Cuando aparecen las candidaturas muchas condiciones de la competencia ya fueron definidas

Mtro. Manuel Alberto Cruz Martínez

En México solemos pensar que una elección comienza cuando aparecen los primeros anuncios, se registran las candidaturas o los partidos salen abiertamente a pedir el voto. Jurídicamente, el proceso tiene una fecha de inicio. Políticamente, sin embargo, la competencia empieza mucho antes.

Antes de la campaña se aprueban las reglas, se distribuye el presupuesto, se nombra a quienes aplicarán la ley y se contratan los sistemas tecnológicos. También se actualiza el padrón, se modifica la cartografía, se seleccionan proveedores y comienzan a circular recursos, mensajes y aspiraciones.

Cuando finalmente aparecen las candidaturas, buena parte de las condiciones de la elección ya está construida. Por eso, proteger una elección no consiste únicamente en vigilar la jornada. Significa identificar desde ahora los riesgos que podrían afectar la libertad del voto, la equidad de la competencia y la autenticidad de los resultados.

De reaccionar a prevenir

La administración electoral mexicana se ha desarrollado principalmente alrededor de procedimientos y calendarios. Cada etapa tiene fechas, responsables y documentos específicos. Esa organización es indispensable, pero puede ser insuficiente frente a los riesgos actuales.

La violencia política, el financiamiento ilícito, la propaganda anticipada, la manipulación digital y la intervención de servidores públicos no respetan los calendarios oficiales.

Una red de financiamiento puede formarse antes de que exista una candidatura registrada. Una empresa puede contratar publicidad para posicionar a una persona que formalmente todavía no compite. Un grupo criminal puede impedir que determinadas aspiraciones lleguen siquiera al registro. Una base de datos puede utilizarse para construir perfiles políticos meses antes de la campaña.

Esperar a que comience formalmente la elección puede significar llegar tarde.

IDEA Internacional presentó la fase de aplicación de su proyecto Protecting Elections. Su propuesta es pasar de intervenciones aisladas a una gestión permanente de riesgos. Para ello incorpora capacitación y una herramienta tecnológica destinada a identificar, valorar y dar seguimiento a amenazas electorales.

La aportación más importante no es el programa informático en sí mismo. Es el cambio de lógica: la autoridad no debe limitarse a responder cuando la irregularidad ya ocurrió. Debe reconocer anticipadamente las condiciones que pueden producirla.

No todo riesgo es una irregularidad

La prevención exige utilizar conceptos claros. De lo contrario, cualquier sospecha puede convertirse en acusación y cualquier incidente en una petición de nulidad.

Conviene diferenciar seis momentos: riesgo, cuando existe una condición que podría afectar la elección; incidente, cuando sucede un hecho que activa ese riesgo; irregularidad, cuando se acredita una violación a la norma; daño, cuando la conducta afecta un derecho o principio electoral; irreparabilidad, cuando el daño ya no puede corregirse oportunamente; y determinancia, cuando la irregularidad alcanza una magnitud suficiente para comprometer el resultado o la autenticidad de la elección.

Por ejemplo, la presencia de organizaciones criminales en un municipio constituye un riesgo. La amenaza contra una candidatura es un incidente. Si se acredita que la amenaza obligó a una persona a renunciar, existe una irregularidad con efectos sobre la competencia.

Pero para hablar de determinancia todavía será necesario establecer su extensión territorial, duración, intensidad, impacto sobre otras candidaturas y relación con el resultado.

Esta distinción protege dos valores. Evita minimizar riesgos reales, pero también impide declarar inválida una elección basándose únicamente en conjeturas.

Los riesgos que comienzan antes de las campañas

Un sistema preventivo debe observar, por lo menos, siete áreas: las reglas electorales; la integración de las autoridades; el padrón, la cartografía y la credencialización; el financiamiento político; la violencia y el control territorial; la información y la tecnología; y la capacidad institucional para investigar y resolver.

Las reglas electorales

Las reformas aprobadas poco antes del inicio del proceso pueden producir incertidumbre. No sólo importa respetar el límite constitucional de los noventa días. También debe valorarse si las autoridades cuentan con tiempo suficiente para reglamentar, capacitar al personal y explicar los cambios a la ciudadanía.

Una norma puede ser formalmente oportuna y, aun así, generar dificultades operativas o interpretaciones contradictorias.

La integración de las autoridades

La imparcialidad electoral comienza con los nombramientos. Antes de las campañas debe conocerse si los cargos técnicos están completos, si las personas designadas cuentan con experiencia y si existen condiciones para disentir sin sufrir represalias.

Los cambios de personal no son exclusivamente asuntos laborales. Una remoción puede afectar la memoria institucional, la continuidad de una investigación y la capacidad para ejecutar una sentencia.

Aquí aparece, como parte de la narrativa, la situación reciente del INE. Las controversias administrativas, las acusaciones relacionadas con contrataciones y los cambios en áreas técnicas deben examinarse por sus posibles efectos sobre la operación electoral. No porque cualquier conflicto demuestre automáticamente una captura, sino porque la debilidad administrativa puede trasladarse a la fiscalización, la investigación y la conservación de pruebas.

El padrón la cartografía y la credencialización

La actualización del Registro Federal de Electores, el reseccionamiento y la producción de credenciales son actividades previas, pero repercuten directamente en el ejercicio del voto.

Una modificación de sección puede cambiar la casilla donde votará una persona. Una inconsistencia en la credencial puede generar confusión. Una falla de seguridad en las bases de datos puede afectar información personal de millones de ciudadanos.

