La libertad de expresión y la evolución del precedente electoral

Quinta entrega

La libertad de expresión y la evolución del precedente electoral

Cuando los derechos fundamentales dialogan con la democracia

"Una democracia puede sobrevivir a la crítica. Lo que no puede sobrevivir es a la ausencia de ella. Pero tampoco puede subsistir si renuncia a proteger la integridad de sus procesos electorales. Entre ambos principios se desarrolla uno de los debates constitucionales más complejos de nuestro tiempo."

La libertad de expresión como presupuesto de la democracia

Toda democracia comienza con una idea sencilla y, al mismo tiempo, profundamente revolucionaria: ninguna autoridad posee el monopolio de la verdad.

Por ello, las sociedades democráticas descansan sobre un derecho que hace posible el ejercicio de todos los demás: la libertad de expresión.

No se trata únicamente de la posibilidad de emitir opiniones.

Es el derecho a participar en el debate público, cuestionar al poder, defender ideas, contrastar argumentos y contribuir a la formación de una opinión pública libre e informada.

Sin libertad de expresión no existe deliberación democrática.

No existe pluralismo.

No existe ciudadanía.

Y, en consecuencia, tampoco puede existir una elección auténticamente libre.

Ésta ha sido la convicción compartida por las democracias constitucionales contemporáneas y por los principales tribunales internacionales de derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido reiteradamente que la libertad de expresión constituye "la piedra angular de la existencia misma de una sociedad democrática", precisamente porque hace posible el control ciudadano sobre el ejercicio del poder y garantiza el intercambio abierto de ideas indispensable para la vida pública.

En materia electoral, esa protección adquiere una dimensión todavía mayor.

Durante las campañas políticas la libertad de expresión deja de ser únicamente un derecho individual.

Se convierte en una garantía colectiva para toda la sociedad.

Cuando dos principios constitucionales se encuentran

Sin embargo, toda democracia enfrenta un desafío permanente.

¿Cómo proteger al máximo la libertad de expresión sin poner en riesgo la autenticidad de las elecciones?

La pregunta parece sencilla.

La respuesta no lo es.

El derecho electoral nunca ha buscado limitar el debate democrático.

Su verdadera misión ha consistido en proteger las condiciones que permiten que ese debate permanezca libre, equitativo y respetuoso de los derechos fundamentales.

La libertad de expresión y la equidad en la contienda no representan principios enfrentados.

Son principios complementarios.

Una elección auténticamente democrática requiere ciudadanos libres para expresarse.

Pero también exige que ningún actor, público o privado, pueda utilizar ventajas indebidas para distorsionar el proceso de formación de la voluntad popular.

Encontrar ese equilibrio ha sido una de las tareas más complejas del sistema mexicano de justicia electoral.

Y, probablemente, una de sus mayores aportaciones al constitucionalismo contemporáneo.

La construcción jurisprudencial de un equilibrio

Ese equilibrio no surgió de manera espontánea.

Fue construido gradualmente mediante cientos de resoluciones dictadas por los tribunales electorales del país.

Los tribunales electorales locales enfrentaron inicialmente muchos de esos conflictos.

Las Salas Regionales contribuyeron a uniformar criterios.

La Sala Superior consolidó líneas jurisprudenciales que, con el paso del tiempo, definieron el alcance constitucional de la libertad de expresión durante los procesos electorales.

La justicia electoral mexicana comprendió que proteger la democracia no implicaba restringir la crítica política.

Por el contrario.

Significaba garantizar que el debate público pudiera desarrollarse bajo condiciones compatibles con la igualdad política y el respeto a los derechos fundamentales.

Así fueron construyéndose criterios sobre propaganda gubernamental, acceso equitativo a los medios de comunicación, calumnia electoral, derecho de réplica, propaganda personalizada, uso de recursos públicos, responsabilidad de servidores públicos y protección reforzada del discurso político.

Ninguno de esos criterios apareció completo desde el inicio.

Todos fueron resultado de una evolución jurisprudencial constante.

Precisamente por ello constituyen parte del patrimonio democrático al que nos hemos referido en las entregas anteriores.

La revolución digital cambió el escenario

Durante décadas el sistema jurídico mexicano desarrolló sus categorías constitucionales pensando en una realidad dominada por la radio, la televisión y la prensa escrita.

Ese escenario cambió radicalmente.

Las redes sociales transformaron la comunicación política.

La información dejó de circular únicamente a través de medios tradicionales.

Cada ciudadano adquirió la posibilidad de convertirse simultáneamente en receptor, generador y difusor de contenidos.

Los algoritmos comenzaron a determinar el alcance de los mensajes.

La inteligencia artificial abrió nuevas posibilidades para producir imágenes, voces y contenidos sintéticos.

