional, proporcionalidad y certeza normativa.

La alternancia de género pertenece a los partidos o a las coaliciones? Un debate que Hidalgo no puede posponer

En los próximos meses, el Estado de Hidalgo enfrentará uno de los debates constitucionales más relevantes desde la incorporación del principio de paridad de género: ¿a quién obliga realmente la alternancia en la postulación de candidaturas?, ¿a las coaliciones electorales o a cada partido político que las integra?

La pregunta no es menor. De su respuesta dependerá quiénes podrán competir por la gubernatura en 2028 y, eventualmente, quiénes podrán encabezar las candidaturas a las presidencias municipales en 2027.

La reforma constitucional de 2022 dio un paso histórico al establecer la alternancia de género para la titularidad del Poder Ejecutivo estatal. Su finalidad fue clara: transformar la igualdad formal en una igualdad sustantiva, garantizando que las mujeres accedan efectivamente a los espacios de mayor poder político. Sin embargo, la reforma dejó sin respuesta una interrogante decisiva: ¿qué ocurre cuando los partidos que postularon a un hombre lo hicieron mediante una coalición y, en la siguiente elección, deciden competir por separado o integrar una alianza distinta?

Una primera interpretación sostiene que la obligación corresponde a la coalición que registró la candidatura. Conforme a esa lógica, si la coalición desaparece, también desaparecería la obligación de alternar. Pero esta solución plantea un problema evidente: bastaría modificar las alianzas electorales para eludir una acción afirmativa prevista por la Constitución. Un derecho diseñado para corregir una desigualdad histórica quedaría sujeto a la estrategia política del momento.

Existe, sin embargo, una interpretación distinta y, a mi juicio, más consistente con el orden constitucional mexicano. La alternancia no debe entenderse como una carga de las coaliciones, sino como una obligación permanente de cada partido político. Las coaliciones son instrumentos de competencia electoral; los partidos, en cambio, son sujetos constitucionales con derechos y deberes propios. Cambiar de aliado no debería significar cambiar de obligaciones.

Este razonamiento adquiere aún mayor relevancia si se traslada al ámbito municipal. Si un partido postuló reiteradamente hombres para la presidencia de un determinado ayuntamiento, ¿puede evitar la alternancia simplemente integrándose a una nueva coalición? Si la respuesta fuera afirmativa, el principio constitucional perdería eficacia y la igualdad sustantiva quedaría reducida a una declaración simbólica.

El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la libertad de asociación de los partidos y la efectividad de los derechos políticos de las mujeres. La interpretación constitucional no puede permitir que las coaliciones se conviertan en un mecanismo para neutralizar acciones afirmativas diseñadas precisamente para corregir desigualdades estructurales.

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, y eventualmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, probablemente tendrán que pronunciarse sobre este tema antes del inicio de los próximos procesos electorales. Esperar a que el conflicto llegue a la etapa de registro de candidaturas significaría trasladar una discusión constitucional al momento de mayor tensión política.

Más allá de los nombres o de las fuerzas políticas involucradas, el debate es institucional. La pregunta de fondo no es quién debe ser candidato o candidata, sino si la alternancia de género será un verdadero instrumento para consolidar la democracia paritaria o si podrá ser sorteada mediante la simple reconfiguración de alianzas electorales.

Hidalgo tiene la oportunidad de convertirse en un referente nacional al construir un criterio que armonice la Constitución local con el principio de igualdad sustantiva previsto en la Constitución Federal y en los tratados internacionales. La calidad de nuestra democracia dependerá, en buena medida, de que la respuesta privilegie la eficacia de los derechos y no la conveniencia de las estrategias partidistas.

COLOMBIA 2026, MÉXICO Y LA NUEVA NULIDAD POR INTERVENCIÓN EXTRANJERA: REFLEXIONES SOBRE DETERMINANCIA, SOBERANÍA ELECTORAL Y DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL EN AMÉRICA LATINA

 

Resumen

La elección presidencial colombiana de 2026 ha reabierto uno de los debates más relevantes para las democracias contemporáneas: la relación entre la existencia de irregularidades electorales y la validez de los resultados. Las denuncias sobre posibles inconsistencias en el escrutinio, la impugnación de miles de mesas de votación y las narrativas de fraude surgidas en un contexto de alta polarización política muestran que la legitimidad electoral no depende únicamente de la celebración de elecciones periódicas, sino también de la confianza pública en las instituciones encargadas de organizarlas y calificarlas.

