lunes, 16 de noviembre de 2026

La libertad de expresión no debe convertirse en refugio del financiamiento oculto

 Una opinión ciudadana merece protección pero una campaña encubierta debe explicar quién la organizó quién la pagó y qué beneficio produjo

Mtro. Manuel Alberto Cruz Martínez

La libertad de expresión es una condición esencial de la democracia. Gracias a ella podemos apoyar a una candidatura, criticar al gobierno, defender una causa o manifestar públicamente nuestras preferencias políticas.

Ese derecho también se ejerce en las redes sociales. Una persona no necesita ser periodista, dirigente partidista o especialista para opinar sobre los asuntos públicos.

El problema comienza cuando una campaña pagada se presenta como opinión espontánea.

Cuando la publicidad se disfraza de recomendación

Los influencers construyen su relación con el público a partir de cercanía y confianza. Sus seguidores no siempre los perciben como empresas de comunicación, sino como personas que comparten experiencias, gustos y opiniones.

Esa apariencia de autenticidad representa su principal valor comercial y político.

Cuando un creador de contenido recomienda un producto, normalmente existen reglas para identificar la publicidad pagada. Pero si promueve a una candidatura, las obligaciones pueden resultar menos claras.

La paradoja es evidente: en algunos países puede existir mayor transparencia para anunciar cosméticos que para promover a quienes buscan ejercer el poder público.

El informe de IDEA Internacional sobre influencia e integridad política confirma este vacío. Después de revisar los marcos jurídicos de 18 países y de la Unión Europea, encontró que pocas legislaciones electorales definen expresamente a los influencers. La mayoría intenta regularlos mediante normas generales sobre propaganda, comunicación o financiamiento político.

El dinero que no aparece en la plataforma

Las autoridades suelen buscar un pago comprobable. Si existe una transferencia entre una campaña y un creador de contenido, la relación puede investigarse y fiscalizarse.

Pero las nuevas campañas no siempre funcionan de manera tan directa. El pago puede realizarlo una agencia, un proveedor o un tercero. También puede sustituirse por regalos, viajes, contratos, acceso exclusivo, promoción comercial o expectativas de beneficios futuros.

Incluso puede no existir dinero inmediato. Una estrategia puede basarse en instrucciones comunes, materiales previamente elaborados, etiquetas coordinadas y publicaciones programadas para producir una tendencia artificial.

En la pantalla veremos mensajes aparentemente independientes. Detrás puede existir una sola operación.

El costo de probar lo evidente

México conoce bien este problema. Durante la veda electoral de 2021, diversas figuras de redes sociales publicaron mensajes favorables al Partido Verde. La coincidencia temporal y narrativa permitió advertir que no se trataba simplemente de ciudadanos que, por casualidad, decidieron expresarse de manera semejante.

Otros casos han seguido una ruta distinta. El Tribunal Electoral ha sostenido que las publicaciones personales deben presumirse espontáneas mientras no se pruebe coordinación partidista o alguna contraprestación.

Esta presunción es importante. Sin ella, cualquier expresión de simpatía podría provocar una investigación y producir un efecto intimidatorio sobre la ciudadanía.

Pero la protección no debe convertirse en una prueba imposible. Si para demostrar coordinación se exige siempre un contrato firmado o una transferencia bancaria directa, las campañas encubiertas aprenderán rápidamente a operar sin dejar esas evidencias.

No fiscalizar opiniones sino relaciones

La solución no consiste en vigilar lo que piensan los ciudadanos. Tampoco en prohibir que artistas, deportistas, líderes religiosos o creadores de contenido expresen preferencias políticas.

La fiscalización debe concentrarse en quién diseñó el mensaje, si existieron instrucciones o materiales comunes, quién contactó al creador, si participó una agencia, qué beneficio se recibió, qué candidatura obtuvo la ventaja y si el gasto fue reportado.

Lo importante no es únicamente lo que se dijo, sino cómo se produjo, financió y difundió el mensaje.

La huella de una campaña digital

La propaganda puede desaparecer de la pantalla, pero una operación organizada deja huellas. Existen comunicaciones, archivos, facturas, contratos, metadatos, coincidencias horarias, instrucciones, relaciones comerciales y patrones de amplificación.

La autoridad necesita capacidad técnica y acceso oportuno a esa información. Si una investigación comienza meses después, es probable que los contenidos hayan sido eliminados y las relaciones económicas ocultadas mediante diversas capas de contratación.

La fiscalización digital debe ser preventiva, especializada y rápida. No puede depender solamente de que un partido denuncie ni limitarse a revisar los anuncios contratados dentro de las plataformas. También necesita examinar los pagos externos, las aportaciones en especie y la subcontratación de servicios.

Transparencia sin censura

Una democracia debe proteger las opiniones auténticas, incluso cuando resultan incómodas, parciales o abiertamente partidistas. Lo que no debe proteger es la simulación.

Cuando existe pago o coordinación, la ciudadanía tiene derecho a saber que está frente a propaganda. También tiene derecho a conocer quién la financia y qué intereses existen detrás del mensaje.

La transparencia no censura la libertad de expresión. Le devuelve contexto. Una etiqueta que identifique el contenido patrocinado no impide hablar. Simplemente permite que la audiencia valore el mensaje con información completa.

Una ruta posible para México

México no necesita prohibir que los influencers participen en política. Necesita reglas que permitan distinguir entre una opinión auténtica y una operación financiada que pretende pasar por espontánea.

Primero, todo contenido electoral realizado mediante pago, regalo, contrato, beneficio o promesa debería identificar de manera visible su carácter patrocinado.

Segundo, la fiscalización no debe limitarse a transferencias bancarias. También debe comprender viajes, servicios, contratos posteriores, acceso privilegiado y otras aportaciones en especie.

Tercero, partidos y candidaturas tendrían que reportar la cadena completa de contratación. La obligación debería alcanzar a agencias, intermediarios y subcontratistas que vinculen campañas con creadores de contenido.

Cuarto, el INE necesita procedimientos rápidos para preservar publicaciones, metadatos y datos de difusión antes de que sean eliminados. Esa capacidad debe acompañarse de coordinación institucional y vías legales para obtener información relevante de las plataformas.

Quinto, ninguna investigación debería iniciarse únicamente porque una persona apoye o critique a una candidatura. Deben existir indicios objetivos de coordinación, compensación o participación en una estrategia organizada.

