Resumen
La violencia político-electoral en México ha dejado de ser
un fenómeno estrictamente asociado a los procesos comiciales para convertirse
en una manifestación permanente de disputa territorial entre organizaciones
criminales, actores políticos y estructuras gubernamentales locales. El Reporte
Integralia 2025 documenta 382 casos de violencia político-electoral durante ese
año, la segunda cifra más alta desde 2018, lo que confirma una tendencia de
normalización de la violencia como mecanismo de control político y territorial.
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El presente artículo analiza la evolución del fenómeno, sus
causas estructurales, la vulnerabilidad municipal, la relación entre crimen
organizado y poder político, así como los riesgos que enfrenta la democracia
mexicana de cara a los procesos electorales de 2027 y 2030.
I. Introducción
La democracia mexicana enfrenta un desafío que trasciende
los tradicionales problemas de representación política, financiamiento
electoral o competencia partidista: la consolidación de la violencia como
instrumento de acceso y control del poder.
Durante décadas, la violencia electoral se consideró un
fenómeno excepcional. Sin embargo, los datos recientes muestran que la agresión
contra funcionarios públicos, aspirantes, candidatos y actores políticos se ha
convertido en una práctica sistemática vinculada a la expansión territorial de
organizaciones criminales.
Según Integralia, en 2025 se registraron 382 incidentes de
violencia política, cifra solamente inferior a los 399 casos reportados en
2024. El incremento respecto de 2019 alcanza 385.3%, lo que evidencia un
deterioro progresivo de las condiciones de seguridad para el ejercicio de los
derechos político-electorales. �
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Esta realidad obliga a replantear la relación entre
seguridad pública, gobernabilidad democrática y organización electoral.
II. La desvinculación de la violencia respecto de los ciclos
electorales
Uno de los hallazgos más relevantes del reporte es que la
violencia política ya no depende exclusivamente de la celebración de
elecciones. Integralia destaca que 2025 no fue un año electoral federal
ordinario, salvo la elección judicial y los procesos municipales en dos
entidades federativas; sin embargo, los niveles de violencia permanecieron
extraordinariamente altos. �
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Este fenómeno revela una transformación profunda:
Antes: Violencia = competencia electoral.
Ahora: Violencia = control territorial permanente.
La finalidad ya no consiste únicamente en influir sobre el
voto ciudadano, sino en controlar gobiernos municipales, instituciones de
seguridad, presupuestos públicos y redes económicas regionales.
En otras palabras, la violencia política se ha convertido en
una extensión de la disputa criminal por el territorio.
III. Crimen organizado y captura institucional
Uno de los aportes más importantes del informe es la
construcción de una "cadena de control criminal". Integralia
identifica tres etapas:
1. Control territorial
Las organizaciones criminales buscan:
Eliminar rivales.
Silenciar opositores.
Consolidar presencia regional.
2. Captura institucional
Una vez controlado el territorio buscan:
Capturar ayuntamientos.
Influir en policías municipales.
Controlar obras públicas.
Acceder a recursos presupuestales.
Garantizar impunidad.
3. Consolidación de regímenes criminales
Las consecuencias incluyen:
Extorsión sistemática.
Control económico regional.
Tráfico de personas.
Dominio de actividades legales e ilegales. �
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Este esquema coincide con diversos estudios sobre gobernanza
criminal en América Latina, particularmente en Colombia, Brasil y México, donde
grupos armados buscan sustituir parcial o totalmente las funciones estatales.
IV. El municipio como eslabón débil del federalismo mexicano
El dato más alarmante del reporte es que el 79.3% de los
casos ocurrieron en el ámbito municipal.
De los 382 eventos registrados:
303 afectaron autoridades municipales.
57 autoridades estatales.
22 autoridades federales. �
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Esta distribución no es casual.
Los municipios mexicanos presentan:
Policías insuficientemente profesionalizadas.
Escasa capacidad financiera.
Débil infraestructura institucional.
Dependencia económica de estados y federación.
Baja capacidad de investigación criminal.
La reforma política de las últimas décadas fortaleció la
competencia electoral local, pero no fortaleció paralelamente las capacidades
institucionales de los gobiernos municipales.
Como consecuencia, muchos municipios se han convertido en
objetivos estratégicos para organizaciones criminales.
V. La letalidad como mecanismo predominante
Otro aspecto preocupante es la naturaleza de los ataques.
