Resumen
La regulación de los derechos de las audiencias plantea una de las tensiones más complejas del constitucionalismo democrático contemporáneo: proteger el derecho colectivo a recibir información plural, accesible y transparente sin transformar al Estado en árbitro de la verdad, la corrección lingüística o la orientación editorial de los medios de comunicación. El presente artículo analiza críticamente los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias desde los artículos 1.º, 6.º, 7.º y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como desde el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se sostiene que determinadas obligaciones —accesibilidad, identificación de publicidad, protección de la infancia, derecho de réplica y alfabetización mediática— fortalecen la dimensión social de la libertad de expresión. Sin embargo, las exigencias de veracidad, separación rígida entre información y opinión, promoción de determinados valores y suspensión precautoria de transmisiones pueden resultar incompatibles con la prohibición de censura previa, la reserva de ley, la taxatividad y el principio de proporcionalidad. El trabajo propone interpretar los derechos de las audiencias como instrumentos de ampliación del debate público y no como fundamento para establecer controles administrativos sobre el contenido del discurso.
Palabras clave: libertad de expresión, derechos de las audiencias, censura previa, libertad editorial, radiodifusión, veracidad, proporcionalidad, Convención Americana.
I. Introducción
La libertad de expresión no protege únicamente a quien emite un mensaje. También garantiza que la sociedad pueda buscar, recibir y conocer informaciones, ideas, opiniones y manifestaciones culturales provenientes de fuentes diversas. Esta doble dimensión —individual y colectiva— explica el reconocimiento constitucional de los derechos de las audiencias.
En principio, no existe una contradicción necesaria entre libertad de expresión y derechos de las audiencias. Ambos forman parte de un mismo sistema democrático de comunicación. La libertad editorial protege a periodistas, comunicadores, concesionarios y productores frente a interferencias estatales; los derechos de las audiencias protegen a la sociedad frente a la opacidad comercial, la discriminación, la exclusión, la inaccesibilidad y determinadas prácticas que dificultan la formación de un juicio autónomo.
La tensión aparece cuando la autoridad deja de regular las condiciones estructurales de acceso, pluralidad y transparencia y comienza a fiscalizar el significado, la corrección o la veracidad de los contenidos.
Los Lineamientos examinados declaran que su objeto consiste en regular los mecanismos de defensa de las audiencias y, simultáneamente, preservar la libertad de expresión, la libertad programática, la libertad editorial y la prohibición de censura previa. No obstante, también facultan al órgano regulador para monitorear contenidos, realizar requerimientos, resolver denuncias e imponer sanciones. �
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Esta arquitectura genera una pregunta constitucional decisiva:
¿Hasta dónde puede llegar la protección administrativa de las audiencias sin convertir al Estado en supervisor de la verdad informativa o de la orientación editorial de los medios?
La tesis de este artículo es que los derechos de las audiencias son constitucional y convencionalmente legítimos cuando amplían el acceso a la información, transparentan los intereses económicos, protegen a grupos en situación de vulnerabilidad y ofrecen mecanismos de réplica o rectificación. En cambio, se vuelven problemáticos cuando se utilizan para imponer una determinada concepción de verdad, corrección, equilibrio, moralidad o utilidad social del discurso.
Nota metodológica
El documento analizado se estudia como un modelo normativo y como antecedente de la regulación mexicana de los derechos de las audiencias. Por tanto, las conclusiones no implican afirmar que cada una de sus disposiciones conserve actualmente la misma vigencia, sino determinar su compatibilidad material con el parámetro constitucional y convencional de libertad de expresión.
II. Los derechos de las audiencias como dimensión social de la libertad de expresión
La libertad de expresión posee una dimensión individual porque protege el derecho de cada persona a comunicar ideas, informaciones y opiniones. Pero también tiene una dimensión social: garantiza el derecho de la colectividad a recibirlas y conocerlas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos explicó desde la Opinión Consultiva OC-5/85 que la libertad de expresión requiere que nadie sea arbitrariamente impedido de manifestar su pensamiento y que, al mismo tiempo, la sociedad pueda recibir cualquier información y conocer la expresión del pensamiento ajeno.