Estas medidas requieren colaboración entre autoridades electorales, fiscales y otras instituciones competentes, además de las plataformas digitales. Sin embargo, todo intercambio de información debe sujetarse a protección de datos, controles de legalidad y derecho de defensa.

Proteger dos libertades

México no necesita elegir entre libertad de expresión e integridad electoral. Necesita proteger ambas.

Toda persona debe conservar el derecho de apoyar públicamente una opción política. Pero cuando el mensaje forma parte de una operación financiada, la ciudadanía tiene derecho a conocer quién está detrás.

El criterio rector puede formularse de manera sencilla: las opiniones no se fiscalizan; los recursos y las operaciones coordinadas, sí.

La libertad de expresión protege las ideas. No debe utilizarse para ocultar el dinero que intenta convertirlas artificialmente en tendencias, apoyos o ventajas electorales.

Fuentes

International IDEA. Influence and Political Integrity Mapping Regulatory Frameworks for Influencers in Elections. Noviembre de 2026. Consultar informe

International IDEA. Regulating Social Media Influencers in Politics. 10 de noviembre de 2026. Consultar publicación

domingo, 15 de noviembre de 2026

Entre la fe y el voto

 La nueva diversidad religiosa de América Latina

Mtro. Manuel Alberto Cruz Martínez

Durante mucho tiempo, hablar de religión en América Latina era hablar casi automáticamente de catolicismo. La identidad religiosa parecía formar parte de una tradición común, transmitida entre generaciones y presente en las celebraciones, la educación familiar y la vida cotidiana.

Esa realidad está cambiando. Los datos más recientes de Latinobarómetro muestran que la región no se está volviendo simplemente menos religiosa. Lo que ocurre es más complejo: está dejando de tener una sola identidad religiosa dominante.

Este cambio no pertenece únicamente al ámbito de la fe. También modifica la vida comunitaria, la conversación pública y la manera en que distintos grupos se relacionan con la política.

Una región que cambia sin dejar de creer

El estudio La religión en América Latina 1995 2025 2026, publicado por Latinobarómetro el 9 de noviembre de 2026, documenta una transformación profunda.

En 1995, el 80 por ciento de las personas latinoamericanas se identificaba como católica. Tres décadas después, esa proporción descendió al 55 por ciento. Al mismo tiempo, las iglesias evangélicas alcanzaron el 19 por ciento de la población y aumentó el número de personas sin afiliación religiosa.

Las diferencias entre países son importantes. Mientras Uruguay y Chile muestran mayores niveles de secularización, en Honduras, Guatemala y El Salvador las iglesias evangélicas poseen una presencia especialmente significativa.

México presenta una trayectoria distinta. La identificación católica pasó del 77 al 69 por ciento, la disminución más moderada entre los países incluidos en el análisis. Esto indica una mayor continuidad religiosa, aunque no significa que la sociedad mexicana permanezca inmóvil.

También existe un dato que obliga a mirar el fenómeno con cuidado: la confianza regional en las iglesias todavía alcanza el 63 por ciento, mientras que el 53 por ciento de la población se considera practicante o muy practicante. Disminuye la identificación con una religión tradicional, pero no desaparece la religiosidad. América Latina continúa creyendo, aunque lo hace desde identidades más diversas.

Las iglesias como redes de confianza

La importancia democrática de estos datos no consiste en suponer que una religión determina automáticamente el voto. Las personas católicas, evangélicas o sin afiliación religiosa no forman bloques políticos homogéneos. Dentro de cada grupo existen diferencias de edad, educación, condición económica, territorio, ideología y preferencia partidista.

Sin embargo, las organizaciones religiosas conservan algo que muchas instituciones públicas y partidos han perdido: presencia comunitaria y confianza cotidiana.

Las iglesias no sólo ofrecen servicios religiosos. En numerosas comunidades también funcionan como espacios de encuentro, asistencia, orientación y solidaridad. Pueden llegar a territorios donde los partidos aparecen únicamente durante las campañas y donde las instituciones del Estado mantienen una presencia limitada.

Esa capacidad puede servir para apoyar a personas vulnerables, promover valores cívicos, defender derechos humanos y organizar acciones comunitarias. También puede convertirse en una vía para difundir posiciones políticas, movilizar electores o influir en decisiones públicas. Por eso, la relación entre religión y democracia debe analizarse desde las condiciones en que se ejerce esa influencia.

La participación religiosa no es el problema

Una democracia no puede pedir a las personas creyentes que abandonen sus convicciones antes de participar en la vida pública.

La libertad religiosa comprende el derecho a profesar una creencia, cambiarla, no tener ninguna y expresar públicamente las propias convicciones. Las personas religiosas tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano a opinar sobre educación, seguridad, pobreza, derechos humanos o políticas familiares.

El límite aparece cuando la libertad religiosa se transforma en una estructura de presión electoral. No es lo mismo expresar una posición moral que solicitar el voto desde una posición de autoridad espiritual. Tampoco es igual participar en un debate público que poner una red religiosa al servicio de un partido o candidatura.

La diferencia puede encontrarse en la coordinación, el financiamiento, el uso de estructuras organizadas y la existencia de beneficios o contraprestaciones. La pregunta democrática no debe ser si una persona religiosa puede intervenir en política. Desde luego que puede. Lo que debe investigarse es si actúa por convicción propia o mediante coordinación partidista, si existe un pago o beneficio, si se utiliza una estructura religiosa para promover una candidatura y si la actividad fue reportada y fiscalizada cuando correspondía.

La laicidad como espacio de convivencia

En ocasiones se presenta la laicidad como una posición contraria a la religión. Esa interpretación es equivocada.

El Estado laico no busca eliminar la fe del espacio público. Su función es impedir que una creencia particular se convierta en doctrina oficial del gobierno o en condición para ejercer derechos.

La laicidad protege a quien practica una religión, a quien pertenece a otra y a quien no profesa ninguna. Garantiza que ninguna identidad sea perseguida, pero también que ninguna pueda imponerse mediante el poder público.

En una sociedad crecientemente diversa, la laicidad adquiere todavía más importancia. Ya no es únicamente una separación jurídica entre el Estado y las iglesias. Es una regla de convivencia entre ciudadanos que pueden sostener convicciones distintas y, aun así, reconocerse como iguales.

Las políticas públicas deben justificarse mediante razones que puedan ser discutidas por toda la ciudadanía. Una persona puede llegar a una posición política por motivos religiosos, pero el Estado debe explicar sus decisiones con argumentos constitucionales, derechos, evidencia y razones públicas.

