No basta contar correctamente los votos si el miedo decidió antes quién podía competir
Mtro. Manuel
Alberto Cruz Martínez
Cuando hablamos de seguridad durante una
elección, solemos imaginar policías alrededor de las casillas, boletas
protegidas y paquetes electorales que llegan sin contratiempos a los consejos
distritales. Todo eso importa, pero es apenas la parte visible del problema. La
seguridad democrática comienza mucho antes: cuando cualquier persona puede
participar en política, expresar sus ideas, organizar una campaña o acudir a
votar sin pedir permiso al gobierno, a un cacique o a un grupo criminal.
Esta reflexión adquiere relevancia al
comenzar el proceso electoral mexicano de 2026-2027. Durante la sesión
inaugural del Instituto Nacional Electoral, el consejero Arturo Castillo Loza
advirtió que podríamos llegar a una elección con votos contados, pero con
resultados cuestionados. La frase merece atención porque separa dos cuestiones
que con frecuencia confundimos: una cosa es contar correctamente los sufragios
y otra, más amplia, garantizar que la competencia haya sido verdaderamente
libre.
Una elección puede estar bien organizada
desde el punto de vista técnico y, al mismo tiempo, desarrollarse en
territorios donde algunas candidaturas no pueden hacer campaña, ciertos
periodistas prefieren callar, las organizaciones ciudadanas enfrentan amenazas
o el electorado sabe que expresar una preferencia puede traer consecuencias. En
esas condiciones, la urna continúa existiendo, pero la libertad que debería
darle sentido comienza a reducirse.
International IDEA ofrece un ejemplo
esclarecedor en su estudio Protecting Elections in Honduras, publicado en
agosto de 2026. La investigación examina las elecciones generales hondureñas de
2025 mediante análisis documental, entrevistas semiestructuradas realizadas
entre febrero y marzo de 2026 y datos comparados sobre democracia y
polarización. Ordena la evidencia alrededor de tres dimensiones: prevención de
riesgos, resiliencia institucional y recuperación después de la crisis.
El estudio encontró presión del crimen
organizado en determinados territorios, especialmente en la costa atlántica,
así como intimidación contra candidaturas y votantes. También documentó
desinformación, narrativas anticipadas de fraude, tensiones partidistas, fallas
técnicas y una diferencia presidencial de apenas 0.76 puntos porcentuales. Las
misiones de observación no identificaron irregularidades sistémicas suficientes
para invalidar la elección; sin embargo, IDEA concluyó que la resistencia
operativa del sistema no eliminó sus vulnerabilidades estructurales.
La lección es importante: una elección
puede resistir sin estar plenamente protegida. Honduras logró procesar sus
resultados porque coincidieron capacidades técnicas, observación nacional e
internacional, medios independientes, cooperación local y decisiones
institucionales que evitaron la ruptura. No fue únicamente el despliegue de
fuerzas de seguridad lo que sostuvo el proceso. Fue un ecosistema democrático
en el que participaron autoridades electorales, sociedad civil, periodistas,
observadores y ciudadanía informada.
Esta evidencia permite entender por qué la
seguridad también hace política democrática. La violencia no solamente causa
víctimas; también distribuye poder. Cuando una amenaza obliga a una persona a
retirar su candidatura, el agresor modifica la oferta electoral. Cuando un
partido no puede ingresar a determinada comunidad, alguien decide quién puede
competir. Cuando un periodista evita investigar por miedo, se reduce la
información disponible para votar. Y cuando una familia prefiere no participar
para protegerse, la coacción ya produjo un resultado, aunque nunca aparezca en
el acta de escrutinio.
Por ello, medir únicamente los homicidios
políticos ofrece una fotografía incompleta. También deben observarse las
amenazas, renuncias, desplazamientos, cambios de candidatura, cancelaciones de
actos, silencios impuestos, zonas donde sólo una fuerza puede hacer campaña y
comunidades en las que la presencia criminal condiciona la vida cotidiana. Son
hechos más difíciles de registrar, pero pueden alterar profundamente la
autenticidad de una elección.
México necesita mirar el fenómeno con
prudencia y método. No sería responsable afirmar que toda agresión tiene
finalidad electoral o que cualquier victoria territorial es producto del
crimen. Cada caso exige evidencia sobre autoría, contexto, alcance y efecto.
Pero tampoco resulta razonable esperar hasta el día de la votación. IDEA
recomienda mecanismos permanentes de gestión del riesgo, mapas territoriales
actualizados, coordinación entre autoridades electorales, instituciones de
seguridad y organizaciones de derechos humanos, así como protocolos especiales
para mujeres, pueblos indígenas, personas de la diversidad sexual y otros
grupos expuestos a riesgos diferenciados.
La prevención debe cuidar, además, que la
respuesta estatal no se transforme en intervención política. Las fuerzas de
seguridad deben proteger derechos, no administrar la competencia. Los mapas de
riesgo necesitan criterios públicos; la protección de candidaturas debe ser
imparcial; el intercambio de información debe contar con controles; y ninguna
investigación puede utilizarse para favorecer o excluir aspirantes sin
garantías de audiencia. Proteger una elección significa defender
simultáneamente seguridad, legalidad y pluralismo.
También corresponde una tarea concreta a la
ciudadanía. Participar no se limita a votar. Implica documentar incidentes sin
exponerse innecesariamente, acompañar a quienes denuncian, fortalecer medios
locales, integrarse a la observación electoral y exigir información verificable
a las autoridades. Una ciudadanía organizada aumenta el costo de la
intimidación y evita que el miedo permanezca oculto como si fuera una decisión
privada.
La advertencia final es sencilla. Podemos instalar todas las
casillas, transmitir oportunamente los resultados y cuadrar cada acta. Pero si
antes de la jornada la violencia decidió quién podía competir, dónde podía
hacerse campaña, qué podía publicarse o quién se atrevía a participar, el
cómputo será exacto y la democracia, incompleta.
La democracia no comienza cuando se abre la casilla. Comienza cuando
cualquier persona puede intervenir en los asuntos públicos sin miedo. Por eso,
la seguridad no es solamente una política de policía: también es una política
de libertad, ciudadanía y democracia.
Fuentes
consultadas
International IDEA. (2026).
Protecting Elections in Honduras.
https://www.idea.int/sites/default/files/2026-08/protecting-elections-in-honduras.pdf
Instituto Nacional
Electoral. (10 de septiembre de 2026). Arranca INE con el Proceso Electoral
Federal 2026-2027.
https://centralelectoral.ine.mx/2026/09/10/arranca-ine-con-el-proceso-electoral-federal-2026-2027/
Núñez, E. (10 de septiembre
de 2026). El INE da por inaugurado el proceso electoral entre el fuego cruzado
de la oposición y el oficialismo. El País.
https://elpais.com/mexico/2026-09-10/el-ine-da-por-inaugurado-el-proceso-electoral-entre-el-fuego-cruzado-de-la-oposicion-y-el-oficialismo.html
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