En este sentido, las audiencias no son simples consumidoras de contenidos audiovisuales. Son titulares de derechos relacionados con:
la pluralidad informativa;
el acceso a contenidos;
la transparencia comercial;
la no discriminación;
la accesibilidad;
el derecho de réplica;
y la protección frente a prácticas engañosas.
Los Lineamientos reconocen entre sus principios rectores el principio pro persona, la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad, la no discriminación, el acceso plural y oportuno a la información, la libertad de expresión y el interés superior de la niñez. �
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Asimismo, reconocen el derecho de las audiencias a recibir contenidos que reflejen la pluralidad ideológica, política, social, cultural y lingüística, además de información con oportunidad y veracidad. �
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Esta concepción es constitucionalmente valiosa. Sin embargo, la dimensión social de la libertad de expresión no puede invocarse para anular su dimensión individual. La audiencia tiene derecho a recibir contenidos plurales, pero ello no significa que cada programa, periodista o comunicador tenga que expresar todas las posiciones posibles ni adoptar una neutralidad impuesta por la autoridad.
La pluralidad debe entenderse principalmente como una condición estructural del sistema de comunicación:
diversidad de medios;
desconcentración de la propiedad;
acceso equitativo al espectro;
existencia de medios públicos, comunitarios, indígenas y sociales;
diversidad regional, cultural y lingüística;
y ausencia de controles estatales o económicos que silencien determinadas voces.
Convertir la pluralidad en una obligación de equilibrio interno de cada contenido podría terminar produciendo homogeneización editorial.
III. Parámetro constitucional mexicano
1. Artículo 1.º constitucional
El artículo 1.º de la Constitución obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
La aplicación del principio pro persona no supone que deba favorecerse automáticamente a la audiencia frente al comunicador. Exige armonizar los derechos concurrentes y adoptar la interpretación que otorgue la mayor protección compatible a todos ellos.
En un conflicto sobre contenidos audiovisuales deben ponderarse, al menos:
la libertad de expresión de quien emite el mensaje;
la libertad editorial y programática del medio;
el derecho de las audiencias a recibir información;
la protección de la niñez;
la igualdad y la no discriminación;
el derecho de réplica;
y el interés democrático del contenido difundido.
El principio pro persona no puede funcionar como una cláusula de desplazamiento automático de la libertad editorial.
2. Artículos 6.º y 7.º constitucionales
Los artículos 6.º y 7.º protegen la manifestación de las ideas y la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio.
De estas disposiciones se desprenden diversas garantías:
prohibición de censura previa;
prohibición de restricciones indirectas;
protección reforzada del discurso político;
libertad de crítica;
libertad editorial;
y exigencia de responsabilidades ulteriores sujetas a legalidad y proporcionalidad.
La protección constitucional no comprende solamente las expresiones correctas, moderadas o mayoritariamente aceptadas. También alcanza discursos incómodos, provocadores, satíricos, exagerados, críticos o disruptivos.
Si la libertad de expresión se limitara a los mensajes previamente aprobados por la autoridad o por la mayoría, perdería su función democrática.
3. Artículo 28 constitucional y facultades regulatorias
La radiodifusión utiliza bienes públicos y presta servicios de interés general, por lo que está sujeta a una regulación especializada. Sin embargo, la existencia de facultades regulatorias no elimina los límites constitucionales.
El órgano regulador puede desarrollar aspectos técnicos, mecanismos de accesibilidad, transparencia, defensa de las audiencias y cumplimiento de obligaciones legales. Lo que no puede hacer es crear, mediante disposiciones administrativas, nuevas restricciones sustantivas a la libertad de expresión que no estén claramente previstas en la ley.
Aquí aparece el principio de reserva de ley: las restricciones al contenido esencial de un derecho fundamental deben emanar de una norma legislativa, ser claras, previas, accesibles y previsibles.
La regulación administrativa no puede convertirse en una vía indirecta para determinar:
qué información es verdadera;
qué lenguaje es correcto;
qué valores deben promoverse;
qué opinión resulta equilibrada;
o qué línea editorial es socialmente conveniente.