Del púlpito a las redes sociales

La transformación religiosa coincide con otro cambio: la expansión de la comunicación digital. Un líder religioso puede ser, al mismo tiempo, guía espiritual, referente comunitario, creador de contenido e influencer. Sus mensajes pueden llegar a miles de personas sin pasar por los medios tradicionales.

Esta nueva realidad complica la regulación electoral. Un mensaje puede presentarse como reflexión religiosa cuando, en realidad, forma parte de una campaña coordinada. Pero también puede ocurrir lo contrario: una opinión legítima podría ser indebidamente perseguida como propaganda.

El estudio de IDEA Internacional sobre influencers políticos advierte que las leyes electorales suelen depender de la existencia de un pago comprobable. Esa regla puede dejar fuera regalos, beneficios, contratos indirectos, intermediarios y otras formas de coordinación que no aparecen dentro de las plataformas digitales.

El reto consiste en proteger la libertad de expresión sin convertirla en refugio de la propaganda encubierta. Por ello, no basta con observar el contenido de una publicación. También debe investigarse quién diseñó la estrategia, cómo se difundió, si existió coordinación, quién obtuvo una ventaja y si hubo alguna contraprestación económica o en especie.

Una democracia para una sociedad plural

La pérdida de una identidad religiosa única no debe entenderse necesariamente como una crisis. También puede representar una oportunidad para reconocer que la sociedad siempre ha sido más diversa de lo que sus instituciones admitían.

El pluralismo religioso puede enriquecer la democracia cuando amplía la participación, fortalece la solidaridad y abre espacios de diálogo. Pero también puede debilitarla si las creencias se utilizan para dividir a la ciudadanía, condicionar el voto o convertir las estructuras religiosas en aparatos partidistas.

México y América Latina necesitan una relación madura entre religión y política. Una relación que proteja la fe sin conceder privilegios, que permita participar sin imponer y que reconozca la diversidad sin convertirla en confrontación permanente.

La región no ha dejado de creer. Simplemente ya no cree de una sola manera. La democracia debe aprender a convivir con esa realidad. Su respuesta no puede ser expulsar las convicciones religiosas de la vida pública ni permitir que una de ellas domine al Estado.

El camino es más exigente: garantizar que todas las voces puedan participar, pero que ninguna pueda hablar en nombre de toda la sociedad.

Fuentes

Corporación Latinobarómetro. La religión en América Latina 1995 2025 2026. 9 de noviembre de 2026. Consultar publicación

International IDEA. Influence and Political Integrity Mapping Regulatory Frameworks for Influencers in Elections. Noviembre de 2026. Consultar informe

jueves, 12 de noviembre de 2026

El INE en crisis: ¿sanear la democracia o concentrar el poder?

 Por Mtro. Manuel Alberto Cruz Martínez

13 de noviembre de 2026

Las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad de revisar, después de las elecciones de 2027, la permanencia de los organismos electorales locales abren una discusión que va mucho más allá del costo de las elecciones.

El planteamiento aparece en medio de una crisis de credibilidad del INE, provocada por señalamientos de posibles irregularidades y corrupción administrativa que deben investigarse y, en su caso, sancionarse.

Pero aquí surge una pregunta inevitable: ¿se busca corregir los problemas del árbitro electoral o podría utilizarse esta crisis como justificación para transformar profundamente el sistema democrático?

La autonomía del INE no significa impunidad para sus dirigentes. Sin embargo, tampoco debemos confundir las responsabilidades individuales con la necesidad de preservar las instituciones.

La preocupación adquiere mayor relevancia cuando observamos las reformas constitucionales de los últimos años.

La reforma judicial, que mereció observaciones de organismos internacionales por sus posibles efectos sobre la independencia de los juzgadores; la desaparición de diversos organismos autónomos y las restricciones para impugnar reformas constitucionales han modificado sustancialmente el sistema de contrapesos.

El problema no es solamente cuántas instituciones tenemos, sino cuánta independencia conservan frente al poder político.

A ello se suma otra cuestión fundamental: el federalismo.

México es una República federal. Las entidades federativas no son simples oficinas administrativas del gobierno nacional. Tienen competencias constitucionales y realidades políticas propias.

La reforma electoral de 2014 ya concentró numerosas atribuciones en el INE. Ahora, la eventual desaparición de los organismos electorales locales podría profundizar esa centralización.

¿Qué sucedería con el federalismo electoral si las decisiones sobre las elecciones estatales y municipales se concentraran en una sola autoridad nacional?

La austeridad puede ser un objetivo legítimo, pero el ahorro presupuestal no debe convertirse en el único criterio para modificar instituciones que garantizan derechos políticos.

También debemos mirar hacia 2027.

Si después de las elecciones el partido gobernante y sus aliados conservaran las mayorías necesarias para reformar la Constitución, podrían impulsar otra transformación profunda del sistema electoral.

Tener una mayoría es legítimo. Utilizarla para aprobar reformas también lo es. Pero la democracia no consiste únicamente en reunir los votos suficientes para decidir. También exige diálogo, negociación, pluralidad y respeto a quienes piensan diferente.

Una mayoría calificada otorga facultades constitucionales, pero no sustituye la necesidad de debatir, escuchar e incorporar las distintas expresiones de la sociedad.

México no es una sola corriente de pensamiento.

Es una nación plural, con distintas ideas, aspiraciones e intereses. Ningún partido, gobierno o grupo político representa por sí solo toda esa diversidad.

Un país es mucho más que la visión de quienes temporalmente ejercen el poder.

Nuestra historia debería servirnos de referencia. Durante décadas vivimos bajo un sistema de partido hegemónico, donde gobierno y organización electoral estuvieron estrechamente vinculados.

La transición democrática permitió construir instituciones independientes y abrir espacios reales para la alternancia.

No podemos afirmar que estemos regresando inevitablemente a ese pasado, pero tampoco debemos ignorar los riesgos que surgirían si una nueva reforma redujera la independencia electoral y debilitara los contrapesos.

Por eso, combatir la corrupción dentro del INE debe ser una prioridad, pero no un pretexto para disminuir las garantías institucionales de nuestra democracia.

La fortaleza de una democracia no se mide solamente por la capacidad de sus mayorías para gobernar, sino por su disposición para escuchar, respetar las diferencias y aceptar límites al ejercicio del poder.

La pregunta que debemos hacernos no es solamente qué reforma electoral necesita México.

