Hay países cuya historia sirve para recordar que la democracia no aparece por generación espontánea. Se construye, se aprende, se practica y, llegado el momento, también se defiende.
Portugal es uno de ellos.
El 25 de abril de 1974, la llamada Revolución de los Claveles puso fin a décadas de autoritarismo. Aquel movimiento, iniciado por militares, abrió una transición que culminaría pocos años después en un régimen constitucional democrático. Lo verdaderamente interesante, sin embargo, no fue solamente que cayera una dictadura. Fue lo que ocurrió después.
Portugal tuvo que aprender a ser democrático.
Tuvo que construir partidos competitivos, elecciones periódicas, libertades públicas, tribunales, reglas constitucionales y mecanismos para controlar al poder. Pero también tuvo que construir algo mucho más difícil de escribir en una Constitución: una sociedad acostumbrada a vivir en democracia.
Cincuenta años después, Portugal es considerado una democracia consolidada. Freedom House lo calificó en 2025 con 96 puntos sobre 100 y destaca la existencia de elecciones competitivas, libertades civiles, independencia judicial, libertad de asociación y una sociedad civil activa.
Pero quizá la verdadera lección portuguesa no está en sus instituciones.
Está en otra parte.
Una reflexión reciente sobre aquella transición resumía el asunto con una frase sencilla: no hay democracia sin demócratas.
Parece una obviedad.
No lo es.
Durante años hemos pensado la democracia fundamentalmente desde las instituciones. Si existen elecciones, tribunales, congresos, partidos políticos, organismos electorales y una Constitución que establece límites al poder, entonces suponemos que existe democracia.
El problema es que todas esas instituciones funcionan únicamente mientras alguien considere importante defenderlas.
Una Constitución puede establecer la división de poderes, pero no puede obligar a una sociedad a valorar esa división.
Puede garantizar la libertad de expresión, pero no puede obligarnos a tolerar las opiniones que detestamos.
Puede reconocer derechos a las minorías, pero no puede enseñarnos por decreto a respetarlas.
Puede crear tribunales independientes, pero ninguna norma consigue por sí sola que una sociedad salga en su defensa cuando alguien intenta debilitarlos.
Y ahí comienza la parte incómoda de la conversación.
Porque quizá durante muchos años confundimos construir instituciones democráticas con construir una sociedad democrática.
No son exactamente lo mismo.
Las instituciones pueden diseñarse desde arriba.
La cultura democrática se construye desde abajo.
Portugal atravesó una larga dictadura y, después de 1974, tuvo que aprender lentamente nuevas reglas de convivencia política. Hubo tensiones, conflictos, incertidumbre y fuerzas que pretendieron orientar la transición en direcciones distintas. Pero la participación social tuvo un papel fundamental para impedir que el país regresara fácilmente al autoritarismo. La ciudadanía salió a las calles, aparecieron nuevos partidos, organizaciones y movimientos y, progresivamente, la democracia comenzó a convertirse no solamente en un sistema político, sino en una expectativa social.
Eso no significa que Portugal haya resuelto para siempre sus problemas.
En absoluto.
International IDEA advierte que entre 2019 y 2024 el país experimentó deterioros en algunos indicadores relacionados con representación, derechos y Estado de derecho. Y en las elecciones legislativas de mayo de 2025, Chega, una fuerza populista de derecha radical, obtuvo alrededor del 23 por ciento de los votos y se convirtió en una de las principales fuerzas parlamentarias.
Esto vuelve todavía más interesante el ejemplo.
Porque nos recuerda algo fundamental:
las democracias nunca están terminadas.
No existe un momento histórico en el que una sociedad pueda decir: ya llegamos, ahora la democracia funcionará sola.
Las instituciones envejecen.
Los ciudadanos se desencantan.
Los partidos pierden legitimidad.
La corrupción erosiona confianza.
Las desigualdades alimentan resentimientos.
Las redes sociales amplifican la polarización.
