jueves, 12 de noviembre de 2026

El INE en crisis: ¿sanear la democracia o concentrar el poder?

 Por Mtro. Manuel Alberto Cruz Martínez

13 de noviembre de 2026

Las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad de revisar, después de las elecciones de 2027, la permanencia de los organismos electorales locales abren una discusión que va mucho más allá del costo de las elecciones.

El planteamiento aparece en medio de una crisis de credibilidad del INE, provocada por señalamientos de posibles irregularidades y corrupción administrativa que deben investigarse y, en su caso, sancionarse.

Pero aquí surge una pregunta inevitable: ¿se busca corregir los problemas del árbitro electoral o podría utilizarse esta crisis como justificación para transformar profundamente el sistema democrático?

La autonomía del INE no significa impunidad para sus dirigentes. Sin embargo, tampoco debemos confundir las responsabilidades individuales con la necesidad de preservar las instituciones.

La preocupación adquiere mayor relevancia cuando observamos las reformas constitucionales de los últimos años.

La reforma judicial, que mereció observaciones de organismos internacionales por sus posibles efectos sobre la independencia de los juzgadores; la desaparición de diversos organismos autónomos y las restricciones para impugnar reformas constitucionales han modificado sustancialmente el sistema de contrapesos.

El problema no es solamente cuántas instituciones tenemos, sino cuánta independencia conservan frente al poder político.

A ello se suma otra cuestión fundamental: el federalismo.

México es una República federal. Las entidades federativas no son simples oficinas administrativas del gobierno nacional. Tienen competencias constitucionales y realidades políticas propias.

La reforma electoral de 2014 ya concentró numerosas atribuciones en el INE. Ahora, la eventual desaparición de los organismos electorales locales podría profundizar esa centralización.

¿Qué sucedería con el federalismo electoral si las decisiones sobre las elecciones estatales y municipales se concentraran en una sola autoridad nacional?

La austeridad puede ser un objetivo legítimo, pero el ahorro presupuestal no debe convertirse en el único criterio para modificar instituciones que garantizan derechos políticos.

También debemos mirar hacia 2027.

Si después de las elecciones el partido gobernante y sus aliados conservaran las mayorías necesarias para reformar la Constitución, podrían impulsar otra transformación profunda del sistema electoral.

Tener una mayoría es legítimo. Utilizarla para aprobar reformas también lo es. Pero la democracia no consiste únicamente en reunir los votos suficientes para decidir. También exige diálogo, negociación, pluralidad y respeto a quienes piensan diferente.

Una mayoría calificada otorga facultades constitucionales, pero no sustituye la necesidad de debatir, escuchar e incorporar las distintas expresiones de la sociedad.

México no es una sola corriente de pensamiento.

Es una nación plural, con distintas ideas, aspiraciones e intereses. Ningún partido, gobierno o grupo político representa por sí solo toda esa diversidad.

Un país es mucho más que la visión de quienes temporalmente ejercen el poder.

Nuestra historia debería servirnos de referencia. Durante décadas vivimos bajo un sistema de partido hegemónico, donde gobierno y organización electoral estuvieron estrechamente vinculados.

La transición democrática permitió construir instituciones independientes y abrir espacios reales para la alternancia.

No podemos afirmar que estemos regresando inevitablemente a ese pasado, pero tampoco debemos ignorar los riesgos que surgirían si una nueva reforma redujera la independencia electoral y debilitara los contrapesos.

Por eso, combatir la corrupción dentro del INE debe ser una prioridad, pero no un pretexto para disminuir las garantías institucionales de nuestra democracia.

La fortaleza de una democracia no se mide solamente por la capacidad de sus mayorías para gobernar, sino por su disposición para escuchar, respetar las diferencias y aceptar límites al ejercicio del poder.

La pregunta que debemos hacernos no es solamente qué reforma electoral necesita México.

Es algo mucho más profundo:

¿Estamos construyendo instituciones más fuertes o caminando hacia un sistema donde cada vez resulte más difícil limitar al poder?

La respuesta merece un debate nacional auténtico, plural y abierto. No una decisión tomada únicamente desde la fuerza de los números.


Fuentes de consulta

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 40, 41, 105, 116 y 135.
  • Diario Oficial de la Federación, reforma constitucional del Poder Judicial, 15 de septiembre de 2024.
  • Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comunicado 213/24, sobre la reforma judicial mexicana, 12 de septiembre de 2024.
  • Diario Oficial de la Federación, reforma constitucional sobre inimpugnabilidad, 31 de octubre de 2024.
  • Diario Oficial de la Federación, reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, 20 de diciembre de 2024.
  • Declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el INE y los OPLE, 12 de noviembre de 2026.

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