Es algo mucho más profundo:

¿Estamos construyendo instituciones más fuertes o caminando hacia un sistema donde cada vez resulte más difícil limitar al poder?

La respuesta merece un debate nacional auténtico, plural y abierto. No una decisión tomada únicamente desde la fuerza de los números.


Fuentes de consulta

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 40, 41, 105, 116 y 135.
  • Diario Oficial de la Federación, reforma constitucional del Poder Judicial, 15 de septiembre de 2024.
  • Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comunicado 213/24, sobre la reforma judicial mexicana, 12 de septiembre de 2024.
  • Diario Oficial de la Federación, reforma constitucional sobre inimpugnabilidad, 31 de octubre de 2024.
  • Diario Oficial de la Federación, reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, 20 de diciembre de 2024.
  • Declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el INE y los OPLE, 12 de noviembre de 2026.

miércoles, 11 de noviembre de 2026

La crisis del INE: el riesgo de perder antes de votar

Mtro. Manuel Alberto Cruz Martínez

11 de noviembre de 2026

Una democracia puede comenzar a perder una elección mucho antes de que se instalen las casillas. Ocurre cuando la ciudadanía deja de creer que su voto será contado correctamente y cuando la sospecha sustituye a las pruebas. Por eso, la crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral debe preocuparnos más allá de los recursos públicos involucrados: está en juego la confianza con la que llegaremos a las próximas elecciones.

Los señalamientos sobre contrataciones exigen investigaciones serias, esclarecimiento público y sanciones cuando se acrediten responsabilidades. Ninguna defensa de la institución justifica ocultar irregularidades. Precisamente porque el INE cumple una función indispensable, quienes administran sus recursos deben responder por sus decisiones.

El pasado 5 de noviembre, el Instituto anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación una revisión de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al periodo 2016-2026. También aprobó medidas para preservar documentación y asegurar la continuidad de las contrataciones necesarias para la organización electoral. Son decisiones cuya eficacia deberá evaluarse por sus resultados y por la información que permitan conocer a la sociedad.

Pero la crisis abre otro frente: su posible aprovechamiento político.

Una irregularidad en un contrato y una alteración del voto son hechos distintos. Ambos pueden ser graves, pero cada uno requiere pruebas propias. Pasar de los cuestionamientos administrativos a la afirmación de que toda elección será fraudulenta equivale a dar por demostrado lo que todavía debe acreditarse.

Ese salto puede resultar políticamente conveniente. Una autoridad desacreditada ofrece una explicación anticipada para una eventual derrota: si el resultado favorece, se celebra la voluntad popular; si perjudica, se atribuye a una institución que ya había sido presentada como indigna de confianza.

No sostengo que exista un acuerdo entre fuerzas políticas para desconocer las próximas elecciones. Eso necesitaría evidencia. Advierto un incentivo y un riesgo: distintos actores pueden encontrar ventajas en alimentar la desconfianza, aunque sus intereses sean diferentes y aunque nadie controle todas las consecuencias.

La investigación comparada ayuda a entender el problema. IDEA Internacional ha documentado cómo la manipulación informativa alrededor de las elecciones puede erosionar la confianza y favorecer el rechazo de los resultados. También reconoce algo esencial: cuestionar la transparencia y la independencia de las autoridades constituye una forma legítima de vigilancia pública. La dificultad está en distinguir la crítica sustentada de las afirmaciones falsas o engañosas que buscan desacreditar el proceso.

Esa distinción importa en México. Investigar un contrato, pedir explicaciones o denunciar una irregularidad fortalece la rendición de cuentas. Afirmar, sin evidencia suficiente, que todo está arreglado puede producir un daño distinto: convencer a las personas de que participar carece de sentido o de que solamente una victoria propia merece reconocimiento.

La responsabilidad comienza dentro del INE. La confianza no se recuperará con llamados a creer ni con declaraciones de que todo funciona correctamente. Se necesitan explicaciones comprensibles, controles verificables y resultados públicos de las investigaciones, con respeto a las reservas legales y a los derechos de las personas involucradas. También debe explicarse cómo se asegura la continuidad de los servicios electorales y qué medidas permiten detectar y corregir fallas.

Los partidos tienen una responsabilidad equivalente. Pueden y deben denunciar las irregularidades que adviertan, pero corresponde exigirles documentos, hechos y argumentos. Su compromiso democrático se mide también por la disposición a someter sus acusaciones a revisión y a reconocer lo que las pruebas efectivamente demuestren.

Aquí conviene despejar una confusión: impugnar una elección es un derecho. Los medios de defensa permiten revisar actuaciones y corregir violaciones. El problema aparece cuando se pretende que una denuncia sea aceptada como verdad por el solo hecho de formularla, o cuando cualquier resolución adversa se presenta como una prueba adicional de complicidad.

Si ninguna autoridad puede ser reconocida como legítima cuando contradice nuestros intereses, la controversia pierde una vía compartida de solución.

A la ciudadanía tampoco puede pedírsele confianza ciega. Tenemos derecho a preguntar qué ocurrió, quién decidió, qué controles fallaron y cómo se evitará que vuelva a suceder. Podemos exigir, al mismo tiempo, que quienes anuncian un fraude expliquen en qué hechos apoyan su afirmación.

La advertencia es ésta: una crisis sin esclarecer, una respuesta institucional insuficiente y el aprovechamiento político de la incertidumbre pueden alimentarse entre sí. Ese escenario no es inevitable, pero debemos impedir que avance.

El daño sería profundo si llegáramos a la próxima jornada electoral con una parte de la sociedad convencida de antemano de que solamente habrá una elección válida si gana su opción política.

Investigar hasta las últimas consecuencias y proteger la credibilidad del voto son obligaciones que deben cumplirse juntas. La impunidad destruye confianza. La sospecha convertida en sentencia permanente también.

¿Exigiremos que se esclarezca lo ocurrido y que se garantice nuestro voto, o permitiremos que esta crisis se convierta en una excusa para desconocer cualquier resultado que no nos favorezca?

