Paridad horizontal no significa alternancia automática
Por Manuel Alberto Cruz Martínez
El Instituto Nacional Electoral aprobó una
regla sencilla de explicar, pero jurídicamente más compleja de aplicar: en las
17 elecciones de gubernatura de 2027, cada partido político nacional deberá
postular por lo menos a nueve mujeres.
La decisión es importante. Busca impedir
que la participación de las mujeres dependa únicamente de la voluntad de las
dirigencias partidistas. Sin embargo, no significa que en cada estado deba
registrarse necesariamente una mujer. Tampoco convierte la alternancia entre
hombres y mujeres en una obligación automática.
Para entender el alcance de la medida
conviene separar tres conceptos que suelen mezclarse: paridad, alternancia y
competitividad. Los tres buscan una participación más igualitaria, pero no
funcionan de la misma manera ni permiten imponer las mismas restricciones.
Qué aprobó el INE
El acuerdo establece una regla de paridad
horizontal. Esto significa que la obligación se revisará sobre el conjunto de
las 17 gubernaturas: al menos nueve candidaturas deberán corresponder a
mujeres. La obligación no disminuye si un partido decide no participar en
alguna entidad.
Además, los partidos deberán informar en
qué estados postularán mujeres y en cuáles hombres. También tendrán que
explicar los criterios de competitividad utilizados. No bastará, por tanto, con
presentar una lista y afirmar que se cumplió matemáticamente.
El INE no decidió anticipadamente el género
de la candidatura en cada estado. Dejó a los partidos un margen para elegir
dónde postularán a sus candidatas, sujeto a la legislación local, sus
documentos internos y la obligación de no enviar a las mujeres únicamente a
elecciones con pocas posibilidades de triunfo.
Lo que resolvió la Suprema Corte
El 28 de septiembre de 2026, la Suprema
Corte revisó reglas de Durango y San Luis Potosí que obligaban a los partidos a
alternar el género de sus candidaturas a la gubernatura entre una elección y la
siguiente.
En Durango se resolvieron las acciones de
inconstitucionalidad 66/2026 y sus acumuladas 82/2026, 85/2026 y 87/2026. En
San Luis Potosí, las acciones 81/2026 y 86/2026. La Corte invalidó las
disposiciones que predeterminaban el género de las futuras candidaturas.
La razón central conocida hasta ahora es
que una regla rígida de alternancia excluye anticipadamente a todas las
personas de un género, restringe su derecho a ser votadas y reduce el espacio
de decisión de los partidos. Debe hacerse una precisión: los engroses
definitivos todavía no se han publicado. Por ello, el alcance exacto de la
argumentación deberá confirmarse cuando estén disponibles las sentencias
completas y los votos.
La Corte no declaró inconstitucional la
paridad. Tampoco sostuvo que las legislaturas carezcan de facultades para
adoptar medidas que favorezcan a las mujeres. Lo que cuestionó fue que la
alternancia se utilizara como una fórmula permanente y automática, sin
demostrar que la exclusión completa del otro género fuera necesaria y
proporcional.
Paridad y alternancia no son lo mismo
La paridad es un principio constitucional.
Busca que las mujeres participen y accedan al poder público en condiciones
reales de igualdad.
La alternancia es solamente uno de los
instrumentos posibles para acercarse a ese resultado. Consiste en cambiar el
género de la candidatura de una elección a la siguiente. Puede favorecer una
mayor presencia de mujeres, pero también puede cerrar por completo la
competencia a todas las personas del otro género.
La diferencia puede explicarse con una
imagen sencilla. La paridad fija el destino: una democracia en la que mujeres y
hombres tengan oportunidades reales. La alternancia es una de las rutas
posibles. Una ruta puede ser útil, pero no por ello se vuelve la única
constitucionalmente permitida.
El problema que no resuelve la aritmética
Postular a nueve mujeres no garantiza que
las nueve candidaturas sean verdaderamente competitivas. Un partido podría
cumplir formalmente asignándoles los estados donde tiene menor presencia y
reservar para hombres las entidades donde gobierna o tiene mejores
posibilidades de triunfo.
Por eso, la autoridad no debe limitarse a
contar candidaturas. Tiene que revisar los resultados anteriores, la fuerza
territorial de cada partido, las coaliciones, las encuestas internas, los
recursos disponibles y las razones utilizadas para distribuir los géneros.
La paridad sustantiva no consiste
únicamente en colocar mujeres en la boleta. Exige que puedan competir en
lugares donde exista una posibilidad real de ganar.
La pregunta para Hidalgo
Lo resuelto en Durango y San Luis Potosí no
invalida automáticamente la legislación de Hidalgo. Las sentencias se refieren
a las normas que fueron impugnadas en aquellos estados.
Sin embargo, el criterio es relevante para
analizar la regla hidalguense que prevé alternancia en la candidatura a la
gubernatura de 2028. La pregunta ya no puede reducirse a si la alternancia
favorece la participación femenina. Debe examinarse si es constitucional
excluir anticipadamente a un género completo cuando existen otras medidas para
garantizar la paridad.
El nuevo acuerdo del INE vuelve más
exigente esa revisión. Si cada partido ya deberá postular al menos nueve
mujeres y justificar la competitividad de sus decisiones, una restricción
estatal adicional no puede considerarse necesaria por simple afirmación. La
autoridad tendría que explicar por qué la regla nacional resulta insuficiente y
por qué reservar toda la elección a un género es la medida menos restrictiva.
También deberá estudiarse la historia
política de Hidalgo, la ausencia o presencia de mujeres en la gubernatura, el
comportamiento de los partidos y la eficacia de medidas alternativas. La
desigualdad histórica es un dato constitucionalmente relevante, pero no
sustituye el deber de justificar la intensidad de una restricción.
La tesis
La paridad exige resultados reales, pero no
autoriza automáticamente que la ley predetermine el género de todas las
candidaturas de una entidad.
La regla de nueve mujeres entre 17
gubernaturas es, en principio, compatible con la Constitución porque distribuye
la obligación dentro de un conjunto de elecciones y conserva un margen de
decisión partidista. La alternancia estatal obligatoria tiene un efecto
distinto: excluye anticipadamente a un género de una elección concreta.
El debate no debe plantearse como una
elección entre igualdad y derechos individuales. La cuestión es encontrar
medidas capaces de corregir la exclusión histórica de las mujeres sin imponer
restricciones innecesarias.
La igualdad no se alcanza solamente
contando candidaturas. Tampoco se garantiza sustituyendo una exclusión
histórica por una exclusión automática. Se construye abriendo oportunidades
reales, vigilando la competitividad y obligando a los partidos a explicar, con
datos y no sólo con discursos, dónde, cómo y por qué postulan a las mujeres.
Fuentes consultadas
·
Instituto Nacional Electoral, comunicado 473, 29 de
octubre de 2026
·
INE, versión estenográfica de la sesión ordinaria del 29
de octubre de 2026
·
SCJN, índice de acciones de inconstitucionalidad y
seguimiento de expedientes
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