El espejismo del orden Cuando la fuerza no produce seguridad

Manuel Alberto Cruz Martínez

Maestro en Derecho Electoral

25 de septiembre de 2026

Todos queremos vivir tranquilos. Queremos salir de casa sin miedo, utilizar el transporte público con seguridad, abrir un negocio sin pagar extorsiones y saber que nuestros hijos regresarán bien. No es demasiado pedir: proteger a las personas es una de las primeras obligaciones de cualquier gobierno.

Por eso, cuando las autoridades anuncian detenciones, operativos, decomisos o el despliegue de miles de elementos de seguridad, es natural sentir que algo se está haciendo. Las imágenes de patrullas, soldados y personas detenidas transmiten una sensación inmediata de autoridad.

Pero surge una pregunta que no siempre hacemos: ¿estamos realmente más seguros o solamente estamos viendo una demostración de fuerza?

No es lo mismo controlar una calle durante algunas semanas que recuperar una comunidad. Tampoco es igual detener a muchas personas que investigar correctamente los delitos y llevar ante la justicia a quienes verdaderamente los cometieron. Mucho menos puede confundirse la presencia de fuerzas de seguridad con la existencia de instituciones capaces de protegernos de manera permanente.

Ahí aparece lo que podríamos llamar el espejismo del orden: todo parece estar bajo control, pero los problemas de fondo permanecen intactos.

Cuando la fuerza ocupa el lugar de la justicia

Imaginemos que en una ciudad disminuyen algunos delitos después de un gran operativo. El gobierno presenta los resultados y la ciudadanía recupera temporalmente cierta tranquilidad. Hasta ese momento, la intervención parece exitosa.

Sin embargo, también deberíamos preguntar qué sucede cuando termina el operativo. ¿La policía municipal quedó mejor preparada? ¿La fiscalía puede investigar por sí misma? ¿Los jueces cuentan con pruebas suficientes para dictar sentencias? ¿Las víctimas fueron atendidas? ¿Las redes económicas de los delincuentes fueron desmanteladas?

Si la respuesta es negativa, probablemente no se resolvió el problema: sólo se contuvo durante algún tiempo.

La fuerza puede ser necesaria para enfrentar una amenaza inmediata. Pero sólo la justicia puede convertir esa reacción en seguridad duradera. Sin investigaciones profesionales, policías capacitadas, fiscalías eficaces y jueces independientes, los delincuentes regresan, son sustituidos por otros o quedan en libertad por expedientes mal integrados.

Por eso, la seguridad no debe medirse únicamente por el número de detenciones. También importa saber cuántas de ellas estuvieron respaldadas por pruebas y cuántas terminaron en una sentencia legítima.

Una advertencia mundial

El nuevo informe de IDEA Internacional sobre el estado de la democracia estudió 174 países a partir de 154 indicadores. Su conclusión resulta preocupante: el Estado de derecho, la independencia judicial, la libertad de expresión y la credibilidad de las elecciones están retrocediendo en muchas partes del mundo.

El dato más importante no es solamente que existan menos libertades. El estudio sugiere que los países con instituciones débiles también encuentran mayores dificultades para construir estabilidad.

La lección parece sencilla: concentrar el poder puede dar una impresión de eficacia, pero no necesariamente produce seguridad permanente.

Algunos gobiernos conservan elecciones, congresos y tribunales. Sin embargo, poco a poco reducen la capacidad de esas instituciones para controlar al poder. Las elecciones continúan, pero la competencia se vuelve desigual. Los jueces permanecen, pero reciben presiones. Los congresos sesionan, pero dejan de vigilar. Los medios siguen publicando, aunque quienes critican enfrentan descalificaciones o amenazas.

Desde fuera, las instituciones parecen funcionar. Por dentro, han comenzado a perder su independencia.

El peligro de vivir permanentemente en emergencia

En una situación grave, el gobierno puede necesitar medidas extraordinarias. Una ola de violencia, una organización criminal que controla un territorio o una amenaza directa contra la población exigen una respuesta firme.