Fuentes consultadas

Instituto Nacional Electoral. 5 de noviembre de 2026. Solicita INE a la Auditoría Superior de la Federación una revisión integral de la función de adquisiciones del periodo 2016-2026.

https://centralelectoral.ine.mx/2026/11/05/solicita-ine-a-la-auditoria-superior-de-la-federacion-una-revision-integral-de-la-funcion-de-adquisiciones-del-periodo-2016-2026/

IDEA Internacional. The Information Environment Around Elections. Consulta: 11 de noviembre de 2026.

https://www.idea.int/theme/information-communication-and-technology-electoral-processes/information-environment-around-elections

viernes, 6 de noviembre de 2026

La integridad electoral comienza antes de la campaña

Cuando aparecen las candidaturas muchas condiciones de la competencia ya fueron definidas

Mtro. Manuel Alberto Cruz Martínez

En México solemos pensar que una elección comienza cuando aparecen los primeros anuncios, se registran las candidaturas o los partidos salen abiertamente a pedir el voto. Jurídicamente, el proceso tiene una fecha de inicio. Políticamente, sin embargo, la competencia empieza mucho antes.

Antes de la campaña se aprueban las reglas, se distribuye el presupuesto, se nombra a quienes aplicarán la ley y se contratan los sistemas tecnológicos. También se actualiza el padrón, se modifica la cartografía, se seleccionan proveedores y comienzan a circular recursos, mensajes y aspiraciones.

Cuando finalmente aparecen las candidaturas, buena parte de las condiciones de la elección ya está construida. Por eso, proteger una elección no consiste únicamente en vigilar la jornada. Significa identificar desde ahora los riesgos que podrían afectar la libertad del voto, la equidad de la competencia y la autenticidad de los resultados.

De reaccionar a prevenir

La administración electoral mexicana se ha desarrollado principalmente alrededor de procedimientos y calendarios. Cada etapa tiene fechas, responsables y documentos específicos. Esa organización es indispensable, pero puede ser insuficiente frente a los riesgos actuales.

La violencia política, el financiamiento ilícito, la propaganda anticipada, la manipulación digital y la intervención de servidores públicos no respetan los calendarios oficiales.

Una red de financiamiento puede formarse antes de que exista una candidatura registrada. Una empresa puede contratar publicidad para posicionar a una persona que formalmente todavía no compite. Un grupo criminal puede impedir que determinadas aspiraciones lleguen siquiera al registro. Una base de datos puede utilizarse para construir perfiles políticos meses antes de la campaña.

Esperar a que comience formalmente la elección puede significar llegar tarde.

IDEA Internacional presentó la fase de aplicación de su proyecto Protecting Elections. Su propuesta es pasar de intervenciones aisladas a una gestión permanente de riesgos. Para ello incorpora capacitación y una herramienta tecnológica destinada a identificar, valorar y dar seguimiento a amenazas electorales.

La aportación más importante no es el programa informático en sí mismo. Es el cambio de lógica: la autoridad no debe limitarse a responder cuando la irregularidad ya ocurrió. Debe reconocer anticipadamente las condiciones que pueden producirla.

No todo riesgo es una irregularidad

La prevención exige utilizar conceptos claros. De lo contrario, cualquier sospecha puede convertirse en acusación y cualquier incidente en una petición de nulidad.

Conviene diferenciar seis momentos: riesgo, cuando existe una condición que podría afectar la elección; incidente, cuando sucede un hecho que activa ese riesgo; irregularidad, cuando se acredita una violación a la norma; daño, cuando la conducta afecta un derecho o principio electoral; irreparabilidad, cuando el daño ya no puede corregirse oportunamente; y determinancia, cuando la irregularidad alcanza una magnitud suficiente para comprometer el resultado o la autenticidad de la elección.

Por ejemplo, la presencia de organizaciones criminales en un municipio constituye un riesgo. La amenaza contra una candidatura es un incidente. Si se acredita que la amenaza obligó a una persona a renunciar, existe una irregularidad con efectos sobre la competencia.

Pero para hablar de determinancia todavía será necesario establecer su extensión territorial, duración, intensidad, impacto sobre otras candidaturas y relación con el resultado.

Esta distinción protege dos valores. Evita minimizar riesgos reales, pero también impide declarar inválida una elección basándose únicamente en conjeturas.

Los riesgos que comienzan antes de las campañas

Un sistema preventivo debe observar, por lo menos, siete áreas: las reglas electorales; la integración de las autoridades; el padrón, la cartografía y la credencialización; el financiamiento político; la violencia y el control territorial; la información y la tecnología; y la capacidad institucional para investigar y resolver.

Las reglas electorales

Las reformas aprobadas poco antes del inicio del proceso pueden producir incertidumbre. No sólo importa respetar el límite constitucional de los noventa días. También debe valorarse si las autoridades cuentan con tiempo suficiente para reglamentar, capacitar al personal y explicar los cambios a la ciudadanía.

Una norma puede ser formalmente oportuna y, aun así, generar dificultades operativas o interpretaciones contradictorias.

La integración de las autoridades

La imparcialidad electoral comienza con los nombramientos. Antes de las campañas debe conocerse si los cargos técnicos están completos, si las personas designadas cuentan con experiencia y si existen condiciones para disentir sin sufrir represalias.

Los cambios de personal no son exclusivamente asuntos laborales. Una remoción puede afectar la memoria institucional, la continuidad de una investigación y la capacidad para ejecutar una sentencia.

Aquí aparece, como parte de la narrativa, la situación reciente del INE. Las controversias administrativas, las acusaciones relacionadas con contrataciones y los cambios en áreas técnicas deben examinarse por sus posibles efectos sobre la operación electoral. No porque cualquier conflicto demuestre automáticamente una captura, sino porque la debilidad administrativa puede trasladarse a la fiscalización, la investigación y la conservación de pruebas.

El padrón la cartografía y la credencialización

La actualización del Registro Federal de Electores, el reseccionamiento y la producción de credenciales son actividades previas, pero repercuten directamente en el ejercicio del voto.

Una modificación de sección puede cambiar la casilla donde votará una persona. Una inconsistencia en la credencial puede generar confusión. Una falla de seguridad en las bases de datos puede afectar información personal de millones de ciudadanos.

Esto no significa que cualquier error produzca fraude o nulidad. Se necesita documentar su magnitud, distribución territorial, posibilidad de corrección y efecto real sobre la ciudadanía. Precisamente por eso se requieren auditorías, trazabilidad de los cambios y mecanismos accesibles para verificar y corregir información antes de la jornada.

El financiamiento político

El dinero empieza a circular antes de que comience la fiscalización ordinaria de las campañas. Puede aparecer mediante propaganda disfrazada de información, asociaciones civiles, espectaculares, eventos, encuestas, influencers o estructuras territoriales.

La iniciativa de IDEA Internacional, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito e IFES sobre transparencia del financiamiento político propone conectar autoridades electorales, organismos anticorrupción, auditorías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera.

