Fiscalización, propaganda digital y determinancia en las precampañas que no se llaman precampañas
En una elección no todas las ventajas se construyen durante la campaña.
Algunas comienzan mucho antes.
Un recorrido territorial hoy. Un espectacular mañana. Una entrevista. Miles de publicaciones en redes sociales. Asambleas. Videos. Encuestas. Estructuras municipales. Repetición constante de un nombre y un rostro.
Nada de eso, observado aisladamente, necesariamente constituye una infracción electoral.
Pero cuando todas esas piezas forman parte de una misma estrategia, aparece una pregunta que nuestro sistema electoral todavía no ha resuelto satisfactoriamente:
¿qué hacemos con la ventaja acumulada antes de que formalmente empiece la precampaña?
Ése puede convertirse en uno de los grandes problemas electorales de 2027.
El dinero también comienza a correr antes
La discusión suele concentrarse en determinar si alguien pronunció las palabras mágicas: “vota por mí”, “apóyame”, “elige a”.
Pero una campaña electoral no está hecha solamente de discursos.
Está hecha de recursos.
Una gira cuesta.
Un evento cuesta.
La producción de videos cuesta.
Los equipos de comunicación cuestan.
Los espectaculares cuestan.
La publicidad digital cuesta.
Transportar personas, instalar escenarios, producir propaganda y mantener estructuras territoriales también cuesta.
Por eso la fiscalización electoral no es un asunto contable menor.
Es una garantía de equidad.
En 2023 el INE tuvo que reconocer este problema cuando aparecieron los procedimientos políticos adelantados mediante los cuales Morena y sus aliados, por un lado, y el entonces Frente Amplio por México, por otro, comenzaron a posicionar a quienes posteriormente disputarían la Presidencia.
Los lineamientos emitidos mediante el acuerdo INE/CG448/2023 establecieron mecanismos especiales de fiscalización, visitas de verificación, monitoreo de propaganda y topes para las personas participantes. El objetivo declarado fue proteger la equidad, imparcialidad, neutralidad y legalidad antes del proceso electoral formal.
El resultado demostró que la preocupación no era imaginaria.
Al concluir aquella fiscalización, el INE reportó 6,270 hallazgos de propaganda en vía pública, 366 espectaculares, más de 5 mil acciones detectadas en internet y cientos de conceptos de gasto vinculados con eventos. Las irregularidades generaron sanciones superiores a 87 millones de pesos.
La pregunta para 2027 resulta inevitable:
si sabemos que estas actividades producen gastos y posicionamiento, ¿por qué esperar hasta la precampaña para comenzar a medir sus efectos?
La ventaja electoral también tiene memoria
Una campaña no empieza desde cero.
El ciudadano recuerda nombres.
Reconoce rostros.
Asocia personas con mensajes.
Quien aparece durante meses en bardas, redes sociales, recorridos territoriales y entrevistas llega al inicio de la precampaña con algo que los demás todavía tienen que construir: reconocimiento.
Ésa es una ventaja electoral real.
Puede no reflejarse inmediatamente en votos, pero modifica las condiciones de entrada a la competencia.
Pensemos en una carrera de cien metros.
La ley coloca a todos los participantes en la misma línea de salida el día en que comienza oficialmente la precampaña.
Pero uno de ellos lleva seis meses avanzando.
Cuando suena el disparo, formalmente todos comienzan juntos.
Materialmente, no.
Ésa es la diferencia entre igualdad formal y equidad efectiva.
Por eso el debate de 2026 importa
Durante la sesión del Consejo General del INE del 27 de mayo de 2026 se discutió precisamente la posibilidad de regular estos procedimientos políticos anticipados.
La propuesta contemplaba un mecanismo de fiscalización anticipada y, especialmente, que cuando posteriormente se acreditaran actos anticipados de precampaña o campaña, las erogaciones correspondientes pudieran acumularse a los topes de gasto de la elección respectiva.
La propuesta identificaba correctamente el problema.
Porque una sanción impuesta meses después puede castigar una conducta, pero no necesariamente elimina la ventaja obtenida.
Ésta es una distinción fundamental.
Sancionar no siempre significa reparar.
Una multa puede pagarse.
Un espectacular puede retirarse.
Una publicación puede eliminarse.
Pero el conocimiento adquirido por una persona entre miles o millones de electores no desaparece automáticamente.
La ventaja permanece.