IV. Parámetro convencional: el artículo 13 de la Convención Americana
El artículo 13 de la Convención Americana protege el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Su estructura normativa establece dos reglas centrales:
prohibición general de censura previa;
admisión excepcional de responsabilidades ulteriores.
Las responsabilidades ulteriores sólo son válidas cuando:
están expresamente fijadas por ley;
persiguen una finalidad convencionalmente legítima;
resultan necesarias en una sociedad democrática;
y son estrictamente proporcionales.
La Corte Interamericana ha desarrollado estos elementos en casos como La última tentación de Cristo vs. Chile, Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Kimel vs. Argentina, Granier y otros vs. Venezuela y Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina.
De esta jurisprudencia se desprende que las restricciones deben superar un examen particularmente riguroso cuando afectan:
asuntos de interés público;
crítica a funcionarios;
información política;
investigaciones periodísticas;
procesos electorales;
corrupción;
seguridad pública;
o cuestiones relacionadas con el ejercicio del poder.
La Convención también prohíbe las restricciones indirectas. Por tanto, la censura no se configura únicamente cuando una autoridad prohíbe expresamente una publicación o transmisión. También puede producirse mediante:
sanciones desproporcionadas;
controles de frecuencias;
amenazas administrativas;
revocación selectiva de concesiones;
monitoreo intimidatorio;
regulación ambigua;
o procedimientos que generen autocensura.
El efecto inhibidor es constitucionalmente relevante aunque la autoridad no sancione todos los casos. La incertidumbre sobre lo permitido puede inducir a periodistas y medios a excluir contenidos controvertidos para evitar riesgos regulatorios.
V. Medidas que fortalecen la libertad de expresión
1. Accesibilidad para personas con discapacidad
Las obligaciones de subtitulaje, lengua de señas, formatos accesibles y mecanismos adecuados para presentar reclamaciones no restringen la libertad de expresión. Por el contrario, amplían la posibilidad real de recibirla.
La accesibilidad convierte una libertad formal en un derecho efectivo. Un mensaje que técnicamente se transmite, pero que no puede ser comprendido por determinadas personas debido a barreras evitables, no satisface plenamente la dimensión social de la libertad de expresión.
Estas obligaciones se relacionan con:
igualdad sustantiva;
no discriminación;
accesibilidad universal;
y participación de las personas con discapacidad en la vida pública.
Su validez dependerá de que las cargas técnicas sean razonables, progresivas y proporcionales, pero su finalidad constitucional es sólida.
2. Identificación de publicidad y contenido patrocinado
Los Lineamientos reconocen el derecho a distinguir entre publicidad, contenido programático e información periodística. También establecen mecanismos visuales o auditivos para identificar espacios comercializados y patrocinados. � �
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Estas disposiciones favorecen la autonomía de las audiencias, pues permiten conocer la naturaleza económica de un mensaje y valorar críticamente su contenido.
La regulación no determina qué puede decirse, sino que exige informar si existe una relación comercial. Por ello, su incidencia sobre la libertad editorial es menor y su justificación constitucional es más fuerte.
No obstante, debe diferenciarse entre la obligación sustantiva de transparentar y las formalidades concretas utilizadas. Una duración, frase o símbolo excesivamente rígidos podrían resultar innecesarios frente a alternativas técnicamente equivalentes.
3. Protección de la infancia
La protección reforzada de niñas, niños y adolescentes es una finalidad constitucional y convencional legítima.
Los Lineamientos incluyen obligaciones dirigidas a prevenir contenidos que estimulen la violencia, la discriminación, la explotación infantil o la vulneración de la identidad de víctimas de delitos sexuales. También regulan la publicidad dirigida a menores y prohíben aprovechar su inexperiencia o inmadurez. � �
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Estas medidas pueden ser constitucionales cuando se instrumentan mediante:
clasificación de contenidos;
advertencias;
franjas horarias;
controles parentales;
protección de datos;
y restricciones específicas a publicidad dirigida a menores.
La protección infantil no debe extenderse indiscriminadamente a toda la audiencia adulta. Una prohibición general, aplicada a cualquier horario y contenido, podría transformarse en una forma de paternalismo incompatible con la autonomía personal.