Para México, esta cooperación es necesaria, pero debe tener límites claros. Compartir información financiera no puede convertirse en una vía para excluir adversarios sin audiencia, filtrar datos protegidos o utilizar investigaciones con fines políticos. El reto consiste en seguir el dinero sin sacrificar el debido proceso.

La violencia y el control territorial

La seguridad electoral no comienza con la protección de candidaturas registradas. Meses antes pueden existir amenazas, desplazamientos, presiones y filtros informales para decidir quién puede competir.

En algunas regiones, la violencia no necesariamente busca alterar el conteo. Su propósito puede ser más temprano: reducir la oferta política antes de que la ciudadanía tenga oportunidad de elegir.

Un mapa de riesgos debe observar renuncias inesperadas, cambios de candidatura, amenazas, cancelación de reuniones, restricciones territoriales, presiones contra periodistas, intervención criminal y municipios donde sólo una fuerza puede realizar actividades públicas.

El silencio también puede ser un dato. La ausencia de denuncias no siempre significa ausencia de violencia; puede reflejar miedo o falta de canales seguros.

La información y la tecnología

La desinformación electoral tampoco comienza durante la campaña. Las narrativas sobre fraude, parcialidad o ilegalidad pueden construirse con meses de anticipación.

A ello se agregan cuentas coordinadas, inteligencia artificial, suplantación de identidad, microsegmentación y utilización indebida de datos personales.

La prevención no debe consistir en censurar opiniones. Debe concentrarse en detectar operaciones coordinadas, identificar financiamiento oculto, preservar evidencia y explicar oportunamente las decisiones institucionales.

La capacidad para investigar y resolver

Una elección necesita autoridades capaces de reaccionar a tiempo. Si una denuncia tarda meses en investigarse, la resolución puede llegar cuando la conducta ya produjo todos sus efectos.

La prevención también debe medir las cargas de trabajo, el personal disponible, el tiempo promedio de investigación, la capacidad pericial, la preservación de evidencia digital, la coordinación entre autoridades y el cumplimiento de sentencias.

El INE informó el 5 de noviembre que resolvió 18 procedimientos de fiscalización; diez fueron fundados y generaron sanciones por más de 1.17 millones de pesos. Entre las irregularidades identificadas estuvieron gastos no reportados, aportaciones prohibidas, informes no veraces e incumplimientos a requerimientos.

El dato demuestra que la fiscalización funciona en casos concretos, pero no permite saber cuánto gasto permanece sin detectar ni si las multas eliminan la ventaja obtenida. Fiscalizar no debería significar solamente sancionar después; también debe impedir que el dinero irregular produzca efectos irreversibles.

Una responsabilidad compartida

La prevención electoral no corresponde exclusivamente al INE. Requiere la participación de organismos locales, tribunales, fiscalías, autoridades de seguridad, unidades financieras, órganos de protección de datos, plataformas, universidades, medios y organizaciones ciudadanas.

Aquí resulta útil la idea del ecosistema. No como eje central, sino como explicación de por qué una sola institución no puede identificar, investigar y corregir todos los riesgos.

Pero la cooperación también necesita controles: competencias definidas, protección de información sensible, criterios públicos, registro de decisiones, derecho de audiencia, posibilidad de impugnación y responsabilidad por filtraciones o usos políticos.

Una coordinación sin límites puede resultar tan peligrosa como la falta absoluta de comunicación.

Prevenir sin perseguir

La gestión de riesgos no debe utilizarse para criminalizar adversarios, vigilar opiniones o impedir candidaturas mediante sospechas.

Un mapa de riesgos no es una lista de culpables. Es una herramienta para decidir dónde reforzar capacidades, conservar información y proteger derechos.

La autoridad debe distinguir entre prevención y persecución. Puede monitorear patrones públicos, pero no intervenir comunicaciones privadas sin fundamento legal. Puede requerir información financiera, pero debe justificar su pertinencia. Puede proteger candidaturas, pero no utilizar informes de seguridad para favorecer a unas y excluir a otras.

La prevención democrática necesita ser eficaz y, al mismo tiempo, controlable.

Una elección se puede perder antes de comenzar

Cuando empieza la campaña, algunas ventajas ya pueden ser difíciles de corregir. Una estructura financiada durante meses, una candidatura eliminada mediante amenazas o una base de datos utilizada para segmentar propaganda no desaparecen simplemente porque la autoridad declare formalmente iniciado el periodo electoral.

La integridad comienza cuando se diseñan las reglas, se nombran las autoridades, se contratan los sistemas, se actualiza el padrón y se identifica el origen del dinero.

Por eso, la principal pregunta para 2027 no debería ser solamente si las casillas estarán instaladas y los votos serán contados correctamente. También debemos preguntar si llegaremos a la jornada con una competencia libre, autoridades capaces de investigar, información verificable y riesgos atendidos antes de convertirse en daños irreparables.

La calidad de una elección no se construye el día de la votación. Para entonces, muchas de sus condiciones fundamentales ya fueron decididas.


 

Fuentes

• International IDEA  Protecting elections from consultations to implementation  30 de octubre de 2026

• International IDEA  Global Initiative on Political Finance Transparency and Integrity

• Instituto Nacional Electoral  Sanciones por irregularidades en la fiscalización  5 de noviembre de 2026

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  artículo 41

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

El color no pertenece a un partido pero una identidad visual sí puede construir propaganda

Lo que el caso SUP REP 73 de 2026 cambia en la forma de investigar la comunicación gubernamental

Manuel Alberto Cruz Martínez
Democracia en Transformación | 6 de noviembre de 2026

“La neutralidad pública no se mide por un tono aislado, sino por el mensaje completo que el poder coloca frente a la ciudadanía.”

Una discusión que va más allá del color

¿Puede un gobierno convertir su identidad visual en una forma de propaganda partidista? La respuesta no puede construirse con una regla automática. Ningún partido es dueño de un color y ninguna administración incurre en una infracción por usar, de manera aislada, una tonalidad semejante a la de una fuerza política. Pero cuando la coincidencia deja de ser ocasional y se integra en prendas, diseños, formatos, símbolos, actos territoriales, programas sociales y difusión institucional, el análisis jurídico ya no puede detenerse en la pregunta de quién es propietario del color.

