La nueva diversidad religiosa de América Latina
Mtro. Manuel Alberto Cruz Martínez
Durante mucho tiempo, hablar de religión en
América Latina era hablar casi automáticamente de catolicismo. La identidad
religiosa parecía formar parte de una tradición común, transmitida entre
generaciones y presente en las celebraciones, la educación familiar y la vida
cotidiana.
Esa realidad está cambiando. Los datos más
recientes de Latinobarómetro muestran que la región no se está volviendo
simplemente menos religiosa. Lo que ocurre es más complejo: está dejando de
tener una sola identidad religiosa dominante.
Este cambio no pertenece únicamente al
ámbito de la fe. También modifica la vida comunitaria, la conversación pública
y la manera en que distintos grupos se relacionan con la política.
Una región que cambia sin dejar de creer
El estudio La religión en América Latina
1995 2025 2026, publicado por Latinobarómetro el 9 de noviembre de 2026,
documenta una transformación profunda.
En 1995, el 80 por ciento de las personas
latinoamericanas se identificaba como católica. Tres décadas después, esa
proporción descendió al 55 por ciento. Al mismo tiempo, las iglesias
evangélicas alcanzaron el 19 por ciento de la población y aumentó el número de
personas sin afiliación religiosa.
Las diferencias entre países son
importantes. Mientras Uruguay y Chile muestran mayores niveles de
secularización, en Honduras, Guatemala y El Salvador las iglesias evangélicas
poseen una presencia especialmente significativa.
México presenta una trayectoria distinta.
La identificación católica pasó del 77 al 69 por ciento, la disminución más
moderada entre los países incluidos en el análisis. Esto indica una mayor
continuidad religiosa, aunque no significa que la sociedad mexicana permanezca
inmóvil.
También existe un dato que obliga a mirar
el fenómeno con cuidado: la confianza regional en las iglesias todavía alcanza
el 63 por ciento, mientras que el 53 por ciento de la población se considera
practicante o muy practicante. Disminuye la identificación con una religión
tradicional, pero no desaparece la religiosidad. América Latina continúa
creyendo, aunque lo hace desde identidades más diversas.
Las iglesias como redes de confianza
La importancia democrática de estos datos
no consiste en suponer que una religión determina automáticamente el voto. Las
personas católicas, evangélicas o sin afiliación religiosa no forman bloques
políticos homogéneos. Dentro de cada grupo existen diferencias de edad,
educación, condición económica, territorio, ideología y preferencia partidista.
Sin embargo, las organizaciones religiosas
conservan algo que muchas instituciones públicas y partidos han perdido:
presencia comunitaria y confianza cotidiana.
Las iglesias no sólo ofrecen servicios
religiosos. En numerosas comunidades también funcionan como espacios de
encuentro, asistencia, orientación y solidaridad. Pueden llegar a territorios
donde los partidos aparecen únicamente durante las campañas y donde las
instituciones del Estado mantienen una presencia limitada.
Esa capacidad puede servir para apoyar a
personas vulnerables, promover valores cívicos, defender derechos humanos y
organizar acciones comunitarias. También puede convertirse en una vía para
difundir posiciones políticas, movilizar electores o influir en decisiones
públicas. Por eso, la relación entre religión y democracia debe analizarse
desde las condiciones en que se ejerce esa influencia.
La participación religiosa no es el problema
Una democracia no puede pedir a las
personas creyentes que abandonen sus convicciones antes de participar en la
vida pública.
La libertad religiosa comprende el derecho
a profesar una creencia, cambiarla, no tener ninguna y expresar públicamente
las propias convicciones. Las personas religiosas tienen el mismo derecho que
cualquier ciudadano a opinar sobre educación, seguridad, pobreza, derechos
humanos o políticas familiares.
El límite aparece cuando la libertad
religiosa se transforma en una estructura de presión electoral. No es lo mismo
expresar una posición moral que solicitar el voto desde una posición de
autoridad espiritual. Tampoco es igual participar en un debate público que
poner una red religiosa al servicio de un partido o candidatura.