4. Derecho de réplica y rectificación
El derecho de réplica permite responder a informaciones que causen una afectación jurídicamente relevante. Es un mecanismo menos restrictivo que la censura o la sanción.
En lugar de silenciar el primer mensaje, amplía el debate incorporando una segunda voz.
La rectificación y la réplica son especialmente adecuadas porque:
preservan la circulación de información;
permiten corregir inexactitudes;
disminuyen daños;
y evitan que la autoridad sustituya el debate social.
Su aplicación debe respetar la diferencia entre hechos y opiniones. No toda crítica genera derecho a exigir que el medio adopte o difunda la posición de la persona inconforme.
5. Alfabetización mediática
Los Lineamientos entienden la alfabetización mediática como el conjunto de acciones dirigidas a desarrollar la capacidad de análisis, comprensión y evaluación de los contenidos audiovisuales. �
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Éste es uno de los instrumentos más compatibles con la democracia constitucional. Frente a contenidos falsos, engañosos o manipuladores, la respuesta no debe consistir siempre en prohibir, sino en fortalecer las capacidades de las personas para identificar fuentes, intereses, géneros informativos y técnicas de persuasión.
La alfabetización mediática desplaza el centro de gravedad:
del control estatal hacia la autonomía ciudadana;
de la censura hacia el pensamiento crítico;
y de la tutela paternalista hacia la deliberación informada.
VI. La problemática exigencia de veracidad
Los Lineamientos definen la veracidad como la exigencia de que la información difundida sobre hechos se encuentre respaldada por un ejercicio razonable de investigación y comprobación de su correspondencia con la realidad. �
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La formulación contiene un elemento positivo: no parece exigir infalibilidad absoluta, sino una investigación razonable. Sin embargo, el concepto presenta riesgos constitucionales.
1. El Estado no puede establecer una verdad oficial
La libertad de expresión sería ilusoria si la autoridad administrativa pudiera determinar qué versión de los hechos es verdadera y sancionar toda información que no coincida con ella.
En asuntos complejos puede existir:
información incompleta;
fuentes contradictorias;
documentos reservados;
testimonios divergentes;
investigaciones en curso;
o hechos cuya interpretación cambia con nueva evidencia.
La democracia requiere permitir que distintas versiones circulen y sean contrastadas.
2. Diferencia entre hechos y opiniones
No puede exigirse veracidad a una opinión, porque los juicios de valor no son susceptibles de demostración objetiva.
Debe distinguirse entre:
afirmaciones fácticas;
interpretaciones;
inferencias;
opiniones;
sátira;
parodia;
predicciones;
e hipérboles retóricas.
Expresiones como “el gobierno ha fracasado”, “la reforma es autoritaria” o “el funcionario carece de legitimidad” son valoraciones políticas, no hechos que deban probarse como verdaderos o falsos.
3. Diligencia razonable frente a exactitud absoluta
Una interpretación conforme permitiría entender la veracidad como deber de diligencia profesional respecto de hechos verificables.
La pregunta no debería ser exclusivamente si la información resultó correcta, sino:
si existían fuentes identificables;
si el asunto era urgente;
si se intentó corroborar;
si se distinguieron hechos y especulaciones;
si se ofreció oportunidad de respuesta;
y si el medio corrigió posteriormente un error conocido.
La información errónea no pierde automáticamente protección. En muchos casos, la sanción del error inevitable genera un daño mayor al debate público que la propia inexactitud.
4. Estándar reforzado para asuntos de interés público
Cuando la información se refiere a funcionarios, instituciones, recursos públicos o procesos electorales, debe reconocerse un margen más amplio de protección.
La crítica al poder puede ser severa, incómoda e incluso contener errores. Si cualquier inexactitud genera responsabilidad administrativa, los medios tenderán a difundir solamente información oficial o incontrovertible, debilitando su función de vigilancia.
VII. Separación entre información y opinión
El artículo 15 de los Lineamientos ordena que quien presente información advierta de manera expresa cuando una manifestación constituye opinión y no forma parte de la información noticiosa. �
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La finalidad de transparencia es legítima. La audiencia debe poder distinguir, en términos generales, entre:
noticia;
análisis;
editorial;
publicidad;
comentario;
entretenimiento;
y propaganda.