Las campañas electorales dejaron de desarrollarse exclusivamente en plazas públicas y tiempos oficiales.

Comenzaron a disputarse también en plataformas digitales cuyo funcionamiento apenas empezamos a comprender.

Frente a esta nueva realidad, los tribunales enfrentaron preguntas inéditas.

¿Deben aplicarse a las redes sociales las mismas reglas desarrolladas para la radio y la televisión?

¿Hasta dónde alcanza la responsabilidad jurídica de quienes generan contenidos digitales?

¿Cómo distinguir entre un ciudadano, un medio de comunicación, un creador de contenido o un actor con capacidad real de influir masivamente en la opinión pública?

Responder esas preguntas exige mucho más que adaptar normas existentes.

Exige reinterpretar principios constitucionales construidos para un contexto profundamente distinto.

El verdadero papel del precedente

Es precisamente en momentos de transformación cuando el precedente adquiere mayor relevancia.

Existe una idea equivocada según la cual los precedentes obstaculizan la innovación.

Ocurre exactamente lo contrario.

Los precedentes permiten innovar con responsabilidad.

Toda nueva interpretación constitucional debe dialogar con la experiencia acumulada.

Debe explicar por qué un criterio anterior continúa siendo suficiente o por qué resulta indispensable modificarlo.

La legitimidad del cambio no proviene del simple relevo de quienes integran un tribunal.

Proviene de la calidad de las razones constitucionales que justifican la evolución del derecho.

Ésa es la verdadera función del precedente.

No impedir el cambio.

Sino evitar que el cambio se convierta en arbitrariedad.

Una nueva etapa para la justicia electoral mexicana

El sistema mexicano de justicia electoral atraviesa hoy una etapa particularmente compleja.

La renovación institucional derivada de la reforma judicial coincide con una transformación tecnológica sin precedentes.

Al mismo tiempo, la conversación pública se desarrolla en plataformas digitales cuya velocidad supera con frecuencia la capacidad de respuesta del derecho.

Todo ello obliga a revisar categorías jurídicas construidas durante más de tres décadas.

Esa revisión resulta necesaria.

Pero también exige una enorme responsabilidad constitucional.

Porque modificar la forma en que se protege la libertad de expresión implica modificar, al mismo tiempo, la manera en que la democracia comprende uno de sus derechos fundamentales.

La pregunta ya no consiste únicamente en determinar si una sentencia fue correcta.

La verdadera cuestión consiste en saber si los nuevos criterios preservan el equilibrio constitucional que durante años permitió armonizar la libertad de expresión con la integridad de las elecciones.

Reflexión final

Las democracias no se fortalecen sacrificando derechos fundamentales.

Tampoco renunciando a proteger la autenticidad de sus procesos electorales.

Su fortaleza consiste precisamente en encontrar un equilibrio razonable entre ambos principios.

Durante más de tres décadas, el sistema mexicano de justicia electoral construyó ese equilibrio mediante una evolución jurisprudencial constante.

Hoy enfrentamos un nuevo contexto tecnológico, político e institucional.

Es natural que el derecho evolucione junto con él.

Lo verdaderamente importante será verificar que esa evolución continúe descansando sobre los principios constitucionales que dieron legitimidad al sistema.

Porque cuando cambian los criterios sobre libertad de expresión, no cambia únicamente una sentencia.

Puede comenzar a cambiar la forma en que una democracia entiende el debate público.

Una idea para recordar

La libertad de expresión no constituye un obstáculo para la democracia.

Es una de sus condiciones esenciales. Precisamente por ello, su protección exige la mayor responsabilidad constitucional.

En la próxima entrega

El caso Salinas Pliego y el cambio de paradigma jurisprudencial

Hasta ahora hemos construido el marco constitucional necesario para comprender la evolución de la libertad de expresión en materia electoral. En la siguiente entrega analizaremos uno de los asuntos más relevantes y debatidos de los últimos años. Más que estudiar un caso aislado, contrastaremos esa resolución con la evolución histórica de la jurisprudencia electoral mexicana, los estándares interamericanos y los principios constitucionales que durante décadas orientaron la protección del debate democrático. La pregunta ya no será quién tuvo razón en un litigio concreto, sino si nos encontramos frente a una evolución natural del derecho o ante el inicio de un nuevo paradigma jurisprudencial.

Sobre el autor

Manuel Alberto Cruz Martínez es jurista especializado en derecho electoral y constitucional. A lo largo de más de tres décadas ha participado en la evolución y fortalecimiento de las instituciones electorales mexicanas. "Democracia en transformación" es una serie de ensayos dedicada a reflexionar, desde una perspectiva jurídica, histórica e institucional, sobre los desafíos que enfrenta el Estado constitucional en el México del siglo XXI.