Y siempre aparece alguien dispuesto a explicar que todos los problemas podrían resolverse si elimináramos algunos obstáculos, algunos controles, algunos jueces, algunos organismos incómodos.
Normalmente el argumento comienza así:
“Hay demasiados límites.”
Después continúa:
“Las instituciones impiden gobernar.”
Y termina preguntando:
“¿Para qué necesitamos tantos contrapesos?”
La historia democrática debería enseñarnos a desconfiar precisamente de esa última pregunta.
Porque los contrapesos no fueron creados para facilitar el ejercicio del poder.
Fueron creados para dificultar su abuso.
México conoce bien esta discusión.
Durante varias décadas construimos instituciones electorales, tribunales especializados, organismos autónomos, mecanismos de transparencia y procedimientos de control constitucional.
Podremos discutir si funcionaron bien o mal.
Podremos cuestionar sus costos.
Podremos señalar errores, excesos o privilegios.
Todo eso forma parte de una democracia.
Pero hay una pregunta diferente que pocas veces hacemos:
¿construimos también suficientes ciudadanos democráticos?
Ciudadanos capaces de defender una institución aun cuando una de sus decisiones no les guste.
Ciudadanos capaces de reconocer que el adversario político también tiene derechos.
Ciudadanos que comprendan que ganar una elección no significa adquirir todo el poder.
Ciudadanos capaces de distinguir entre mayoría electoral y poder absoluto.
Porque ahí está quizá una de las mayores confusiones de nuestro tiempo.
La democracia reconoce el gobierno de las mayorías.
Pero también fue inventada para impedir que las mayorías pudieran hacerlo todo.
Por eso existen constituciones.
Por eso existen jueces.
Por eso existen derechos fundamentales.
Por eso existen oposiciones.
Por eso existe libertad de expresión.
Y por eso existen instituciones que resultan incómodas para quien gobierna.
Si todas las instituciones obedecieran automáticamente al ganador de una elección, probablemente tendríamos gobierno mayoritario.
Pero difícilmente tendríamos democracia constitucional.
La experiencia portuguesa también invita a mirar hacia otro lugar: la sociedad civil.
Universidades, asociaciones profesionales, periodistas, sindicatos, organizaciones ciudadanas, investigadores, abogados, estudiantes y ciudadanos comunes forman una especie de infraestructura democrática que rara vez aparece escrita en las constituciones.
Pero puede ser tan importante como ellas.
Porque cuando las instituciones son presionadas, alguien debe defenderlas.
Y aquí aparece una pregunta todavía más provocadora:
¿quién debe defender la democracia cuando quienes ocupan las instituciones dejan de hacerlo?
La respuesta no puede ser únicamente “otra institución”.
En algún momento la respuesta tiene que ser: la sociedad.
Ahí conecta Portugal con México.
No porque nuestras historias sean iguales.
No lo son.
Ni porque debamos importar modelos extranjeros.
Cada democracia tiene sus propias circunstancias.
La comparación sirve para algo distinto: permite mirar nuestros problemas desde otro espejo.
Portugal demuestra que una transición democrática puede comenzar con nuevas instituciones, pero solamente se consolida cuando la sociedad acepta ciertos principios como propios.
El pluralismo.
La tolerancia.
La libertad.
El respeto al adversario.
La idea de que el poder debe tener límites.
Quizá por eso la pregunta democrática más importante de nuestro tiempo no sea solamente si nuestras instituciones son fuertes.
Tal vez deberíamos preguntarnos algo todavía más elemental:
¿qué tan fuertes somos nosotros como sociedad democrática?
Porque podemos reformar constituciones, diseñar organismos electorales y crear tribunales.
Pero ninguna ingeniería constitucional puede sustituir una convicción ciudadana fundamental:
que nadie, por popular que sea, debe tener todo el poder.
La democracia necesita instituciones.
Pero antes que instituciones necesita demócratas.
Y quizá esa sea la verdadera lección portuguesa para México.
No hay comentarios:
Publicar un comentario