No obstante, la obligación puede resultar desproporcionada si se aplica de manera literal y fragmentaria.
La comunicación periodística suele combinar hechos, contexto, inferencias y valoración. Esto ocurre particularmente en:
entrevistas;
crónicas;
mesas de debate;
programas en vivo;
análisis político;
y reportajes interpretativos.
Exigir una advertencia formal cada vez que una persona transita de la descripción a la valoración puede alterar artificialmente el discurso e interferir en la autonomía editorial.
Existen alternativas menos restrictivas:
identificar el género general del programa;
usar elementos gráficos;
diferenciar secciones;
publicar códigos editoriales;
transparentar la identidad de comentaristas;
y facilitar réplica o rectificación.
La obligación podría ser constitucional si se entiende como deber general de transparencia. Sería problemática si se convierte en un tipo sancionador aplicable a cada expresión espontánea.
VIII. La promoción de valores y el “uso correcto del lenguaje”
Los Lineamientos señalan que la programación debe propiciar finalidades como la integración familiar, el desarrollo de la niñez, la difusión cultural, la unidad nacional, la igualdad de género y el uso correcto del lenguaje. �
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Varias de estas finalidades son legítimas como orientaciones generales. El problema aparece cuando se transforman en obligaciones sancionables.
Conceptos como “integración familiar”, “unidad nacional” o “uso correcto del lenguaje” son abiertos y culturalmente controvertidos.
Surgen preguntas inevitables:
¿Qué modelo de familia debe promoverse?
¿Puede criticarse la identidad nacional?
¿Quién determina qué lenguaje es correcto?
¿Las expresiones regionales, populares o indígenas son incorrectas?
¿Puede sancionarse una obra artística deliberadamente transgresora?
¿Qué ocurre con la sátira, el humor político o la protesta?
El lenguaje no es neutral ni inmutable. Está atravesado por diferencias regionales, sociales, generacionales y culturales. Una autoridad administrativa carece de legitimidad democrática para imponer una ortodoxia lingüística.
Estas disposiciones sólo serían compatibles con la libertad de expresión si se interpretan como objetivos no sancionables y no como criterios autónomos para prohibir o castigar contenidos.
IX. Códigos de ética y defensorías de las audiencias
1. Códigos de ética
Los Lineamientos prevén códigos de ética que incluyan misión, visión, valores, identidad programática, mecanismos de independencia de las defensorías, líneas editoriales y compromisos con audiencias infantiles y personas con discapacidad. �
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Los códigos pueden contribuir a:
transparentar criterios editoriales;
elevar estándares profesionales;
generar confianza;
y establecer mecanismos internos de rendición de cuentas.
Sin embargo, deben conservar su carácter de autorregulación.
Una norma ética no necesariamente satisface los requisitos de taxatividad del derecho administrativo sancionador. Expresiones como objetividad, equilibrio, responsabilidad o respeto pueden orientar una práctica profesional, pero son demasiado abiertas para justificar por sí mismas una sanción estatal.
El regulador puede verificar que exista un código, que sea público y que haya mecanismos para recibir quejas. No debería aprobar su orientación ideológica ni imponer una línea editorial uniforme.
2. Defensorías
Los Lineamientos establecen que los concesionarios deben proporcionar a la defensoría los recursos necesarios y respetar su independencia e imparcialidad. �
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La defensoría constituye un mecanismo menos restrictivo que la sanción porque puede:
recibir observaciones;
mediar;
emitir recomendaciones;
solicitar aclaraciones;
y promover correcciones.
No obstante, su independencia enfrenta una dificultad estructural: es nombrada y financiada por el concesionario cuya actuación analiza.
La respuesta no debe consistir en permitir que el gobierno designe al defensor, pues ello aumentaría el riesgo de control estatal. Es preferible establecer:
procedimientos públicos de designación;
requisitos profesionales;
incompatibilidades;
periodos definidos;
causas objetivas de remoción;
publicidad de informes;
y protección frente a represalias.