La diferencia puede encontrarse en la
coordinación, el financiamiento, el uso de estructuras organizadas y la
existencia de beneficios o contraprestaciones. La pregunta democrática no debe
ser si una persona religiosa puede intervenir en política. Desde luego que
puede. Lo que debe investigarse es si actúa por convicción propia o mediante
coordinación partidista, si existe un pago o beneficio, si se utiliza una
estructura religiosa para promover una candidatura y si la actividad fue
reportada y fiscalizada cuando correspondía.
La laicidad como espacio de convivencia
En ocasiones se presenta la laicidad como
una posición contraria a la religión. Esa interpretación es equivocada.
El Estado laico no busca eliminar la fe del
espacio público. Su función es impedir que una creencia particular se convierta
en doctrina oficial del gobierno o en condición para ejercer derechos.
La laicidad protege a quien practica una
religión, a quien pertenece a otra y a quien no profesa ninguna. Garantiza que
ninguna identidad sea perseguida, pero también que ninguna pueda imponerse
mediante el poder público.
En una sociedad crecientemente diversa, la
laicidad adquiere todavía más importancia. Ya no es únicamente una separación
jurídica entre el Estado y las iglesias. Es una regla de convivencia entre
ciudadanos que pueden sostener convicciones distintas y, aun así, reconocerse
como iguales.
Las políticas públicas deben justificarse
mediante razones que puedan ser discutidas por toda la ciudadanía. Una persona
puede llegar a una posición política por motivos religiosos, pero el Estado
debe explicar sus decisiones con argumentos constitucionales, derechos,
evidencia y razones públicas.
Del púlpito a las redes sociales
La transformación religiosa coincide con
otro cambio: la expansión de la comunicación digital. Un líder religioso puede
ser, al mismo tiempo, guía espiritual, referente comunitario, creador de
contenido e influencer. Sus mensajes pueden llegar a miles de personas sin
pasar por los medios tradicionales.
Esta nueva realidad complica la regulación
electoral. Un mensaje puede presentarse como reflexión religiosa cuando, en
realidad, forma parte de una campaña coordinada. Pero también puede ocurrir lo
contrario: una opinión legítima podría ser indebidamente perseguida como
propaganda.
El estudio de IDEA Internacional sobre
influencers políticos advierte que las leyes electorales suelen depender de la
existencia de un pago comprobable. Esa regla puede dejar fuera regalos,
beneficios, contratos indirectos, intermediarios y otras formas de coordinación
que no aparecen dentro de las plataformas digitales.
El reto consiste en proteger la libertad de
expresión sin convertirla en refugio de la propaganda encubierta. Por ello, no
basta con observar el contenido de una publicación. También debe investigarse
quién diseñó la estrategia, cómo se difundió, si existió coordinación, quién
obtuvo una ventaja y si hubo alguna contraprestación económica o en especie.
Una democracia para una sociedad plural
La pérdida de una identidad religiosa única
no debe entenderse necesariamente como una crisis. También puede representar
una oportunidad para reconocer que la sociedad siempre ha sido más diversa de
lo que sus instituciones admitían.
El pluralismo religioso puede enriquecer la
democracia cuando amplía la participación, fortalece la solidaridad y abre
espacios de diálogo. Pero también puede debilitarla si las creencias se
utilizan para dividir a la ciudadanía, condicionar el voto o convertir las
estructuras religiosas en aparatos partidistas.
México y América Latina necesitan una
relación madura entre religión y política. Una relación que proteja la fe sin
conceder privilegios, que permita participar sin imponer y que reconozca la
diversidad sin convertirla en confrontación permanente.
La región no ha dejado de creer.
Simplemente ya no cree de una sola manera. La democracia debe aprender a
convivir con esa realidad. Su respuesta no puede ser expulsar las convicciones
religiosas de la vida pública ni permitir que una de ellas domine al Estado.
El camino es más exigente: garantizar que
todas las voces puedan participar, pero que ninguna pueda hablar en nombre de
toda la sociedad.
Fuentes
Corporación
Latinobarómetro. La religión en América Latina 1995 2025 2026. 9 de noviembre
de 2026. Consultar publicación
International
IDEA. Influence and Political Integrity Mapping Regulatory Frameworks for
Influencers in Elections. Noviembre de 2026. Consultar informe
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