viernes, 30 de octubre de 2026

Nueve de diecisiete

 

Paridad horizontal no significa alternancia automática

Por Manuel Alberto Cruz Martínez

El Instituto Nacional Electoral aprobó una regla sencilla de explicar, pero jurídicamente más compleja de aplicar: en las 17 elecciones de gubernatura de 2027, cada partido político nacional deberá postular por lo menos a nueve mujeres.

La decisión es importante. Busca impedir que la participación de las mujeres dependa únicamente de la voluntad de las dirigencias partidistas. Sin embargo, no significa que en cada estado deba registrarse necesariamente una mujer. Tampoco convierte la alternancia entre hombres y mujeres en una obligación automática.

Para entender el alcance de la medida conviene separar tres conceptos que suelen mezclarse: paridad, alternancia y competitividad. Los tres buscan una participación más igualitaria, pero no funcionan de la misma manera ni permiten imponer las mismas restricciones.

Qué aprobó el INE

El acuerdo establece una regla de paridad horizontal. Esto significa que la obligación se revisará sobre el conjunto de las 17 gubernaturas: al menos nueve candidaturas deberán corresponder a mujeres. La obligación no disminuye si un partido decide no participar en alguna entidad.

Además, los partidos deberán informar en qué estados postularán mujeres y en cuáles hombres. También tendrán que explicar los criterios de competitividad utilizados. No bastará, por tanto, con presentar una lista y afirmar que se cumplió matemáticamente.

El INE no decidió anticipadamente el género de la candidatura en cada estado. Dejó a los partidos un margen para elegir dónde postularán a sus candidatas, sujeto a la legislación local, sus documentos internos y la obligación de no enviar a las mujeres únicamente a elecciones con pocas posibilidades de triunfo.

Lo que resolvió la Suprema Corte

El 28 de septiembre de 2026, la Suprema Corte revisó reglas de Durango y San Luis Potosí que obligaban a los partidos a alternar el género de sus candidaturas a la gubernatura entre una elección y la siguiente.

En Durango se resolvieron las acciones de inconstitucionalidad 66/2026 y sus acumuladas 82/2026, 85/2026 y 87/2026. En San Luis Potosí, las acciones 81/2026 y 86/2026. La Corte invalidó las disposiciones que predeterminaban el género de las futuras candidaturas.

La razón central conocida hasta ahora es que una regla rígida de alternancia excluye anticipadamente a todas las personas de un género, restringe su derecho a ser votadas y reduce el espacio de decisión de los partidos. Debe hacerse una precisión: los engroses definitivos todavía no se han publicado. Por ello, el alcance exacto de la argumentación deberá confirmarse cuando estén disponibles las sentencias completas y los votos.

La Corte no declaró inconstitucional la paridad. Tampoco sostuvo que las legislaturas carezcan de facultades para adoptar medidas que favorezcan a las mujeres. Lo que cuestionó fue que la alternancia se utilizara como una fórmula permanente y automática, sin demostrar que la exclusión completa del otro género fuera necesaria y proporcional.

Paridad y alternancia no son lo mismo

La paridad es un principio constitucional. Busca que las mujeres participen y accedan al poder público en condiciones reales de igualdad.

La alternancia es solamente uno de los instrumentos posibles para acercarse a ese resultado. Consiste en cambiar el género de la candidatura de una elección a la siguiente. Puede favorecer una mayor presencia de mujeres, pero también puede cerrar por completo la competencia a todas las personas del otro género.

La diferencia puede explicarse con una imagen sencilla. La paridad fija el destino: una democracia en la que mujeres y hombres tengan oportunidades reales. La alternancia es una de las rutas posibles. Una ruta puede ser útil, pero no por ello se vuelve la única constitucionalmente permitida.

El problema que no resuelve la aritmética

Postular a nueve mujeres no garantiza que las nueve candidaturas sean verdaderamente competitivas. Un partido podría cumplir formalmente asignándoles los estados donde tiene menor presencia y reservar para hombres las entidades donde gobierna o tiene mejores posibilidades de triunfo.

Por eso, la autoridad no debe limitarse a contar candidaturas. Tiene que revisar los resultados anteriores, la fuerza territorial de cada partido, las coaliciones, las encuestas internas, los recursos disponibles y las razones utilizadas para distribuir los géneros.

La paridad sustantiva no consiste únicamente en colocar mujeres en la boleta. Exige que puedan competir en lugares donde exista una posibilidad real de ganar.

La pregunta para Hidalgo

Lo resuelto en Durango y San Luis Potosí no invalida automáticamente la legislación de Hidalgo. Las sentencias se refieren a las normas que fueron impugnadas en aquellos estados.

Sin embargo, el criterio es relevante para analizar la regla hidalguense que prevé alternancia en la candidatura a la gubernatura de 2028. La pregunta ya no puede reducirse a si la alternancia favorece la participación femenina. Debe examinarse si es constitucional excluir anticipadamente a un género completo cuando existen otras medidas para garantizar la paridad.

El nuevo acuerdo del INE vuelve más exigente esa revisión. Si cada partido ya deberá postular al menos nueve mujeres y justificar la competitividad de sus decisiones, una restricción estatal adicional no puede considerarse necesaria por simple afirmación. La autoridad tendría que explicar por qué la regla nacional resulta insuficiente y por qué reservar toda la elección a un género es la medida menos restrictiva.

También deberá estudiarse la historia política de Hidalgo, la ausencia o presencia de mujeres en la gubernatura, el comportamiento de los partidos y la eficacia de medidas alternativas. La desigualdad histórica es un dato constitucionalmente relevante, pero no sustituye el deber de justificar la intensidad de una restricción.

La tesis

La paridad exige resultados reales, pero no autoriza automáticamente que la ley predetermine el género de todas las candidaturas de una entidad.

La regla de nueve mujeres entre 17 gubernaturas es, en principio, compatible con la Constitución porque distribuye la obligación dentro de un conjunto de elecciones y conserva un margen de decisión partidista. La alternancia estatal obligatoria tiene un efecto distinto: excluye anticipadamente a un género de una elección concreta.

El debate no debe plantearse como una elección entre igualdad y derechos individuales. La cuestión es encontrar medidas capaces de corregir la exclusión histórica de las mujeres sin imponer restricciones innecesarias.

La igualdad no se alcanza solamente contando candidaturas. Tampoco se garantiza sustituyendo una exclusión histórica por una exclusión automática. Se construye abriendo oportunidades reales, vigilando la competitividad y obligando a los partidos a explicar, con datos y no sólo con discursos, dónde, cómo y por qué postulan a las mujeres.

Fuentes consultadas

·       Instituto Nacional Electoral, comunicado 473, 29 de octubre de 2026

·       INE, versión estenográfica de la sesión ordinaria del 29 de octubre de 2026

·       SCJN, acción de inconstitucionalidad 187/2023 y acumulada 188/2023, precedente sobre alternancia en Durango

·       SCJN, índice de acciones de inconstitucionalidad y seguimiento de expedientes

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