El problema comienza cuando lo extraordinario se convierte en la manera habitual de gobernar.

Una medida de emergencia debería responder preguntas muy sencillas: ¿por qué es necesaria?, ¿cuánto tiempo durará?, ¿quién vigilará su aplicación?, ¿cómo se corregirán los abusos? y ¿qué autoridad responderá si se afecta a una persona inocente?

Cuando estas preguntas no tienen respuesta, la emergencia puede convertirse en un permiso para actuar sin límites.

Entonces aparecen frases peligrosas: “no hay tiempo para formalidades”, “quien nada debe, nada teme” o “los derechos sólo protegen a los delincuentes”. Parecen razonables en momentos de miedo, pero olvidan algo fundamental: las leyes y los derechos también protegen a las personas inocentes.

Cualquiera puede ser detenido por una confusión, señalado mediante información falsa o vigilado por error. En esos momentos, contar con un juez independiente y con la posibilidad de defenderse deja de ser una discusión académica. Se convierte en la diferencia entre justicia y abuso.

El desafío de México

México necesita una estrategia firme contra la delincuencia. Negarlo sería ignorar la realidad de miles de familias afectadas por homicidios, desapariciones, extorsiones y desplazamientos.

Pero firmeza no significa entregar un cheque en blanco a ninguna autoridad.

Además de conocer cuántas personas fueron detenidas, tendríamos que saber cuántas víctimas recibieron justicia. Junto con los decomisos, deberíamos preguntar cuánto dinero ilícito fue localizado y cuántas redes criminales fueron realmente desmanteladas. Al mismo tiempo que se despliegan fuerzas federales, debemos conocer qué se está haciendo para fortalecer a las policías locales y a las fiscalías.

También necesitamos saber quién vigila a quienes nos vigilan.

El informe de IDEA Internacional coloca a México en posiciones preocupantes en materia de derechos y Estado de derecho. Estas clasificaciones no son una sentencia definitiva ni significan que todo se encuentre perdido. Son señales de alerta que deben leerse junto con nuestra realidad: altos niveles de impunidad, investigaciones deficientes, víctimas que esperan durante años y comunidades en las que la autoridad llega solamente después de una tragedia.

Una política de seguridad no puede considerarse exitosa si disminuye algunos delitos, pero mantiene intacta la impunidad. Tampoco cuando obtiene resultados sacrificando la independencia de los jueces o cerrando los espacios para cuestionar a las autoridades.

No tenemos que escoger

A la ciudadanía se le presenta frecuentemente una elección injusta: seguridad o derechos. Como si para vivir tranquilos tuviéramos que aceptar abusos, o como si defender la legalidad significara impedir que el gobierno combata a los delincuentes.

No tenemos que escoger.

Podemos exigir policías eficaces y respetuosas de la ley. Podemos respaldar el uso legítimo de la fuerza y, al mismo tiempo, pedir que existan controles. Podemos demandar resultados sin renunciar a nuestra libertad. Podemos reconocer los aciertos de una estrategia y señalar sus excesos.

La seguridad democrática consiste precisamente en eso: proteger a las personas tanto de los delincuentes como de los abusos del poder.

Un gobierno fuerte no es aquel que puede actuar sin límites. Es aquel que obtiene resultados dentro de la ley, explica sus decisiones, corrige sus errores y responde cuando una autoridad se excede.

Controlar una calle puede producir una imagen momentánea de orden. Construir policías confiables, fiscalías capaces y tribunales independientes requiere mucho más tiempo. Pero sólo ese segundo camino puede ofrecernos una tranquilidad verdadera.

Porque el silencio puede parecer orden, pero no siempre significa seguridad. Y un país no está realmente en paz cuando la ciudadanía deja de tener miedo a los delincuentes, pero comienza a tener miedo de sus autoridades.

Fuente consultada

International IDEA. (2026). The Global State of Democracy 2026: Democracy in an Age of Conflict. https://doi.org/10.31752/56702