domingo, 15 de noviembre de 2026

Entre la fe y el voto

 La nueva diversidad religiosa de América Latina

Mtro. Manuel Alberto Cruz Martínez

Durante mucho tiempo, hablar de religión en América Latina era hablar casi automáticamente de catolicismo. La identidad religiosa parecía formar parte de una tradición común, transmitida entre generaciones y presente en las celebraciones, la educación familiar y la vida cotidiana.

Esa realidad está cambiando. Los datos más recientes de Latinobarómetro muestran que la región no se está volviendo simplemente menos religiosa. Lo que ocurre es más complejo: está dejando de tener una sola identidad religiosa dominante.

Este cambio no pertenece únicamente al ámbito de la fe. También modifica la vida comunitaria, la conversación pública y la manera en que distintos grupos se relacionan con la política.

Una región que cambia sin dejar de creer

El estudio La religión en América Latina 1995 2025 2026, publicado por Latinobarómetro el 9 de noviembre de 2026, documenta una transformación profunda.

En 1995, el 80 por ciento de las personas latinoamericanas se identificaba como católica. Tres décadas después, esa proporción descendió al 55 por ciento. Al mismo tiempo, las iglesias evangélicas alcanzaron el 19 por ciento de la población y aumentó el número de personas sin afiliación religiosa.

Las diferencias entre países son importantes. Mientras Uruguay y Chile muestran mayores niveles de secularización, en Honduras, Guatemala y El Salvador las iglesias evangélicas poseen una presencia especialmente significativa.

México presenta una trayectoria distinta. La identificación católica pasó del 77 al 69 por ciento, la disminución más moderada entre los países incluidos en el análisis. Esto indica una mayor continuidad religiosa, aunque no significa que la sociedad mexicana permanezca inmóvil.

También existe un dato que obliga a mirar el fenómeno con cuidado: la confianza regional en las iglesias todavía alcanza el 63 por ciento, mientras que el 53 por ciento de la población se considera practicante o muy practicante. Disminuye la identificación con una religión tradicional, pero no desaparece la religiosidad. América Latina continúa creyendo, aunque lo hace desde identidades más diversas.

Las iglesias como redes de confianza

La importancia democrática de estos datos no consiste en suponer que una religión determina automáticamente el voto. Las personas católicas, evangélicas o sin afiliación religiosa no forman bloques políticos homogéneos. Dentro de cada grupo existen diferencias de edad, educación, condición económica, territorio, ideología y preferencia partidista.

Sin embargo, las organizaciones religiosas conservan algo que muchas instituciones públicas y partidos han perdido: presencia comunitaria y confianza cotidiana.

Las iglesias no sólo ofrecen servicios religiosos. En numerosas comunidades también funcionan como espacios de encuentro, asistencia, orientación y solidaridad. Pueden llegar a territorios donde los partidos aparecen únicamente durante las campañas y donde las instituciones del Estado mantienen una presencia limitada.

Esa capacidad puede servir para apoyar a personas vulnerables, promover valores cívicos, defender derechos humanos y organizar acciones comunitarias. También puede convertirse en una vía para difundir posiciones políticas, movilizar electores o influir en decisiones públicas. Por eso, la relación entre religión y democracia debe analizarse desde las condiciones en que se ejerce esa influencia.

La participación religiosa no es el problema

Una democracia no puede pedir a las personas creyentes que abandonen sus convicciones antes de participar en la vida pública.

La libertad religiosa comprende el derecho a profesar una creencia, cambiarla, no tener ninguna y expresar públicamente las propias convicciones. Las personas religiosas tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano a opinar sobre educación, seguridad, pobreza, derechos humanos o políticas familiares.

El límite aparece cuando la libertad religiosa se transforma en una estructura de presión electoral. No es lo mismo expresar una posición moral que solicitar el voto desde una posición de autoridad espiritual. Tampoco es igual participar en un debate público que poner una red religiosa al servicio de un partido o candidatura.

