Una opinión ciudadana merece protección pero una campaña encubierta debe explicar quién la organizó quién la pagó y qué beneficio produjo
Mtro. Manuel Alberto Cruz Martínez
La libertad de expresión es una condición
esencial de la democracia. Gracias a ella podemos apoyar a una candidatura,
criticar al gobierno, defender una causa o manifestar públicamente nuestras
preferencias políticas.
Ese derecho también se ejerce en las redes
sociales. Una persona no necesita ser periodista, dirigente partidista o
especialista para opinar sobre los asuntos públicos.
El problema comienza cuando una campaña
pagada se presenta como opinión espontánea.
Cuando la publicidad se disfraza de recomendación
Los influencers construyen su relación con
el público a partir de cercanía y confianza. Sus seguidores no siempre los
perciben como empresas de comunicación, sino como personas que comparten
experiencias, gustos y opiniones.
Esa apariencia de autenticidad representa
su principal valor comercial y político.
Cuando un creador de contenido recomienda
un producto, normalmente existen reglas para identificar la publicidad pagada.
Pero si promueve a una candidatura, las obligaciones pueden resultar menos
claras.
La paradoja es evidente: en algunos países
puede existir mayor transparencia para anunciar cosméticos que para promover a
quienes buscan ejercer el poder público.
El informe de IDEA Internacional sobre
influencia e integridad política confirma este vacío. Después de revisar los
marcos jurídicos de 18 países y de la Unión Europea, encontró que pocas
legislaciones electorales definen expresamente a los influencers. La mayoría
intenta regularlos mediante normas generales sobre propaganda, comunicación o
financiamiento político.
El dinero que no aparece en la plataforma
Las autoridades suelen buscar un pago
comprobable. Si existe una transferencia entre una campaña y un creador de
contenido, la relación puede investigarse y fiscalizarse.
Pero las nuevas campañas no siempre
funcionan de manera tan directa. El pago puede realizarlo una agencia, un
proveedor o un tercero. También puede sustituirse por regalos, viajes,
contratos, acceso exclusivo, promoción comercial o expectativas de beneficios
futuros.
Incluso puede no existir dinero inmediato.
Una estrategia puede basarse en instrucciones comunes, materiales previamente
elaborados, etiquetas coordinadas y publicaciones programadas para producir una
tendencia artificial.
En la pantalla veremos mensajes
aparentemente independientes. Detrás puede existir una sola operación.
El costo de probar lo evidente
México conoce bien este problema. Durante
la veda electoral de 2021, diversas figuras de redes sociales publicaron
mensajes favorables al Partido Verde. La coincidencia temporal y narrativa
permitió advertir que no se trataba simplemente de ciudadanos que, por
casualidad, decidieron expresarse de manera semejante.
Otros casos han seguido una ruta distinta.
El Tribunal Electoral ha sostenido que las publicaciones personales deben
presumirse espontáneas mientras no se pruebe coordinación partidista o alguna
contraprestación.
Esta presunción es importante. Sin ella,
cualquier expresión de simpatía podría provocar una investigación y producir un
efecto intimidatorio sobre la ciudadanía.
Pero la protección no debe convertirse en
una prueba imposible. Si para demostrar coordinación se exige siempre un
contrato firmado o una transferencia bancaria directa, las campañas encubiertas
aprenderán rápidamente a operar sin dejar esas evidencias.
No fiscalizar opiniones sino relaciones
La solución no consiste en vigilar lo que
piensan los ciudadanos. Tampoco en prohibir que artistas, deportistas, líderes
religiosos o creadores de contenido expresen preferencias políticas.
La fiscalización debe concentrarse en quién
diseñó el mensaje, si existieron instrucciones o materiales comunes, quién
contactó al creador, si participó una agencia, qué beneficio se recibió, qué
candidatura obtuvo la ventaja y si el gasto fue reportado.
Lo importante no es únicamente lo que se
dijo, sino cómo se produjo, financió y difundió el mensaje.
La huella de una campaña digital
La propaganda puede desaparecer de la
pantalla, pero una operación organizada deja huellas. Existen comunicaciones,
archivos, facturas, contratos, metadatos, coincidencias horarias,
instrucciones, relaciones comerciales y patrones de amplificación.
La autoridad necesita capacidad técnica y
acceso oportuno a esa información. Si una investigación comienza meses después,
es probable que los contenidos hayan sido eliminados y las relaciones
económicas ocultadas mediante diversas capas de contratación.
La fiscalización digital debe ser
preventiva, especializada y rápida. No puede depender solamente de que un
partido denuncie ni limitarse a revisar los anuncios contratados dentro de las
plataformas. También necesita examinar los pagos externos, las aportaciones en
especie y la subcontratación de servicios.
Transparencia sin censura
Una democracia debe proteger las opiniones
auténticas, incluso cuando resultan incómodas, parciales o abiertamente
partidistas. Lo que no debe proteger es la simulación.
Cuando existe pago o coordinación, la
ciudadanía tiene derecho a saber que está frente a propaganda. También tiene
derecho a conocer quién la financia y qué intereses existen detrás del mensaje.
La transparencia no censura la libertad de
expresión. Le devuelve contexto. Una etiqueta que identifique el contenido
patrocinado no impide hablar. Simplemente permite que la audiencia valore el
mensaje con información completa.
Una ruta posible para México
México no necesita prohibir que los
influencers participen en política. Necesita reglas que permitan distinguir
entre una opinión auténtica y una operación financiada que pretende pasar por
espontánea.
Primero, todo contenido electoral realizado
mediante pago, regalo, contrato, beneficio o promesa debería identificar de
manera visible su carácter patrocinado.
Segundo, la fiscalización no debe limitarse
a transferencias bancarias. También debe comprender viajes, servicios,
contratos posteriores, acceso privilegiado y otras aportaciones en especie.
Tercero, partidos y candidaturas tendrían
que reportar la cadena completa de contratación. La obligación debería alcanzar
a agencias, intermediarios y subcontratistas que vinculen campañas con
creadores de contenido.
Cuarto, el INE necesita procedimientos
rápidos para preservar publicaciones, metadatos y datos de difusión antes de
que sean eliminados. Esa capacidad debe acompañarse de coordinación
institucional y vías legales para obtener información relevante de las
plataformas.
Quinto, ninguna investigación debería
iniciarse únicamente porque una persona apoye o critique a una candidatura.
Deben existir indicios objetivos de coordinación, compensación o participación
en una estrategia organizada.
Estas medidas requieren colaboración entre
autoridades electorales, fiscales y otras instituciones competentes, además de
las plataformas digitales. Sin embargo, todo intercambio de información debe
sujetarse a protección de datos, controles de legalidad y derecho de defensa.
Proteger dos libertades
México no necesita elegir entre libertad de
expresión e integridad electoral. Necesita proteger ambas.
Toda persona debe conservar el derecho de
apoyar públicamente una opción política. Pero cuando el mensaje forma parte de
una operación financiada, la ciudadanía tiene derecho a conocer quién está
detrás.
El criterio rector puede formularse de
manera sencilla: las opiniones no se fiscalizan; los recursos y las operaciones
coordinadas, sí.
La libertad de expresión protege las ideas.
No debe utilizarse para ocultar el dinero que intenta convertirlas
artificialmente en tendencias, apoyos o ventajas electorales.
Fuentes
International
IDEA. Influence and Political Integrity Mapping Regulatory Frameworks for
Influencers in Elections. Noviembre de 2026. Consultar informe
International
IDEA. Regulating Social Media Influencers in Politics. 10 de noviembre de 2026.
Consultar publicación