Esto no significa que cualquier error produzca fraude o nulidad. Se necesita documentar su magnitud, distribución territorial, posibilidad de corrección y efecto real sobre la ciudadanía. Precisamente por eso se requieren auditorías, trazabilidad de los cambios y mecanismos accesibles para verificar y corregir información antes de la jornada.

El financiamiento político

El dinero empieza a circular antes de que comience la fiscalización ordinaria de las campañas. Puede aparecer mediante propaganda disfrazada de información, asociaciones civiles, espectaculares, eventos, encuestas, influencers o estructuras territoriales.

La iniciativa de IDEA Internacional, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito e IFES sobre transparencia del financiamiento político propone conectar autoridades electorales, organismos anticorrupción, auditorías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera.

Para México, esta cooperación es necesaria, pero debe tener límites claros. Compartir información financiera no puede convertirse en una vía para excluir adversarios sin audiencia, filtrar datos protegidos o utilizar investigaciones con fines políticos. El reto consiste en seguir el dinero sin sacrificar el debido proceso.

La violencia y el control territorial

La seguridad electoral no comienza con la protección de candidaturas registradas. Meses antes pueden existir amenazas, desplazamientos, presiones y filtros informales para decidir quién puede competir.

En algunas regiones, la violencia no necesariamente busca alterar el conteo. Su propósito puede ser más temprano: reducir la oferta política antes de que la ciudadanía tenga oportunidad de elegir.

Un mapa de riesgos debe observar renuncias inesperadas, cambios de candidatura, amenazas, cancelación de reuniones, restricciones territoriales, presiones contra periodistas, intervención criminal y municipios donde sólo una fuerza puede realizar actividades públicas.

El silencio también puede ser un dato. La ausencia de denuncias no siempre significa ausencia de violencia; puede reflejar miedo o falta de canales seguros.

La información y la tecnología

La desinformación electoral tampoco comienza durante la campaña. Las narrativas sobre fraude, parcialidad o ilegalidad pueden construirse con meses de anticipación.

A ello se agregan cuentas coordinadas, inteligencia artificial, suplantación de identidad, microsegmentación y utilización indebida de datos personales.

La prevención no debe consistir en censurar opiniones. Debe concentrarse en detectar operaciones coordinadas, identificar financiamiento oculto, preservar evidencia y explicar oportunamente las decisiones institucionales.

La capacidad para investigar y resolver

Una elección necesita autoridades capaces de reaccionar a tiempo. Si una denuncia tarda meses en investigarse, la resolución puede llegar cuando la conducta ya produjo todos sus efectos.

La prevención también debe medir las cargas de trabajo, el personal disponible, el tiempo promedio de investigación, la capacidad pericial, la preservación de evidencia digital, la coordinación entre autoridades y el cumplimiento de sentencias.

El INE informó el 5 de noviembre que resolvió 18 procedimientos de fiscalización; diez fueron fundados y generaron sanciones por más de 1.17 millones de pesos. Entre las irregularidades identificadas estuvieron gastos no reportados, aportaciones prohibidas, informes no veraces e incumplimientos a requerimientos.

El dato demuestra que la fiscalización funciona en casos concretos, pero no permite saber cuánto gasto permanece sin detectar ni si las multas eliminan la ventaja obtenida. Fiscalizar no debería significar solamente sancionar después; también debe impedir que el dinero irregular produzca efectos irreversibles.

Una responsabilidad compartida

La prevención electoral no corresponde exclusivamente al INE. Requiere la participación de organismos locales, tribunales, fiscalías, autoridades de seguridad, unidades financieras, órganos de protección de datos, plataformas, universidades, medios y organizaciones ciudadanas.

Aquí resulta útil la idea del ecosistema. No como eje central, sino como explicación de por qué una sola institución no puede identificar, investigar y corregir todos los riesgos.

Pero la cooperación también necesita controles: competencias definidas, protección de información sensible, criterios públicos, registro de decisiones, derecho de audiencia, posibilidad de impugnación y responsabilidad por filtraciones o usos políticos.

Una coordinación sin límites puede resultar tan peligrosa como la falta absoluta de comunicación.

Prevenir sin perseguir

La gestión de riesgos no debe utilizarse para criminalizar adversarios, vigilar opiniones o impedir candidaturas mediante sospechas.

Un mapa de riesgos no es una lista de culpables. Es una herramienta para decidir dónde reforzar capacidades, conservar información y proteger derechos.

La autoridad debe distinguir entre prevención y persecución. Puede monitorear patrones públicos, pero no intervenir comunicaciones privadas sin fundamento legal. Puede requerir información financiera, pero debe justificar su pertinencia. Puede proteger candidaturas, pero no utilizar informes de seguridad para favorecer a unas y excluir a otras.

La prevención democrática necesita ser eficaz y, al mismo tiempo, controlable.

Una elección se puede perder antes de comenzar

Cuando empieza la campaña, algunas ventajas ya pueden ser difíciles de corregir. Una estructura financiada durante meses, una candidatura eliminada mediante amenazas o una base de datos utilizada para segmentar propaganda no desaparecen simplemente porque la autoridad declare formalmente iniciado el periodo electoral.

La integridad comienza cuando se diseñan las reglas, se nombran las autoridades, se contratan los sistemas, se actualiza el padrón y se identifica el origen del dinero.

Por eso, la principal pregunta para 2027 no debería ser solamente si las casillas estarán instaladas y los votos serán contados correctamente. También debemos preguntar si llegaremos a la jornada con una competencia libre, autoridades capaces de investigar, información verificable y riesgos atendidos antes de convertirse en daños irreparables.

La calidad de una elección no se construye el día de la votación. Para entonces, muchas de sus condiciones fundamentales ya fueron decididas.