X. Suspensión precautoria de transmisiones y censura previa
La suspensión precautoria es el aspecto más delicado del modelo regulatorio. Los Lineamientos la definen como una prohibición temporal para transmitir determinado contenido y crean un comité encargado de ordenarla para proteger los derechos de las audiencias. � �
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1. La naturaleza depende de sus efectos
Aunque se denomine “medida precautoria”, si impide la transmisión futura de un contenido antes de una resolución definitiva constituye materialmente una restricción previa.
En materia de libertad de expresión, el nombre administrativo de la medida no altera su naturaleza constitucional.
2. Presunción de incompatibilidad
Una suspensión basada en alguno de los siguientes motivos sería especialmente problemática:
falta de veracidad;
lenguaje incorrecto;
ausencia de equilibrio;
valores familiares;
unidad nacional;
confusión entre opinión e información;
o apreciaciones generales sobre dignidad.
En estos casos existen medios menos restrictivos:
réplica;
rectificación;
advertencia;
clasificación;
transparencia;
recomendación;
o responsabilidad ulterior.
3. Supuestos excepcionalísimos
Una intervención previa sólo podría aproximarse a la constitucionalidad ante riesgos graves, concretos, inmediatos y jurídicamente demostrables, por ejemplo:
explotación sexual infantil;
revelación de información que genere un peligro cierto para una persona;
contenido cuya transmisión constituya directamente una conducta delictiva;
o protección de menores dentro del margen expresamente admitido por la Convención Americana.
Incluso entonces serían indispensables:
fundamento legal claro;
motivación reforzada;
demostración de riesgo inminente;
temporalidad estricta;
audiencia inmediata;
control judicial expedito;
y prohibición de extender la medida a contenidos distintos.
Sin estas garantías, la suspensión precautoria corre el riesgo de convertirse en censura administrativa.
XI. Derecho administrativo sancionador y taxatividad
Cuando el regulador puede imponer sanciones, resultan aplicables los principios del derecho administrativo sancionador:
legalidad;
tipicidad;
taxatividad;
culpabilidad;
presunción de inocencia;
proporcionalidad;
debido proceso;
y seguridad jurídica.
No es suficiente afirmar que un contenido vulneró genéricamente los derechos de las audiencias. La resolución debe identificar:
la obligación legal específica;
la conducta atribuible;
el elemento de culpabilidad;
el daño o riesgo acreditado;
y la relación proporcional entre infracción y sanción.
Las cláusulas programáticas no deben convertirse automáticamente en tipos sancionadores.
Una autoridad no podría sancionar únicamente porque un contenido:
no promovió suficientemente valores;
utilizó lenguaje considerado incorrecto;
fue crítico con la unidad nacional;
no pareció equilibrado;
o expresó una opinión controvertida.
La ambigüedad normativa genera un efecto inhibidor. Los medios pueden retirar contenidos no porque sean ilícitos, sino porque no saben cómo serán interpretados por la autoridad.
XII. Aplicación del examen de proporcionalidad
1. Identificación de publicidad
La medida persigue transparencia, es idónea y generalmente necesaria. Su validez depende de que las formalidades técnicas no sean excesivas.
Resultado: constitucionalidad probable.
2. Accesibilidad
Persigue igualdad sustantiva, amplía el acceso a la información y no controla el contenido ideológico del mensaje.
Resultado: constitucionalidad reforzada.
3. Protección infantil
Es legítima cuando utiliza clasificación, advertencias, horarios y medidas específicas.
Resultado: constitucionalidad condicionada a que no produzca prohibiciones generales para audiencias adultas.
4. Diferenciación entre información y opinión
Persigue claridad, pero una aplicación literal puede interferir en la autonomía periodística.
Resultado: constitucional sólo mediante interpretación flexible y no punitiva.
5. Veracidad
Es incompatible si se entiende como obligación de verdad oficial o exactitud absoluta.
Resultado: constitucional únicamente como deber posterior de diligencia razonable respecto de afirmaciones fácticas.
6. Suspensión precautoria
Constituye potencialmente censura previa y normalmente existen alternativas menos restrictivas.
