Por Manuel Alberto Cruz
Hay momentos en los que una nación parece hablar un mismo idioma. Durante el Mundial de Futbol, millones de mexicanos compartimos la misma emoción, discutimos las alineaciones, celebramos los triunfos y lamentamos las derrotas. Por unos días, la conversación nacional dejó de ser política para convertirse en deportiva.
Sin embargo, mientras la atención pública permanecía concentrada en las canchas, en el ámbito legislativo resurgía una discusión que probablemente tendrá consecuencias mucho más profundas que cualquier resultado futbolístico: la regulación del contenido que los ciudadanos publican en las redes sociales bajo el argumento de combatir el denominado "discurso de odio".
No se trata de un debate menor.
La forma en que una democracia decide regular la expresión de sus ciudadanos constituye uno de los mejores indicadores para medir la calidad de sus instituciones. La historia demuestra que las libertades rara vez desaparecen de manera abrupta; normalmente se erosionan poco a poco, mediante normas que nacen con objetivos aparentemente incuestionables.
¿Quién podría oponerse a combatir la discriminación?
¿Quién defendería la violencia o el racismo?
Prácticamente nadie.
Precisamente por ello, las iniciativas que buscan limitar determinadas expresiones suelen construirse alrededor de causas socialmente legítimas. El problema aparece cuando los conceptos jurídicos dejan de ser objetivos y comienzan a depender de la interpretación de quien ejerce el poder.
¿Qué es exactamente un discurso de odio?
¿Una amenaza?
¿Una injuria?
¿Una opinión ofensiva?
¿Una crítica severa contra un servidor público?
¿Una investigación periodística?
¿Una sátira política?
Las respuestas parecen sencillas hasta que se intenta convertirlas en normas jurídicas.
En una democracia constitucional no basta con afirmar que una expresión resulta ofensiva para restringirla. La Constitución mexicana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la propia jurisprudencia de la Suprema Corte establecen que la libertad de expresión goza de una protección especialmente amplia cuando se refiere a asuntos de interés público o a la actuación de quienes ejercen funciones gubernamentales.
Y ello tiene una razón profundamente democrática: el poder debe soportar un mayor nivel de escrutinio que los ciudadanos.
Por ello preocupa que, periódicamente, resurjan propuestas para regular el contenido de las redes sociales mediante conceptos abiertos como "odio", "desinformación" o "violencia digital", sin definir con precisión sus elementos objetivos.
No se trata de negar la existencia de campañas de odio ni de minimizar la violencia que diariamente enfrentan mujeres, periodistas, grupos indígenas, personas con discapacidad o integrantes de la comunidad LGBTQ+. Esa violencia existe y debe combatirse con toda la fuerza del Estado.
Lo verdaderamente delicado consiste en impedir que el remedio termine siendo más peligroso que la enfermedad.
La experiencia internacional ofrece lecciones importantes.
En la Unión Europea, Alemania o Brasil existen modelos regulatorios cada vez más estrictos para las plataformas digitales, pero también se han abierto intensos debates sobre el riesgo de que empresas privadas o autoridades administrativas determinen qué contenidos permanecen visibles y cuáles desaparecen.
Estados Unidos, por el contrario, mantiene una protección extraordinariamente amplia de la libertad de expresión precisamente porque parte del principio de que corresponde a la sociedad —y no al gobierno— confrontar las ideas mediante más debate, no mediante censura.
México deberá encontrar su propio equilibrio.
Pero ese equilibrio exige reglas claras, controles judiciales efectivos y definiciones jurídicas precisas. De lo contrario, una norma diseñada para combatir el odio podría terminar utilizándose para desalentar la crítica política, limitar el periodismo de investigación, inhibir la sátira o desincentivar la participación ciudadana en los asuntos públicos.
La discusión adquiere una relevancia todavía mayor si se observa el contexto político que vive nuestro país.
En los próximos años México enfrentará procesos electorales de enorme trascendencia. Las campañas se desarrollarán, en buena medida, dentro de las redes sociales. Será ahí donde circularán denuncias, investigaciones, críticas, propaganda, información falsa y, lamentablemente, también expresiones discriminatorias.
Precisamente por ello, cualquier regulación deberá construirse con una extraordinaria responsabilidad democrática.
No basta con combatir el odio.
Hay que evitar que, bajo ese noble propósito, terminemos normalizando mecanismos capaces de restringir el libre intercambio de ideas.
Porque cuando una sociedad entrega al poder la facultad de decidir qué opiniones pueden expresarse, la discusión deja de centrarse en los derechos de las personas y comienza a girar alrededor de los límites que el propio poder impone a la libertad.
Quizá esa sea la verdadera reflexión que nos deja este debate.
Mientras México observaba un Mundial de futbol, el país volvió a enfrentarse a un partido mucho más importante: el que definirá, en los próximos años, hasta dónde puede llegar la libertad de expresión en la era digital.
Y ese resultado, a diferencia de cualquier campeonato, nos acompañará durante generaciones.
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