De los 382 incidentes registrados:
Tipo de agresión
Casos
Homicidios
188
Amenazas
96
Atentados armados
50
Secuestros
24
Desapariciones
18
Otros
6
Prácticamente uno de cada dos eventos fue un homicidio. �
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Este dato revela una transformación cualitativa:
En años anteriores predominaban amenazas o actos de
intimidación.
Actualmente predomina la eliminación física del adversario.
La violencia política mexicana se acerca cada vez más a
patrones observados en democracias frágiles donde el asesinato se convierte en
herramienta de competencia política.
VI. Geografía de la violencia
El fenómeno presenta una clara concentración territorial.
Los estados con mayor incidencia fueron:
Veracruz (104 casos)
Guerrero (34)
Morelos (32)
Oaxaca (29)
Puebla (26)
Guanajuato (21) �
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La coincidencia entre estas entidades y las regiones con
mayor presencia de organizaciones criminales es evidente.
No se trata de una distribución aleatoria.
Los focos de violencia corresponden a corredores
estratégicos para:
Tráfico de drogas.
Extorsión.
Robo de combustible.
Trata de personas.
Control de rutas comerciales.
La política se convierte así en un componente adicional de
la economía criminal.
VII. La elección judicial y los nuevos riesgos
Un elemento novedoso del reporte es la aparición de casos
relacionados con el Poder Judicial.
Integralia documenta agresiones contra:
Candidatos judiciales.
Integrantes de poderes judiciales estatales.
Integrantes del Poder Judicial Federal. �
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Este dato resulta especialmente relevante considerando la
reciente implementación de la elección popular de jueces y magistrados.
Si los grupos criminales ya buscan capturar ayuntamientos,
resulta lógico prever intentos futuros de influir también en la integración de
órganos jurisdiccionales.
La elección judicial introduce una nueva dimensión de
vulnerabilidad institucional que aún no ha sido suficientemente estudiada.
VIII. El vacío de las reformas electorales
Quizá la conclusión más contundente del reporte es la
ausencia de propuestas institucionales para enfrentar este fenómeno.
Mientras las reformas electorales recientes se han
concentrado en:
Reducción de costos.
Reconfiguración institucional.
Paridad de género.
Acciones afirmativas.
Reglas de representación.
Prácticamente no existen mecanismos específicos para
prevenir la captura criminal de procesos electorales. �
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La seguridad electoral sigue siendo tratada como un problema
policial y no como un problema estructural de gobernabilidad democrática.
IX. Riesgos para las elecciones de 2027
A partir de la evidencia disponible pueden identificarse al
menos cinco riesgos para los procesos electorales de 2027:
1. Incremento de homicidios políticos
La tendencia ascendente observada desde 2019 sugiere que los
asesinatos podrían alcanzar niveles récord.
2. Expansión territorial
Nuevos municipios podrían incorporarse a zonas de riesgo.
3. Inhibición de candidaturas
La violencia podría desalentar la participación ciudadana.
4. Captura de gobiernos locales
El crimen organizado podría influir decisivamente en la
integración de ayuntamientos.
5. Debilitamiento de la legitimidad democrática
La ciudadanía puede percibir que los resultados electorales
responden más a la coerción que a la voluntad popular.
X. Conclusiones
La violencia político-electoral en México ya no constituye
una anomalía del sistema democrático, sino una de sus amenazas estructurales
más graves.
Los datos de Integralia muestran que la violencia ha
evolucionado desde un instrumento ocasional de competencia electoral hacia un
mecanismo permanente de control territorial ejercido por organizaciones
criminales. �
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La elevada concentración de casos en municipios confirma que
el problema se encuentra íntimamente relacionado con la debilidad institucional
del gobierno local y con la capacidad del crimen organizado para capturar
espacios de poder.
Si esta tendencia continúa, las elecciones de 2027 podrían
desarrollarse en un contexto de violencia superior al observado en 2025,
comprometiendo no sólo la integridad de los actores políticos, sino también la
calidad misma de la democracia mexicana.
La discusión ya no debe centrarse exclusivamente en cómo
organizar elecciones libres y competitivas, sino en cómo garantizar que el
Estado conserve el monopolio legítimo del poder frente a actores criminales que
buscan sustituirlo.
Referencia
Integralia Consultores. Reporte Integralia: Violencia
Política en 2025. Ciudad de México, 16 de marzo de 2026. �
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