Durante la última década, México ha construido uno de los marcos jurídicos más avanzados en materia de participación política de las mujeres. Las reformas constitucionales, las acciones afirmativas, la paridad en las candidaturas y las medidas contra la violencia política en razón de género han transformado de manera visible la integración de congresos, tribunales, órganos electorales y gobiernos.
El avance es indiscutible y debe reconocerse como resultado de una lucha prolongada de mujeres, organizaciones sociales, académicas, legisladoras y defensoras de derechos. Sin esas exigencias, difícilmente los partidos políticos y las instituciones habrían modificado estructuras que durante décadas reservaron los espacios de decisión para los hombres.
Sin embargo, en pleno siglo XXI persiste una pregunta incómoda: ¿por qué las normas paritarias no han logrado permear con la misma intensidad en la vida cotidiana de la sociedad, especialmente en los municipios?
La respuesta inmediata suele atribuir el problema a la cultura. Se afirma que todavía existen prejuicios, costumbres patriarcales y resistencias frente al liderazgo femenino. Esa explicación es correcta, pero incompleta. La desigualdad política no es solamente una herencia cultural: también es un fenómeno jurídico, psicosocial, económico, educativo, familiar, partidista, institucional y territorial.
El error consiste en pensar que una reforma constitucional modifica automáticamente las relaciones de poder. El derecho puede abrir la puerta, pero no necesariamente transforma todo lo que ocurre después de cruzarla.
La distancia entre ocupar un cargo y ejercer el poder
Durante años, el principal objetivo fue garantizar que las mujeres pudieran ser candidatas y acceder a cargos públicos. Esa etapa era indispensable. Sin reglas obligatorias, los partidos habrían continuado justificando la exclusión mediante argumentos relacionados con la experiencia, la competitividad electoral o la supuesta falta de perfiles.
La paridad modificó esa lógica. Hoy ya no resulta jurídicamente aceptable integrar candidaturas o instituciones excluyendo sistemáticamente a las mujeres.
Pero la presencia numérica no siempre significa poder efectivo.
Una mujer puede ser presidenta municipal, síndica o regidora y, al mismo tiempo, enfrentar dificultades para acceder a información, controlar recursos, nombrar personal, presidir comisiones relevantes o participar en las decisiones fundamentales del ayuntamiento.
Puede ocupar formalmente el cargo mientras las decisiones reales se toman en otro lugar: en la dirigencia partidista, en un grupo económico, en una red familiar, en la tesorería municipal o incluso por quien pretende gobernar detrás de ella.
Por ello, debemos distinguir entre la paridad de acceso y la paridad en el ejercicio del poder.
La primera puede medirse contando candidaturas y cargos. La segunda exige observar quién decide, quién administra, quién controla el presupuesto, quién negocia y quién tiene capacidad real para conducir una institución.
La democracia no puede conformarse con fotografías paritarias si el poder continúa distribuido de manera desigual.
El municipio como espejo de las resistencias sociales
El municipio es la unidad política más cercana a la ciudadanía. Es allí donde se prestan servicios públicos, se resuelven conflictos comunitarios, se ejercen presupuestos y se toman decisiones que afectan directamente la vida diaria.
También es el espacio donde las relaciones personales, familiares, económicas y partidistas ejercen mayor presión sobre quienes gobiernan.
En un municipio pequeño, la autoridad no actúa en la distancia. La presidenta municipal puede conocer personalmente a quienes la critican, a quienes integran el cabildo, a los funcionarios que obstaculizan su administración y a los grupos que buscan influir en sus decisiones.
La vida pública y la privada se encuentran mucho más cerca.
Por eso, el municipio puede convertirse en el punto más difícil para consolidar la igualdad política. Allí los estereotipos no operan como ideas abstractas, sino como prácticas cotidianas: rumores, descalificaciones, cuestionamientos a la vida familiar, resistencias de la burocracia, presiones partidistas y dudas constantes sobre la capacidad de una mujer para ejercer autoridad.
En esos contextos, la violencia política no siempre aparece como una agresión abierta. Puede adoptar formas silenciosas: ocultar información, retrasar trámites, negar recursos, excluir de reuniones, reducir atribuciones o someter cada decisión a la aprobación informal de un hombre.
La cultura explica, pero no basta
Es correcto afirmar que existe un problema cultural. Durante generaciones, la sociedad asoció la autoridad, el mando y la política con atributos masculinos. Mientras al hombre se le educó para dirigir, negociar y competir, a la mujer se le asignaron funciones vinculadas con el cuidado, la obediencia, la conciliación y el ámbito doméstico.
Estas ideas no desaparecen por decreto.
Una sociedad puede aceptar jurídicamente que una mujer gobierne y, al mismo tiempo, seguir esperando que lo haga con menor firmeza, que no altere los equilibrios locales o que mantenga intactas sus responsabilidades familiares.
A las mujeres se les exige demostrar permanentemente que merecen el cargo. Cuando actúan con firmeza, pueden ser calificadas como autoritarias; cuando concilian, se les considera débiles; cuando priorizan su carrera, se cuestiona su vida familiar; y cuando atienden responsabilidades de cuidado, se duda de su compromiso público.
Este doble estándar revela que la desigualdad también opera en el terreno de las percepciones.
Sin embargo, hablar únicamente de cultura puede resultar cómodo para las instituciones, porque permite presentar el problema como una mentalidad social difícil de modificar y no como una estructura concreta que distribuye recursos, tiempo y oportunidades de manera desigual.
La desigualdad del tiempo también es desigualdad política
Para participar en política se necesita tiempo. Se requiere asistir a reuniones, viajar, organizar campañas, estudiar expedientes, construir alianzas y permanecer disponible para las exigencias del cargo.
Pero el tiempo no se distribuye de manera equitativa.