Esa es la importancia del recurso SUP-REP-73/2026, resuelto por unanimidad por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 4 de noviembre de 2026. El asunto no concluyó que existiera una infracción ni declaró que el color guinda fuera de uso exclusivo de Morena. Lo que hizo fue revocar el desechamiento de una queja y ordenar a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE que analizara nuevamente los hechos de forma completa, integral y contextual.

La distinción es decisiva. La Sala Superior no emitió una sentencia de culpabilidad. Estableció, más bien, que una autoridad instructora no puede cerrar anticipadamente una investigación reduciendo una denuncia compleja a una simple coincidencia cromática, ni exigir en la etapa inicial la prueba plena que corresponde al estudio de fondo.

Qué se denunció y qué resolvió el Tribunal

El partido SOMOS denunció a la Secretaría de Bienestar, a personas servidoras públicas —incluidos los llamados Servidores de la Nación— y a Morena por el uso continuo de gorras, camisetas y chalecos color guinda durante actividades vinculadas con programas sociales. Su planteamiento no se limitó al color: alegó similitudes en el diseño, la confección, la distribución cromática, la estructura y el formato de las prendas, además de su empleo reiterado y su difusión institucional de cara al proceso electoral federal 2026-2027.

La UTCE desechó la queja. Consideró que los colores no son exclusivos de los partidos y que las imágenes y enlaces aportados no acreditaban, por sí mismos, una interacción ilícita entre quienes operaban los programas y la fuerza política señalada. La Sala Superior estimó que ese razonamiento adelantó conclusiones propias del fondo, fragmentó los indicios y dejó sin estudiar parte sustancial de la denuncia.

Por ello ordenó emitir un nuevo acuerdo que examine todos los planteamientos y las medidas cautelares solicitadas, sin descartar anticipadamente los indicios. El criterio procesal es claro: en la fase preliminar no se exige demostrar definitivamente la infracción; basta con que los hechos narrados y los elementos aportados hagan plausible una conducta electoralmente relevante que amerite investigación.

El color aislado no genera exclusividad

La jurisprudencia electoral ha sostenido durante años que los colores y demás elementos separados de un emblema no generan derechos exclusivos. La jurisprudencia 14/2003 explica que la relevancia jurídica surge cuando la combinación de signos produce unidades semejantes capaces de confundir a quien las observa. La libertad cromática es, por tanto, el punto de partida; la posible asociación integral es el problema que debe probarse.

En SRE-PSC-151/2021, la Sala Regional Especializada declaró inexistente la infracción atribuida por el uso de indumentaria de personas servidoras públicas durante la vacunación contra COVID-19. Ese precedente confirmó que una coincidencia de color no basta, por sí misma, para vincular programas gubernamentales con un partido. SUP-REP-73/2026 no abandona esa regla ni la contradice. La matiza en el plano de la investigación: la regla sobre la falta de exclusividad cromática no autoriza a ignorar la apariencia visual completa, la repetición, el contexto territorial o la relación con programas sociales.

De la coincidencia cromática a la identidad propagandística

El nuevo asunto obliga a separar dos preguntas. La primera es sencilla: ¿el uso de un color aislado constituye una infracción? En principio, no. La segunda es más exigente: ¿la suma de color, diseño, vestimenta, estructura territorial, reiteración, difusión y proximidad electoral puede transmitir a la ciudadanía una asociación entre beneficios públicos y una opción política? Esa pregunta no admite respuestas automáticas; exige investigación contextual.

Aquí convergen precedentes anteriores. En SUP-REP-1/2020 y acumulados, la Sala Superior subrayó que la propaganda gubernamental y la entrega de programas sociales deben examinarse a la luz de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad del artículo 134 constitucional. El contexto del acto importa: la prohibición no se activa por un símbolo aislado, sino por la combinación del contenido, la forma de difusión, la identificación de personas o proyectos políticos, la temporalidad y el posible aprovechamiento de recursos públicos.

Posteriormente, en SUP-REP-433/2021 y acumulados, el Tribunal volvió a reconocer que la entrega irregular o propagandística de programas sociales puede generar una vinculación entre el beneficio público, un gobierno y una fuerza política. La ciudadanía podría percibir que la continuidad del apoyo depende de la permanencia de esa opción. El problema constitucional no es el funcionamiento ordinario de la administración, sino la apropiación comunicativa de lo público para producir adhesión electoral.


 

Una guía probatoria para casos futuros

El criterio permite ordenar la prueba alrededor de cinco preguntas concretas:

Eje

Pregunta relevante

Unidad visual

¿Coinciden únicamente los colores o también el diseño, la tipografía, la distribución, los símbolos y la confección?

Sistematicidad

¿Se trata de un hecho aislado o de una práctica uniforme, reiterada y extendida territorialmente?

Contexto público

¿La imagen aparece durante censos, entregas de apoyos, actos institucionales o comunicación financiada con recursos públicos?

Difusión

¿Existe reproducción coordinada en cuentas oficiales, redes sociales, fotografías, videos o materiales institucionales?

Temporalidad y efecto

¿Qué proximidad existe con el proceso electoral y qué asociación razonable puede producirse en la ciudadanía?

Lo que el precedente sí cambia y lo que no

SUP-REP-73/2026 confirma que un color no pertenece jurídicamente a un partido. También confirma que una denuncia no puede prosperar solo porque dos actores utilicen la misma tonalidad. Pero introduce una precisión relevante: esa regla sustantiva no debe transformarse en una excusa procesal para desechar, sin investigar, una posible estrategia visual integral.

El precedente, por ahora, modifica la ruta de análisis, no el resultado de fondo. Obliga a las autoridades a mirar el conjunto antes de decidir si existe infracción. Para quien denuncia, eleva la importancia de documentar patrones y no solo imágenes aisladas. Para gobiernos y personas servidoras públicas, recomienda separar con claridad la comunicación institucional de cualquier identidad partidista, sobre todo cuando intervienen programas sociales. Para los partidos, impide reclamar la propiedad de un color, pero permite cuestionar una arquitectura visual que, por su repetición y contexto, pudiera afectar la neutralidad estatal.

La prudencia jurídica exige evitar dos extremos. El primero sería prohibir colores como si fueran patrimonio partidista. El segundo, considerar irrelevante toda identidad visual gubernamental aunque reproduzca de manera sistemática códigos, formatos y símbolos asociados con una fuerza política. Entre ambos extremos se encuentra el análisis constitucional: proteger la libertad comunicativa sin permitir que los recursos, programas y estructuras del Estado se conviertan en vehículos de adhesión electoral.