Resultado: presunción de inconstitucionalidad, salvo circunstancias verdaderamente excepcionales y control judicial inmediato.
XIII. Los dos riesgos de la comunicación democrática
El debate no debe reducirse a elegir entre medios sin regulación o control estatal de contenidos.
Existen dos riesgos simultáneos.
A. Poder privado sin control democrático
Puede manifestarse mediante:
concentración de propiedad;
publicidad encubierta;
exclusión de grupos;
discriminación;
falta de accesibilidad;
desinformación deliberada;
y confusión entre intereses comerciales e información.
B. Poder público excesivo
Puede manifestarse mediante:
censura;
sanciones selectivas;
definición oficial de la verdad;
supervisión ideológica;
presión sobre concesiones;
y utilización política del regulador.
Una democracia constitucional debe controlar ambos poderes.
La solución consiste en privilegiar mecanismos que fortalezcan a la audiencia sin controlar el contenido editorial:
transparencia;
pluralidad estructural;
accesibilidad;
réplica;
rectificación;
alfabetización mediática;
defensorías independientes;
y control judicial.
XIV. Conclusiones
Primera. Los derechos de las audiencias encuentran fundamento constitucional y convencional en la dimensión social de la libertad de expresión.
Segunda. La libertad editorial y los derechos de las audiencias no son derechos necesariamente antagónicos. Deben interpretarse de manera interdependiente.
Tercera. Las medidas de accesibilidad, identificación de publicidad, protección específica de la infancia, réplica y alfabetización mediática fortalecen el acceso democrático a la información.
Cuarta. La obligación de veracidad sólo es compatible con la Constitución si se entiende como deber de diligencia razonable respecto de hechos verificables y no como facultad estatal para establecer una verdad oficial.
Quinta. Las opiniones, juicios de valor, sátiras, inferencias y críticas políticas no pueden someterse a una prueba administrativa de veracidad.
Sexta. La separación entre información y opinión puede funcionar como estándar general de transparencia, pero resulta desproporcionada si se aplica mecánicamente a cada intervención periodística.
Séptima. Las referencias al uso correcto del lenguaje, la integración familiar o la unidad nacional no deben utilizarse como fundamentos autónomos para sancionar contenidos.
Octava. Los códigos de ética y las defensorías son legítimos como instrumentos de autorregulación, pero no deben transformarse en mecanismos gubernamentales de disciplina editorial.
Novena. La suspensión precautoria de transmisiones presenta un riesgo directo de censura previa. Su utilización sólo podría justificarse frente a peligros graves, concretos e inmediatos, bajo control judicial expedito.
Décima. Los derechos de las audiencias deben ampliar el debate público y no reducirlo.
La regla democrática fundamental puede sintetizarse de la siguiente manera:
Ante la información controvertida, debe preferirse más información; ante la inexactitud, réplica y rectificación; ante la publicidad encubierta, transparencia; ante la desinformación, alfabetización mediática; y ante los posibles abusos, responsabilidades ulteriores sujetas a legalidad y proporcionalidad, no censura previa.
El Estado debe garantizar que las personas puedan acceder a una comunicación plural, transparente y accesible. Pero no puede asumir la facultad de determinar qué ideas son aceptables, qué opiniones son correctas ni cuál es la verdad que la sociedad debe recibir.
Bibliografía y fuentes normativas
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, especialmente artículos 1, 2, 8, 13 y 25.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, Washington, D. C., 2000.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, La colegiación obligatoria de periodistas, Opinión Consultiva OC-5/85, 13 de noviembre de 1985.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso La última tentación de Cristo —Olmedo Bustos y otros— vs. Chile, sentencia de 5 de febrero de 2001.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sentencia de 2 de julio de 2004.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Kimel vs. Argentina, sentencia de 2 de mayo de 2008.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, sentencia de 29 de noviembre de 2011.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Granier y otros —Radio Caracas Televisión— vs. Venezuela, sentencia de 22 de junio de 2015.
Instituto Federal de Telecomunicaciones, Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, documento objeto de análisis.
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia relativa a libertad de expresión, libertad de prensa, sistema dual de protección, interés público, derecho al honor y derecho administrativo sancionador.
