viernes, 16 de octubre de 2026

Los tribunales no se defienden solos

 La independencia judicial necesita oposición, ciudadanía e instituciones capaces de limitar al poder

Mtro. Manuel Alberto Cruz Martínez

Cuando pensamos en la defensa de la Constitución, imaginamos a jueces independientes que, mediante una sentencia, detienen los abusos del poder. La imagen es correcta, pero incompleta. Un tribunal puede invalidar una decisión, pero no controla por sí mismo su presupuesto, la designación de sus integrantes ni la ejecución política de todas sus resoluciones.

Por eso, los tribunales no se defienden solos. Su independencia depende también de la existencia de una oposición responsable, organizaciones ciudadanas activas, medios capaces de investigar y una sociedad dispuesta a aceptar los límites al poder, incluso cuando la sentencia contradice sus preferencias.

Esta conclusión encuentra respaldo en la investigación de Andrew O’Donohue publicada en octubre de 2026 por el Journal of Democracy. El autor examinó 25 intentos de regresión democrática y analizó con mayor detalle los casos de Brasil, Israel y Polonia. Su hallazgo principal es claro: los tribunales resistieron mejor cuando contaron con aliados fuera del ámbito judicial.

La independencia también se construye desde fuera

Esos aliados pueden ser partidos de oposición con presencia legislativa, organizaciones civiles, universidades, colegios de abogados, medios de comunicación, organismos internacionales y ciudadanos dispuestos a movilizarse. Cada uno cumple una función distinta.

La oposición puede detener reformas dirigidas a controlar a los tribunales y exigir explicaciones al gobierno. La sociedad civil puede documentar presiones. Los medios pueden investigar interferencias. La ciudadanía puede recordar que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para cualquiera que necesite protección frente a una autoridad más poderosa.

La relación funciona en ambos sentidos. Cuando la ciudadanía y las instituciones respaldan la independencia judicial, los jueces cuentan con mejores condiciones para emitir resoluciones difíciles. Cuando los tribunales protegen derechos y frenan abusos, conservan el espacio en el cual la sociedad puede organizarse, informar y exigir cuentas. No es una defensa corporativa. Es un sistema de protección mutua.

La oposición como contrapeso necesario

Uno de los resultados más relevantes del estudio es que la independencia judicial fue más resistente cuando la oposición conservó fuerza suficiente dentro del poder legislativo. Esa presencia permitió bloquear destituciones, recortes o reformas destinadas a reducir las facultades de los tribunales.

Esto no significa que cualquier partido opositor sea democrático ni que toda crítica al gobierno proteja a la Constitución. Existen oposiciones irresponsables, divididas o incapaces de ofrecer alternativas. Sin embargo, sus errores no eliminan la función que deben cumplir.

Una oposición democrática vigila, pregunta, propone y exige explicaciones. No tiene que rechazar todo, pero tampoco puede limitarse a acompañar las decisiones de la mayoría. Su presencia obliga al poder a justificar sus actos y permite que quienes no votaron por el gobierno también tengan representación.

Este punto resulta especialmente importante a la luz de Latinobarómetro 2026. En México, 78 por ciento de las personas entrevistadas considera indispensables las elecciones, pero sólo 38 por ciento reconoce como necesaria la existencia de una oposición. La distancia revela una comprensión incompleta de la democracia: valoramos el momento de elegir, pero no necesariamente a quienes deben vigilar al ganador.

Defender al juez que nos contradice

La independencia judicial se pone a prueba cuando un tribunal emite una sentencia que no nos gusta. Es sencillo defender a los jueces cuando sus decisiones coinciden con nuestras preferencias. La verdadera convicción democrática aparece cuando aceptamos que también pueden limitar al gobierno, partido o proyecto con el cual simpatizamos.

Los tribunales no están para favorecer sistemáticamente a la oposición ni para sustituir las decisiones políticas. Su responsabilidad consiste en verificar que el poder actúe dentro de la Constitución y respete los derechos.

Independencia tampoco significa ausencia de rendición de cuentas. Los jueces necesitan transparencia, evaluación y procedimientos disciplinarios. La diferencia está en la finalidad: esos mecanismos deben mejorar la justicia, no castigar a quien resuelve contra los intereses del gobierno.

Reformar al Poder Judicial puede ser legítimo y necesario. Controlarlo políticamente es otra cosa.

La captura rara vez ocurre de un solo golpe

La experiencia comparada muestra que el debilitamiento judicial suele avanzar paso a paso. Se desacredita a los jueces, se reducen recursos, se modifican las designaciones o se incumplen sentencias. Finalmente, cualquier límite judicial puede presentarse como una conspiración contra la mayoría.

Cada medida puede parecer justificable si se examina de manera aislada. El peligro aparece cuando todas producen el mismo resultado: reducir la capacidad del tribunal para revisar los actos del poder.

Ante ese proceso, una sentencia difícilmente basta. Si el Congreso renuncia a ejercer controles, la oposición carece de fuerza, los medios no investigan y la sociedad permanece indiferente, el tribunal puede conservar su nombre y su edificio mientras pierde gradualmente su independencia.

La lección para México

México atraviesa una transformación profunda de su sistema judicial. La discusión no debería agotarse en decidir si los jueces deben ser electos o designados mediante determinado procedimiento. También debemos preguntar si podrán resolver sin temor a perder el cargo, si existirán mecanismos imparciales de disciplina, si se respetarán sus sentencias y si habrá instituciones capaces de impedir represalias.

Estas preguntas no interesan únicamente a los abogados. Una persona necesita tribunales independientes cuando enfrenta una detención arbitraria, un despido injustificado, una expropiación, una negativa de atención médica o un abuso administrativo. La independencia judicial se vuelve concreta cuando alguien necesita que la ley lo proteja frente a una autoridad.

La ciudadanía tampoco sustituye a las instituciones. Una protesta no reemplaza una sentencia ni una organización civil ocupa el lugar del Congreso. Su función es crear condiciones para que cada institución cumpla con su responsabilidad sin quedar aislada.

Una responsabilidad compartida

Los tribunales deben ganarse la confianza mediante resoluciones claras, consistentes y comprensibles. La oposición debe defender reglas y derechos, no solamente posiciones partidistas. Los medios deben explicar cómo los cambios judiciales afectan la vida diaria. Las universidades y los colegios profesionales deben producir evidencia, no consignas. La ciudadanía debe comprender que limitar al poder no equivale a impedir que gobierne.

La principal lección de la investigación es que la democracia funciona como una red. Cuando uno de sus componentes es atacado, los demás deben sostenerlo. Si cada institución permanece aislada, todas se vuelven más vulnerables.

Los tribunales no se defienden solos porque la Constitución tampoco se protege por sí misma. Necesita jueces independientes, oposición responsable y ciudadanía activa. Cuando alguno de esos elementos desaparece, el poder deja de encontrar límites. Y cuando el poder ya no encuentra límites, cualquier persona puede quedar sin defensa.

Fuentes de referencia

Andrew O’Donohue, How Courts Survive Democratic Backsliding, Journal of Democracy, volumen 37, número 4, octubre de 2026, pp. 165-181. https://www.journalofdemocracy.org/articles/how-courts-survive-democratic-backsliding/

Corporación Latinobarómetro, Informe Latinobarómetro 2026, publicado el 2 de octubre de 2026. https://www.latinobarometro.org/news/informe-latinobarometro-2026

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