Este fenómeno resulta particularmente relevante para México a partir de las recientes reformas constitucionales que incorporan la intervención extranjera como causal de nulidad electoral. El presente trabajo analiza si la mera acreditación de una intervención externa puede justificar la invalidez de una elección o si, conforme a los estándares del constitucionalismo democrático contemporáneo, debe exigirse además la demostración de su impacto real y determinante sobre el resultado electoral.

Palabras clave: nulidad electoral, determinancia, intervención extranjera, soberanía, democracia constitucional, Colombia 2026, México.

I. Introducción

La historia electoral latinoamericana demuestra que la denuncia de fraude suele aparecer con mayor intensidad en procesos caracterizados por márgenes reducidos de diferencia entre los contendientes.

México en 2006, Perú en 2021, Brasil en 2022 y Colombia en 2026 constituyen ejemplos paradigmáticos de esta realidad. En todos estos casos la disputa política se trasladó desde las urnas hacia los órganos jurisdiccionales y los espacios de opinión pública.

La elección colombiana de 2026 resulta especialmente relevante porque plantea una interrogante fundamental para el derecho electoral contemporáneo: ¿hasta qué punto las irregularidades acreditadas son suficientes para invalidar una elección democrática?

La respuesta desarrollada por la jurisprudencia electoral comparada ha sido consistente: no basta demostrar la existencia de irregularidades; es indispensable acreditar que éstas fueron determinantes para el resultado final.

II. El principio de determinancia como garantía de estabilidad democrática

La doctrina electoral contemporánea reconoce que ninguna elección es perfecta.

Los procesos electorales involucran millones de actos administrativos, miles de funcionarios y múltiples etapas susceptibles de errores materiales o incluso conductas ilícitas aisladas.

Por ello, los tribunales constitucionales han desarrollado el principio de determinancia.

De acuerdo con este principio, una elección sólo puede ser anulada cuando:

a) exista una irregularidad acreditada;

b) dicha irregularidad posea relevancia jurídica;

c) exista una relación causal entre la irregularidad y el resultado electoral;

d) pueda demostrarse que el resultado habría sido distinto sin dicha irregularidad.

En México este criterio ha sido reiteradamente sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La lógica subyacente es preservar simultáneamente dos bienes constitucionales:

·        la autenticidad de las elecciones; y

·        la estabilidad institucional derivada de la voluntad popular expresada en las urnas.

Sin el requisito de determinancia cualquier irregularidad, por mínima que fuera, podría convertirse en causa de nulidad, generando incertidumbre permanente y debilitando la gobernabilidad democrática.

III. Colombia 2026 y la construcción política de las narrativas de fraude

La experiencia colombiana de 2026 evidencia un fenómeno recurrente en las democracias contemporáneas: la construcción de narrativas de fraude antes de la conclusión de los procedimientos oficiales de escrutinio.

Lo relevante desde una perspectiva jurídica no es la existencia de denuncias, sino la capacidad institucional para procesarlas mediante mecanismos objetivos de revisión.

En este sentido, la elección colombiana puede convertirse en un laboratorio regional para analizar cómo las autoridades electorales enfrentan cuestionamientos masivos en contextos de extrema polarización.

La principal enseñanza es que la legitimidad electoral no se construye únicamente mediante la obtención de votos, sino mediante la existencia de procedimientos verificables que permitan distinguir entre irregularidades reales y percepciones políticas de ilegitimidad.

IV. La intervención extranjera como nueva causal de nulidad electoral en México

Las recientes reformas constitucionales mexicanas incorporaron la posibilidad de considerar la intervención extranjera como una causal susceptible de afectar la validez de una elección.

La reforma responde a preocupaciones legítimas derivadas de fenómenos globales como:

·        campañas de desinformación;

·        financiamiento transnacional ilícito;

·        operaciones digitales coordinadas;

·        injerencias gubernamentales externas;

·        utilización de plataformas tecnológicas para influir en procesos electorales.

