Durante décadas escuchamos que los tratados comerciales eran instrumentos eminentemente económicos.
Hoy la realidad demuestra exactamente lo contrario.
El comercio internacional se ha convertido en una extensión de la política exterior, de la seguridad nacional y de la competencia geopolítica entre las grandes potencias.
La decisión de Estados Unidos de no respaldar la extensión automática del T-MEC por un nuevo periodo de dieciséis años debe entenderse bajo esa lógica. Jurídicamente el tratado continúa vigente.
No existe una ruptura inmediata de la integración económica de Norteamérica. Sin embargo, el mensaje político enviado desde Washington es contundente: la continuidad del acuerdo dependerá de que sus socios ofrezcan condiciones que Estados Unidos considere compatibles con sus intereses estratégicos.
Mucho se ha dicho que esta decisión responde exclusivamente al déficit comercial, a la competencia china o a la industria automotriz. Todos esos factores existen.
Pero sería ingenuo ignorar otro elemento que aparece de manera constante en los análisis internacionales: la certidumbre jurídica.
Los mercados no invierten únicamente donde existen bajos costos laborales o ventajas geográficas. Invierten donde existe la convicción de que los contratos serán respetados, que las controversias serán resueltas por jueces independientes y técnicamente capacitados y que las reglas del juego no cambiarán por decisiones políticas.
En este contexto surge inevitablemente la pregunta: ¿la reforma judicial mexicana fue la causa de la decisión estadounidense?
La respuesta jurídica es no. Hasta ahora ningún documento oficial del gobierno de Estados Unidos afirma que la negativa a extender el T-MEC obedezca directamente a dicha reforma. Sería incorrecto sostenerlo como un hecho.
Sin embargo, sería igualmente equivocado ignorar que la reforma judicial ha sido señalada por autoridades estadounidenses, organismos empresariales y centros especializados como un factor que podría afectar la confianza de los inversionistas y la eficacia de los mecanismos de solución de controversias previstos en el propio tratado.
No se trata solamente de elegir jueces mediante voto popular. Lo que realmente preocupa a los inversionistas es la previsibilidad del sistema jurídico. Cuando un inversionista decide instalar una planta automotriz o un centro de producción con una vida útil de veinte o treinta años, necesita saber que los tribunales actuarán con independencia, que las autoridades respetarán los contratos y que el marco regulatorio permanecerá relativamente estable.
La confianza, más que cualquier incentivo fiscal, constituye el principal activo de una economía moderna.
A ello se suma un fenómeno mucho más profundo. La revisión del T-MEC coincide con una transformación institucional sin precedentes en México: la desaparición de organismos constitucionalmente autónomos, la reforma judicial, cambios regulatorios en sectores estratégicos y una mayor participación del Estado en actividades económicas. Aunque cada una de estas reformas puede defenderse desde la soberanía constitucional mexicana, vistas en conjunto generan interrogantes entre quienes deben comprometer miles de millones de dólares en inversiones de largo plazo.
Desde Washington la lógica parece distinta. El objetivo ya no consiste únicamente en facilitar el comercio. Estados Unidos pretende fortalecer su propia industria, reducir la dependencia de Asia, impedir que China utilice a México como plataforma exportadora y garantizar que las cadenas de suministro permanezcan bajo reglas compatibles con sus intereses nacionales.
Por ello, la discusión sobre el T-MEC ya no gira exclusivamente alrededor de aranceles. Ahora incluye seguridad nacional, migración, energía, propiedad intelectual, Estado de derecho, competencia económica y estabilidad institucional.
México enfrenta así uno de los mayores desafíos desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994.
Paradójicamente, el mayor riesgo no consiste en que el tratado desaparezca mañana. El verdadero riesgo es la incertidumbre.
Las inversiones pueden esperar. El capital puede posponer decisiones. Las empresas pueden instalar nuevas plantas en Texas, Ontario o incluso regresar a Estados Unidos. La incertidumbre pocas veces provoca crisis inmediatas; normalmente produce un fenómeno mucho más silencioso y peligroso: las oportunidades dejan de llegar.
Hoy México enfrenta además un contexto económico complejo. Un crecimiento prácticamente estancado, presiones fiscales crecientes, elevados compromisos de deuda pública y una economía que depende de manera extraordinaria del mercado estadounidense. En esas condiciones, prolongar la incertidumbre comercial representa un costo que difícilmente puede ignorarse.
La lección resulta evidente.
El desarrollo económico no depende exclusivamente de la existencia de un tratado comercial. Depende de la fortaleza de las instituciones, de la certeza jurídica, de la confianza en los tribunales, de la estabilidad regulatoria y de la credibilidad internacional del Estado.
Los tratados pueden abrir mercados.
Las instituciones son las que convencen a los inversionistas de permanecer en ellos.
Quizá esa sea la verdadera negociación que comienza hoy. No únicamente la del T-MEC, sino la de la confianza que México proyecta hacia el mundo. Porque en la economía del siglo XXI el recurso más escaso ya no es el capital; es la certeza.
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