Mtro. Manuel Alberto Cruz Martínez
Una democracia puede contar correctamente cada voto y, aun así, terminar con un Congreso que refleje de manera desigual el respaldo ciudadano. El problema aparece cuando los sufragios se convierten en curules: allí, entre convenios de coalición, triunfos distritales y asignaciones proporcionales, también se decide cuánto pesa nuestra voluntad.
La resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 18 de noviembre vuelve a colocar esa preocupación sobre la mesa.
En los expedientes SUP-RAP-225/2026 y SUP-RAP-226/2026, acumulados, Movimiento Ciudadano, PRI y SOMOS cuestionaron el instructivo del INE para registrar coaliciones rumbo a 2027. Entre sus objeciones señalaron la insuficiente regulación de la afiliación efectiva, mecanismo que permite identificar a qué partido deben contabilizarse los triunfos de candidaturas coaligadas.
Según el comunicado oficial, la Sala desestimó esos planteamientos porque el instructivo regula los convenios de coalición y la afiliación efectiva adquiere relevancia en etapas posteriores. La modificación ordenada se limitó a corregir una remisión documental del numeral 10.
La explicación tiene una lógica procesal reconocible: cada instrumento cumple una función y cada controversia debe resolverse respecto del acto correspondiente. Un tribunal también debe respetar esos límites. Sin embargo, desde una perspectiva democrática, queda una pregunta incómoda: ¿cuándo deben quedar claras las garantías que impedirán que los acuerdos partidistas distorsionen la representación ciudadana?
La respuesta debería ofrecer certeza antes de que las estrategias electorales se construyan alrededor de sus vacíos.
La Sala también sostuvo que los convenios no implican, por sí mismos, transferencia de votos, pues cada partido conserva su emblema y sus sufragios se contabilizan diferenciadamente. Esa explicación atiende una parte del problema. Pero contar votos y atribuir triunfos son operaciones distintas.
Pensemos en una candidatura ganadora postulada por varios partidos. Los votos pueden estar perfectamente registrados bajo cada emblema. Aun así, determinar a cuál partido se contabiliza esa diputación puede influir en los espacios de representación proporcional que posteriormente reciba cada aliado.
No hace falta trasladar un solo voto para alterar el resultado de una fórmula: puede bastar con atribuir incorrectamente una victoria.
Esto no significa que toda candidatura de coalición encubra una simulación. Las alianzas son instrumentos legítimos de competencia política y sus integrantes tienen derecho a acordar postulaciones. Precisamente por ello, los controles deben distinguir, mediante pruebas, entre una coalición válida y una atribución artificial de triunfos.
La crítica a la decisión debe ser cuidadosa. No sería correcto presentarla como una autorización judicial para cualquier sobrerrepresentación futura. Su alcance divulgado es más limitado. Pero tampoco resulta satisfactorio que una preocupación sobre la eficacia de los controles reciba una respuesta centrada en que su examen corresponde a otro momento.
El riesgo es que la defensa de la representación quede atrapada entre etapas: primero, porque el instrumento todavía no regula el asunto; después, porque la regla ya quedó firme; finalmente, porque corregirla afectaría la certeza.
Ese riesgo exige identificar con precisión cuándo debe discutirse cada cuestión y garantizar que exista una oportunidad efectiva para hacerlo. De poco serviría reconocer la importancia del pluralismo si los mecanismos para protegerlo nunca reciben un examen de fondo.
La certeza electoral debe permitir conocer y exigir las reglas que protegen el voto. Su valor democrático disminuye cuando los vacíos favorecen estrategias de elusión.
Por eso, la discusión pendiente exige algo más que reiterar la existencia de la afiliación efectiva. Habrá que examinar su fecha de corte, las pruebas para acreditarla, el tratamiento de las discrepancias y las consecuencias de una atribución indebida. Un mecanismo puede ser válido en su diseño y resultar insuficiente en su aplicación.
También debe evitarse que la revisión dependa únicamente de etiquetas. El convenio constituye un elemento relevante, pero su contenido debe contrastarse con las pruebas y las reglas aplicables. Al mismo tiempo, una cercanía política o una militancia anterior no acreditan automáticamente una simulación. La autoridad debe investigar, escuchar a las partes y explicar sus conclusiones.
La exigencia es sencilla de formular: que cada triunfo se contabilice conforme a derecho y que los acuerdos entre dirigentes no desplacen los límites constitucionales.
Como comentario hacia el futuro, una representación proporcional más fiel al respaldo ciudadano requeriría que las curules proporcionales compensaran efectivamente las distorsiones producidas por los triunfos distritales. También exigiría revisar los márgenes de sobrerrepresentación y el tratamiento de las coaliciones, con reglas previas, transparentes y verificables. Ninguna fórmula elimina todas las diferencias, pero sí puede reducirlas y justificarlas mejor.
Una representación objetiva necesita procedimientos que cualquier persona pueda revisar: conocer qué votos se utilizan, cómo se atribuyen los triunfos y por qué corresponde determinado número de diputaciones a cada partido. La complejidad técnica no debe convertirse en una barrera para la vigilancia ciudadana.
Ese cambio estructural corresponde a una reforma debatida con anticipación. Mientras tanto, las autoridades tienen la responsabilidad de aplicar rigurosamente los controles existentes y resolver las impugnaciones que cuestionen su eficacia.
La pregunta ciudadana permanece: ¿el Congreso expresa el respaldo que recibió cada fuerza política o la habilidad con la que sus dirigentes distribuyeron las candidaturas?
Una justicia electoral comprometida con el pluralismo debe mantener esa pregunta en el centro de sus decisiones. Porque la representación ciudadana necesita garantías oportunas: cuando finalmente se reparten las curules, las consecuencias de una regla insuficiente ya alcanzan a todos.
Fuente: comunicado oficial 409/2026 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 18 de noviembre de 2026, relativo a los expedientes SUP-RAP-225/2026 y SUP-RAP-226/2026, acumulados. Este comentario se basa en el alcance divulgado oficialmente; su valoración deberá contrastarse con la argumentación íntegra del engrose.
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