En amplios sectores de la sociedad, las mujeres continúan asumiendo la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidados. Incluso cuando desarrollan una actividad profesional o política, no necesariamente disminuyen sus responsabilidades familiares.
Esta doble o triple jornada limita su participación de una forma que no siempre es visible en las leyes.
Formalmente, ninguna norma les impide competir. Materialmente, muchas no cuentan con redes de apoyo, autonomía económica, transporte, seguridad o servicios de cuidado suficientes para sostener una carrera política.
La falta de corresponsabilidad en el hogar se convierte así en una barrera para la democracia.
Por ello, la igualdad política no puede construirse solamente mediante reglas electorales. También requiere políticas de cuidados, horarios institucionales razonables, apoyos familiares y una nueva distribución de las responsabilidades domésticas.
El sistema educativo ha llegado tarde
La paridad fue incorporada a las leyes, pero no siempre fue explicada a la sociedad.
En muchos casos, las acciones afirmativas han sido presentadas como concesiones, privilegios o ventajas injustificadas, y no como medidas destinadas a corregir exclusiones históricas.
La escuela, los medios de comunicación y las instituciones públicas han hecho poco para explicar la diferencia entre igualdad formal e igualdad sustantiva.
Tratar de la misma manera a personas que parten de condiciones profundamente desiguales no necesariamente genera justicia. En ocasiones, simplemente reproduce la desigualdad existente.
La educación cívica debería explicar por qué fue necesaria la paridad, cómo beneficia a la democracia y por qué la representación de las mujeres no constituye una amenaza para los hombres, sino una ampliación de la ciudadanía.
También debería enseñar que el liderazgo no tiene género y que la autoridad pública no depende de ajustarse a modelos tradicionales de masculinidad.
No basta con capacitar a las candidatas. Es necesario educar a funcionarios, dirigentes partidistas, medios de comunicación, comunidades y familias.
Los partidos cumplen la ley, pero no siempre cambian
Los partidos políticos han sido obligados a postular mujeres, pero sus estructuras internas no siempre se han democratizado.
En muchos de ellos, las candidaturas, los recursos y las decisiones estratégicas continúan bajo el control de grupos predominantemente masculinos.
La paridad puede cumplirse en la boleta y desaparecer durante la campaña o después de la elección.
No todas las candidaturas reciben los mismos recursos. No todas compiten en municipios con posibilidades reales de triunfo. No todas cuentan con respaldo jurídico o protección frente a la violencia.
Después de la elección, la situación puede repetirse: las mujeres ocupan cargos, pero las decisiones se mantienen en redes informales que no aparecen en los estatutos ni en las leyes.
Por ello, la siguiente etapa de la igualdad política debe incluir una revisión profunda de la democracia interna de los partidos.
No basta con contar candidaturas. Es necesario conocer quién define las postulaciones, cómo se distribuye el financiamiento, quién controla las campañas y quién decide la continuidad de las carreras políticas.
Del cumplimiento formal a la igualdad sustantiva
México ha avanzado en la integración paritaria de los órganos públicos. El reto ahora es medir la calidad del ejercicio del poder.
Las autoridades electorales, los congresos y los gobiernos deberían construir indicadores que permitan evaluar:
El acceso de las mujeres a los presupuestos y recursos administrativos.
La distribución de comisiones estratégicas.
La permanencia en el cargo.
La autonomía frente a partidos y grupos locales.
La existencia de violencia u obstaculización.
Las posibilidades de reelección y continuidad política.
La participación efectiva en las decisiones.
La igualdad no puede evaluarse únicamente mediante porcentajes.
Una democracia paritaria debe garantizar no sólo la presencia, sino también la capacidad de influir, decidir y gobernar.
Una transformación que también involucra a los hombres
Otro error frecuente es considerar que la igualdad política es un asunto exclusivo de las mujeres.
La transformación exige también revisar la forma en que los hombres entienden el poder, la autoridad, la familia y el cuidado.
No habrá igualdad plena mientras la participación política de las mujeres dependa de que ellas soporten simultáneamente todas las cargas familiares o mientras los hombres consideren que compartir el poder implica perderlo.
La corresponsabilidad debe desarrollarse en el hogar, en los partidos, en las instituciones y en la sociedad.
La democracia paritaria no busca sustituir una dominación por otra. Busca construir un espacio público donde el género deje de determinar quién puede gobernar, quién debe obedecer y quién tiene derecho a decidir.
Conclusión
En pleno siglo XXI, estas reflexiones no solamente son válidas, sino necesarias.
Lo verdaderamente anacrónico sería pensar que el problema quedó resuelto porque existen leyes de paridad.
México ha constitucionalizado la presencia política de las mujeres, pero todavía no ha socializado completamente la igualdad. La norma avanzó más rápido que la cultura, las instituciones, las familias y los partidos.
El desafío consiste ahora en pasar de la paridad electoral a una democracia paritaria real.
Eso implica comprender que la desigualdad política no tiene una sola causa. Es jurídica cuando las normas son insuficientes; cultural cuando la autoridad sigue asociada con los hombres; psicosocial cuando los estereotipos condicionan la conducta; económica cuando falta autonomía; educativa cuando la igualdad no se explica; partidista cuando las decisiones siguen concentradas; e institucional cuando un cargo puede ser vaciado de poder.
Las mujeres no necesitan únicamente acceder a los espacios públicos. Necesitan ejercer plenamente las atribuciones que la ciudadanía les ha conferido.
La igualdad política no se habrá alcanzado cuando la mitad de los cargos sean ocupados por mujeres, sino cuando su presencia deje de ser vista como una excepción, cuando su autoridad no sea cuestionada por razones de género y cuando compartir el poder sea entendido como una condición elemental de la democracia.
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