Mtro. Manuel Alberto Cruz Martínez
11 de noviembre de 2026
Una democracia puede comenzar a perder una
elección mucho antes de que se instalen las casillas. Ocurre cuando la
ciudadanía deja de creer que su voto será contado correctamente y cuando la
sospecha sustituye a las pruebas. Por eso, la crisis que atraviesa el Instituto
Nacional Electoral debe preocuparnos más allá de los recursos públicos
involucrados: está en juego la confianza con la que llegaremos a las próximas
elecciones.
Los señalamientos sobre contrataciones
exigen investigaciones serias, esclarecimiento público y sanciones cuando se
acrediten responsabilidades. Ninguna defensa de la institución justifica
ocultar irregularidades. Precisamente porque el INE cumple una función
indispensable, quienes administran sus recursos deben responder por sus
decisiones.
El pasado 5 de noviembre, el Instituto
anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación una revisión de
sus adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al periodo
2016-2026. También aprobó medidas para preservar documentación y asegurar la
continuidad de las contrataciones necesarias para la organización electoral.
Son decisiones cuya eficacia deberá evaluarse por sus resultados y por la
información que permitan conocer a la sociedad.
Pero la crisis abre otro frente: su posible
aprovechamiento político.
Una irregularidad en un contrato y una
alteración del voto son hechos distintos. Ambos pueden ser graves, pero cada
uno requiere pruebas propias. Pasar de los cuestionamientos administrativos a
la afirmación de que toda elección será fraudulenta equivale a dar por
demostrado lo que todavía debe acreditarse.
Ese salto puede resultar políticamente
conveniente. Una autoridad desacreditada ofrece una explicación anticipada para
una eventual derrota: si el resultado favorece, se celebra la voluntad popular;
si perjudica, se atribuye a una institución que ya había sido presentada como
indigna de confianza.
No sostengo que exista un acuerdo entre
fuerzas políticas para desconocer las próximas elecciones. Eso necesitaría
evidencia. Advierto un incentivo y un riesgo: distintos actores pueden
encontrar ventajas en alimentar la desconfianza, aunque sus intereses sean
diferentes y aunque nadie controle todas las consecuencias.
La investigación comparada ayuda a entender
el problema. IDEA Internacional ha documentado cómo la manipulación informativa
alrededor de las elecciones puede erosionar la confianza y favorecer el rechazo
de los resultados. También reconoce algo esencial: cuestionar la transparencia
y la independencia de las autoridades constituye una forma legítima de
vigilancia pública. La dificultad está en distinguir la crítica sustentada de
las afirmaciones falsas o engañosas que buscan desacreditar el proceso.
Esa distinción importa en México.
Investigar un contrato, pedir explicaciones o denunciar una irregularidad
fortalece la rendición de cuentas. Afirmar, sin evidencia suficiente, que todo
está arreglado puede producir un daño distinto: convencer a las personas de que
participar carece de sentido o de que solamente una victoria propia merece
reconocimiento.
La responsabilidad comienza dentro del INE.
La confianza no se recuperará con llamados a creer ni con declaraciones de que
todo funciona correctamente. Se necesitan explicaciones comprensibles,
controles verificables y resultados públicos de las investigaciones, con
respeto a las reservas legales y a los derechos de las personas involucradas.
También debe explicarse cómo se asegura la continuidad de los servicios
electorales y qué medidas permiten detectar y corregir fallas.
Los partidos tienen una responsabilidad
equivalente. Pueden y deben denunciar las irregularidades que adviertan, pero
corresponde exigirles documentos, hechos y argumentos. Su compromiso
democrático se mide también por la disposición a someter sus acusaciones a
revisión y a reconocer lo que las pruebas efectivamente demuestren.
Aquí conviene despejar una confusión:
impugnar una elección es un derecho. Los medios de defensa permiten revisar
actuaciones y corregir violaciones. El problema aparece cuando se pretende que
una denuncia sea aceptada como verdad por el solo hecho de formularla, o cuando
cualquier resolución adversa se presenta como una prueba adicional de
complicidad.
Si ninguna autoridad puede ser reconocida
como legítima cuando contradice nuestros intereses, la controversia pierde una
vía compartida de solución.
A la ciudadanía tampoco puede pedírsele
confianza ciega. Tenemos derecho a preguntar qué ocurrió, quién decidió, qué
controles fallaron y cómo se evitará que vuelva a suceder. Podemos exigir, al
mismo tiempo, que quienes anuncian un fraude expliquen en qué hechos apoyan su
afirmación.
La advertencia es ésta: una crisis sin
esclarecer, una respuesta institucional insuficiente y el aprovechamiento
político de la incertidumbre pueden alimentarse entre sí. Ese escenario no es
inevitable, pero debemos impedir que avance.
El daño sería profundo si llegáramos a la
próxima jornada electoral con una parte de la sociedad convencida de antemano
de que solamente habrá una elección válida si gana su opción política.
Investigar hasta las últimas consecuencias
y proteger la credibilidad del voto son obligaciones que deben cumplirse
juntas. La impunidad destruye confianza. La sospecha convertida en sentencia
permanente también.
¿Exigiremos que se esclarezca lo ocurrido y
que se garantice nuestro voto, o permitiremos que esta crisis se convierta en
una excusa para desconocer cualquier resultado que no nos favorezca?
Fuentes
consultadas
Instituto
Nacional Electoral. 5 de noviembre de 2026. Solicita INE a la Auditoría
Superior de la Federación una revisión integral de la función de adquisiciones
del periodo 2016-2026.
https://centralelectoral.ine.mx/2026/11/05/solicita-ine-a-la-auditoria-superior-de-la-federacion-una-revision-integral-de-la-funcion-de-adquisiciones-del-periodo-2016-2026/
IDEA
Internacional. The Information Environment Around Elections. Consulta: 11 de
noviembre de 2026.
https://www.idea.int/theme/information-communication-and-technology-electoral-processes/information-environment-around-elections
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