Una idea para recordar

El color aislado no prueba propaganda; una identidad visual sistemática, vinculada con recursos públicos y programas sociales, sí puede justificar una investigación completa.

En la próxima entrega

La prueba digital de la identidad propagandística: cómo preservar publicaciones, demostrar reiteración y reconstruir una estrategia de difusión sin confundir indicios con prueba plena.

Fuentes oficiales

• TEPJF, boletín 382/2026, 4 de noviembre de 2026, SUP-REP-73/2026

• Sala Regional Especializada, SRE-PSC-151/2021, 19 de agosto de 2021

• Sala Superior, SUP-REP-1/2020 y acumulados, 31 de marzo de 2021

• Sala Superior, SUP-REP-433/2021 y acumulados, 14 de diciembre de 2021

• Jurisprudencia 14/2003, emblemas partidistas y falta de exclusividad de sus elementos separados

miércoles, 4 de noviembre de 2026

¿En qué municipios pueden ganar las mujeres? La prueba de la paridad en Hidalgo

 Manuel Alberto Cruz Martínez

En 2024, Tulancingo eligió por primera vez a una mujer como presidenta municipal. Lorena García ganó en una elección en la que todas las fuerzas políticas debían postular mujeres para ese cargo. En 2027, Tulancingo volverá a las urnas bajo reglas distintas. Sin una lista de municipios reservados para candidatas, los partidos tendrán que decidir dónde postulan mujeres y explicar los criterios que siguieron. La pregunta que merece atención es cuántas de esas candidaturas se registrarán en municipios donde el partido o la alianza tiene posibilidades reales de ganar.

De reservar municipios a distribuir oportunidades

En 2024, Hidalgo reservó 27 municipios para candidaturas de mujeres a las presidencias municipales. Diez eran municipios indígenas. La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral federal confirmó la medida. Ese año, en la elección ordinaria, Hidalgo eligió a 41 presidentas municipales, frente a las 15 de 2020. La diferencia muestra cuánto creció la presencia de mujeres en los gobiernos municipales. Para saber cuánto de ese avance se debió a la reserva, habría que examinar también lo ocurrido en los municipios donde compitieron mujeres y hombres. Sentencia del Tribunal Electoral.

Para 2027, al menos la mitad de las planillas municipales que presente cada fuerza política deberá estar encabezada por mujeres. Las reglas del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo también ordenan distribuir las candidaturas en bloques de votación alta, media y baja, a partir de los resultados de 2024. Pensemos en un partido que postula mujeres en la mitad de los municipios donde compite, pero les asigna casi todas las plazas donde suele quedar lejos del primer lugar. La regla de los bloques busca evitar precisamente esa concentración. Acuerdo IEEH/CG/038/2026, artículo 41.

Qué significa que un municipio sea una plaza fuerte

El IEEH ofrece dos formas de ordenar los municipios. La rentabilidad indica cuánto aporta un municipio al total de votos que recibe un partido en el estado. La competitividad indica qué proporción de los votos obtiene ese partido dentro del municipio. Una ciudad puede aportar muchos votos al total estatal y, al mismo tiempo, ofrecer una contienda más cerrada que un municipio con menos electores.

Tulancingo y Acaxochitlán muestran cómo cambia la lectura. En 2024, Morena y Nueva Alianza Hidalgo ganaron juntos en ambos municipios. En Tulancingo, su candidatura común obtuvo el 41.60 % de los votos emitidos y aventajó al segundo lugar por 19.6 puntos porcentuales. En Acaxochitlán, obtuvo el 65.11 % y ganó por 46.5 puntos. Aun así, Tulancingo ocupó el tercer lugar en rentabilidad para ambos partidos y Acaxochitlán el décimo. En competitividad, Acaxochitlán fue primero para ambos y Tulancingo quedó en el lugar 25. Los bloques de 2027 se formarán con el criterio elegido y con los municipios donde efectivamente se registren planillas. Carpeta complementaria de ayuntamientos del IEEH, pp. 6–11 y 23–26.

Qué cambia cuando los partidos compiten juntos

Una coalición y una candidatura común permiten que varios partidos postulen la misma planilla. En la coalición, cada partido conserva su emblema en la boleta y los votos cuentan a favor de la planilla compartida. En la candidatura común hidalguense, la planilla aparece con un emblema común y la votación se distribuye entre los partidos, para los efectos legales, según lo pactado en el convenio. Esa diferencia ayuda a entender por qué el respaldo que logró una candidatura común dice cuánto consiguieron los partidos juntos y deja abierta la pregunta de cuánto conseguiría cada uno por separado. Ley General de Partidos Políticos, artículo 87 y Código Electoral de Hidalgo, artículo 38 Bis.

Para construir los bloques, los integrantes de una coalición o candidatura común deben elegir el mismo criterio y sumar, municipio por municipio, los porcentajes de cada partido. Si el acuerdo es total, cada partido debe cumplir la paridad en las postulaciones que le correspondan. Si es parcial o flexible, se revisan dos cosas. Primero, que las postulaciones compartidas sean paritarias en conjunto. Después, que cada partido alcance al menos la mitad de planillas encabezadas por mujeres al sumar las que le correspondieron dentro del convenio y las que registró por su cuenta. Si una candidatura común se presenta en menos de 15 municipios, las reglas prevén que se integren en un solo bloque. Acuerdo IEEH/CG/038/2026, artículos 41 y 42.

Qué puede exigir la ciudadanía

A mi juicio, el cambio de reglas merece evaluarse desde el registro de las candidaturas. El IEEH dispuso que los actores políticos hagan públicos sus criterios de postulación. Cuando se conozcan los convenios y las planillas, será posible preguntar qué criterio eligió cada fuerza, quién encabezó las candidaturas compartidas y cuántas de las plazas donde el partido ganó o estuvo cerca de ganar quedaron a cargo de mujeres. El Instituto podrá verificar el cumplimiento de las reglas. La ciudadanía podrá juzgar cómo usaron los partidos el margen de decisión que esas reglas les dejaron. Boletín del IEEH del 15 de octubre de 2026.

Las 41 presidentas electas en 2024 son una referencia para valorar lo que ocurra en 2027. El primer dato llegará antes de la jornada, cuando sepamos cómo se repartieron las oportunidades de competir. El segundo llegará con los resultados, cuando podamos ver cuántas de esas oportunidades se tradujeron en gobiernos municipales. La prueba empieza en el momento en que los partidos deciden a quién confían las presidencias municipales que creen poder ganar.