Sin embargo, desde una perspectiva constitucional surge una interrogante fundamental:

¿la sola acreditación de una intervención extranjera basta para anular una elección?

La respuesta compatible con el constitucionalismo democrático debería ser negativa.

V. El riesgo de una nulidad objetiva sin determinancia

Si la intervención extranjera se interpretara como una causal automática de nulidad, podrían generarse consecuencias incompatibles con los principios democráticos.

En primer lugar, se abriría la puerta a la judicialización permanente de los procesos electorales.

En segundo lugar, se incentivaría la fabricación estratégica de narrativas de intervención externa.

En tercer lugar, se produciría una contradicción con la propia evolución jurisprudencial mexicana en materia de nulidades.

La experiencia comparada demuestra que la intervención extranjera puede existir sin alterar necesariamente el sentido del voto ciudadano.

Por ello, la acreditación de la conducta debe complementarse con la demostración de su impacto efectivo sobre el resultado electoral.

VI. La perspectiva interamericana

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los derechos políticos constituyen elementos esenciales de la democracia representativa.

Sin embargo, también ha establecido que las restricciones a dichos derechos deben superar estándares estrictos de proporcionalidad y necesidad.

Desde esta óptica, la anulación de una elección constituye una de las medidas más gravosas que puede adoptar un Estado democrático.

En consecuencia, cualquier decisión de nulidad debe sustentarse en pruebas robustas, verificables y suficientes para demostrar que la voluntad popular fue efectivamente alterada.

La mera sospecha o posibilidad abstracta de influencia extranjera no parece satisfacer estos estándares.

VII. Hacia una teoría constitucional de la determinancia digital

La principal aportación de la experiencia colombiana y de las recientes reformas mexicanas consiste en evidenciar la necesidad de construir una nueva teoría de la determinancia electoral para el siglo XXI.

Las influencias externas ya no se manifiestan exclusivamente mediante financiamiento ilegal o propaganda tradicional.

Actualmente operan mediante algoritmos, redes sociales, inteligencia artificial, campañas coordinadas de desinformación y actores transnacionales con capacidad de intervenir simultáneamente en múltiples procesos electorales.

El desafío jurídico consiste en diseñar metodologías que permitan medir objetivamente:

·        alcance;

·        intensidad;

·        penetración;

·        capacidad persuasiva;

·        impacto electoral efectivo.

Sin estos elementos, la causal de nulidad corre el riesgo de transformarse en una categoría política antes que jurídica.

VIII. Conclusiones

La elección colombiana de 2026 representa una oportunidad para reflexionar sobre los límites de las nulidades electorales en las democracias contemporáneas.

La principal lección para México es que la defensa de la soberanía electoral no puede construirse sacrificando la certeza jurídica.

La intervención extranjera constituye una amenaza real para los sistemas democráticos; sin embargo, su sola existencia no debería generar automáticamente la invalidez de una elección.

La legitimidad constitucional exige mantener vigente el principio de determinancia.

En consecuencia, la nulidad electoral sólo debería proceder cuando se acredite plenamente:

1.     la existencia de la intervención extranjera;

2.     su incidencia concreta en el proceso electoral;

3.     su capacidad para modificar el resultado de la elección.

De lo contrario, el remedio podría resultar más dañino para la democracia que la propia irregularidad que pretende corregir.

Bibliografía

·        Ackerman, Bruce. The Future of Liberal Revolution. Yale University Press.

·        Dahl, Robert. Polyarchy: Participation and Opposition. Yale University Press.

·        Ferrajoli, Luigi. Poderes Salvajes. Trotta.

·        Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador. Derecho Constitucional Mexicano y Comparado. Porrúa.

·        Nohlen, Dieter. Derecho Electoral. Fondo de Cultura Económica.

·        Orozco Henríquez, José de Jesús. Justicia Electoral Comparada. TEPJF.

·        Sartori, Giovanni. Teoría de la Democracia. Alianza Editorial.

·        Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Yatama vs. Nicaragua.

·        Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-28/21.

·        Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia sobre determinancia y nulidad de elecciones.

·        IDEA Internacional. Global State of Democracy Report.

·        V-Dem Institute. Democracy Report 2026.