La diferencia puede encontrarse en la coordinación, el financiamiento, el uso de estructuras organizadas y la existencia de beneficios o contraprestaciones. La pregunta democrática no debe ser si una persona religiosa puede intervenir en política. Desde luego que puede. Lo que debe investigarse es si actúa por convicción propia o mediante coordinación partidista, si existe un pago o beneficio, si se utiliza una estructura religiosa para promover una candidatura y si la actividad fue reportada y fiscalizada cuando correspondía.

La laicidad como espacio de convivencia

En ocasiones se presenta la laicidad como una posición contraria a la religión. Esa interpretación es equivocada.

El Estado laico no busca eliminar la fe del espacio público. Su función es impedir que una creencia particular se convierta en doctrina oficial del gobierno o en condición para ejercer derechos.

La laicidad protege a quien practica una religión, a quien pertenece a otra y a quien no profesa ninguna. Garantiza que ninguna identidad sea perseguida, pero también que ninguna pueda imponerse mediante el poder público.

En una sociedad crecientemente diversa, la laicidad adquiere todavía más importancia. Ya no es únicamente una separación jurídica entre el Estado y las iglesias. Es una regla de convivencia entre ciudadanos que pueden sostener convicciones distintas y, aun así, reconocerse como iguales.

Las políticas públicas deben justificarse mediante razones que puedan ser discutidas por toda la ciudadanía. Una persona puede llegar a una posición política por motivos religiosos, pero el Estado debe explicar sus decisiones con argumentos constitucionales, derechos, evidencia y razones públicas.

Del púlpito a las redes sociales

La transformación religiosa coincide con otro cambio: la expansión de la comunicación digital. Un líder religioso puede ser, al mismo tiempo, guía espiritual, referente comunitario, creador de contenido e influencer. Sus mensajes pueden llegar a miles de personas sin pasar por los medios tradicionales.

Esta nueva realidad complica la regulación electoral. Un mensaje puede presentarse como reflexión religiosa cuando, en realidad, forma parte de una campaña coordinada. Pero también puede ocurrir lo contrario: una opinión legítima podría ser indebidamente perseguida como propaganda.

El estudio de IDEA Internacional sobre influencers políticos advierte que las leyes electorales suelen depender de la existencia de un pago comprobable. Esa regla puede dejar fuera regalos, beneficios, contratos indirectos, intermediarios y otras formas de coordinación que no aparecen dentro de las plataformas digitales.

El reto consiste en proteger la libertad de expresión sin convertirla en refugio de la propaganda encubierta. Por ello, no basta con observar el contenido de una publicación. También debe investigarse quién diseñó la estrategia, cómo se difundió, si existió coordinación, quién obtuvo una ventaja y si hubo alguna contraprestación económica o en especie.

Una democracia para una sociedad plural

La pérdida de una identidad religiosa única no debe entenderse necesariamente como una crisis. También puede representar una oportunidad para reconocer que la sociedad siempre ha sido más diversa de lo que sus instituciones admitían.

El pluralismo religioso puede enriquecer la democracia cuando amplía la participación, fortalece la solidaridad y abre espacios de diálogo. Pero también puede debilitarla si las creencias se utilizan para dividir a la ciudadanía, condicionar el voto o convertir las estructuras religiosas en aparatos partidistas.

México y América Latina necesitan una relación madura entre religión y política. Una relación que proteja la fe sin conceder privilegios, que permita participar sin imponer y que reconozca la diversidad sin convertirla en confrontación permanente.

La región no ha dejado de creer. Simplemente ya no cree de una sola manera. La democracia debe aprender a convivir con esa realidad. Su respuesta no puede ser expulsar las convicciones religiosas de la vida pública ni permitir que una de ellas domine al Estado.

El camino es más exigente: garantizar que todas las voces puedan participar, pero que ninguna pueda hablar en nombre de toda la sociedad.

Fuentes

Corporación Latinobarómetro. La religión en América Latina 1995 2025 2026. 9 de noviembre de 2026. Consultar publicación

International IDEA. Influence and Political Integrity Mapping Regulatory Frameworks for Influencers in Elections. Noviembre de 2026. Consultar informe

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