Internet vuelve todavía más complejo el problema
En las campañas tradicionales era relativamente sencillo visualizar la propaganda.
Una barda estaba ahí.
Un espectacular podía fotografiarse.
Un evento dejaba renta de salón, sonido, transporte y propaganda.
El ecosistema digital es distinto.
Una publicación puede desaparecer en minutos y, sin embargo, haber sido reproducida miles de veces.
Un video puede ser difundido por cuentas aparentemente independientes.
Una estrategia puede combinar publicidad pagada, redes de simpatizantes, influencers, páginas informativas y contenidos replicados orgánicamente.
Y algo todavía más complejo: la propaganda deja de circular, pero el posicionamiento permanece.
La Sala Superior ya ha reconocido que la difusión en redes sociales puede ampliar la trascendencia de un mensaje hacia la ciudadanía y que, en determinados contextos, esa expansión debe analizarse al estudiar posibles actos anticipados y afectaciones a la equidad.
Por ello, fiscalizar únicamente la propaganda visible durante la campaña puede significar llegar demasiado tarde.
La huella digital anterior importa.
No todo posicionamiento es ilegal
También aquí debemos evitar conclusiones automáticas.
Una persona puede conceder entrevistas.
Puede participar en actividades partidistas.
Puede publicar opiniones.
Puede recorrer comunidades.
Puede hablar de política.
La democracia necesita libertad de expresión y actividad partidista.
La jurisprudencia electoral ha reiterado que para acreditar actos anticipados debe existir una solicitud expresa de apoyo electoral o un equivalente funcional suficientemente claro, además de analizarse la trascendencia hacia la ciudadanía y el contexto integral de la conducta.
Precisamente por eso el análisis serio no debe perseguir expresiones aisladas.
Debe buscar patrones.
¿Cuántos eventos hubo?
¿Durante cuánto tiempo?
¿Cuánto territorio cubrieron?
¿Cuánta propaganda se contrató?
¿Quién pagó?
¿Cuánto alcance digital tuvo?
¿Hubo coordinación?
¿La persona terminó convirtiéndose en candidata?
Esas preguntas permiten distinguir entre actividad política legítima y una campaña funcional anticipada.
De la ventaja a la determinancia
Aquí aparece finalmente el problema más delicado.
No toda irregularidad produce nulidad de una elección.
Para llegar a ese extremo tendría que demostrarse que la violación fue grave y determinante.
Pero la determinancia no siempre tiene que medirse únicamente contando votos.
La justicia electoral mexicana ha reconocido también una dimensión cualitativa: hay violaciones que pueden adquirir relevancia porque afectan principios fundamentales como la equidad, la libertad del sufragio o la autenticidad de la competencia.
Ése es precisamente el terreno en el que debemos comenzar a estudiar las campañas adelantadas.
La pregunta futura no debería ser solamente cuánto dinero se gastó.
También deberíamos preguntar:
¿qué ventaja produjo ese gasto?
¿Cuánto reconocimiento generó?
¿Cuánta penetración territorial consiguió?
¿Cuánto tiempo permaneció el mensaje?
¿Cuántas veces fue reproducido?
¿A qué segmentos de la población llegó?
¿Existió coordinación entre territorio y redes sociales?
¿La exposición anticipada terminó convirtiéndose en una ventaja electoral difícil de revertir?
Ahí empieza a aparecer una categoría que será cada vez más importante:
la determinancia digital y acumulativa.
El verdadero desafío para 2027
México ha construido durante décadas un sistema extraordinariamente detallado para controlar lo que ocurre durante las precampañas y campañas.
El problema es que la política aprendió a comenzar antes.
Si las autoridades sólo vigilan cuando el calendario dice que empezó la competencia, pueden terminar fiscalizando una carrera que ya llevaba meses disputándose.
Por eso el reto de 2027 no consiste en prohibir que los partidos hagan política.
Consiste en impedir que la anticipación se convierta en una forma de evadir los límites diseñados para garantizar elecciones equitativas.
Porque la propaganda puede retirarse.
Una publicación puede borrarse.
Una gira puede terminar.
Pero la ventaja electoral obtenida permanece.
Y cuando esa ventaja fue construida deliberadamente antes de tiempo, con recursos, estructura territorial y exposición sistemática, la pregunta democrática deja de ser únicamente cuánto se gastó.
La pregunta verdaderamente importante es:
¿cuánto influyó en la elección?
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