Cuando las urnas ya no bastan

Ayer encontré un ensayo que me hizo reflexionar y me tomo el atrevimiento de compartir con ustedes algunas ideas. Se trata de «¿Hacia una era posdemocrática?», de Otto Granados Roldán, publicado en Nexos. Su pregunta de fondo es inquietante: ¿qué pasa cuando una sociedad conserva sus elecciones y sus instituciones, pero pierde la convicción de que el poder debe tener límites?

La pregunta puede parecer exagerada. Seguimos votando, existen partidos, funcionan congresos y se dictan sentencias. Sin embargo, ninguna de esas piezas garantiza por sí sola que vivamos plenamente en democracia. También hace falta que quienes gobiernan acepten los controles y que la ciudadanía esté dispuesta a defenderlos, incluso cuando esos controles incomoden al gobierno por el que votó.

Granados describe una ciudadanía desencantada, desconfiada de las instituciones y cada vez más inclinada a juzgar la democracia por sus resultados inmediatos. Ese desencanto tiene razones comprensibles. A nadie se le puede pedir paciencia indefinida frente a la inseguridad, la desigualdad o la corrupción. La gente tiene derecho a exigir que el gobierno resuelva problemas concretos.

La dificultad aparece cuando esa exigencia se transforma en una autorización para saltarse las reglas. «Que resuelva, como sea» puede sonar atractivo frente a una crisis. Pero ese como sea suele significar que la ley se vuelve negociable, que los tribunales estorban y que toda crítica se interpreta como un ataque al supuesto mandato popular.

La ciencia política latinoamericana tiene un concepto útil para entender una parte de este problema: democracia delegativa. Guillermo O’Donnell lo empleó para explicar la visión según la cual, después de ganar una elección, el gobernante se considera autorizado para decidir por la sociedad con pocas restricciones. El voto deja de entenderse como el inicio de una responsabilidad sujeta a controles y empieza a presentarse como una licencia para concentrar decisiones.

Por eso el ensayo de Granados me resultó también un recorrido por nuestra historia latinoamericana. Durante buena parte del siglo XX conocimos dictaduras abiertas, represión y elecciones sin competencia real. Más tarde, las transiciones democráticas nos permitieron recuperar libertades, conquistar el voto efectivo y abrir la posibilidad de alternancia. Fueron logros enormes. Sería injusto ignorarlos.

Pero la historia no terminó al instalar las urnas. En distintos momentos y países persistió una vieja tentación: creer que una persona, por contar con respaldo popular, puede hablar en nombre de toda la sociedad y tratar los límites legales como obstáculos. Ahí encuentro la parte más dura de la reflexión: América Latina ha debido aprender a elegir gobiernos y, al mismo tiempo, a impedir que la victoria electoral se convierta en poder ilimitado.

Conviene distinguir las épocas. Una dictadura que cancela las elecciones no es lo mismo que un gobierno electo que debilita gradualmente los contrapesos. Tampoco todos los países de la región han seguido el mismo camino. Precisamente por eso importa mirar lo que ocurre entre una elección y la siguiente: cómo se toman las decisiones, si puede investigarse al poder, si los tribunales conservan independencia y si la oposición puede actuar con libertad.

Desde el derecho, el principio es sencillo: la mayoría decide quién gobierna; la Constitución establece cómo puede gobernar. El respeto a esos límites no impide atender las necesidades sociales. Un gobierno democrático debe ofrecer resultados y, a la vez, responder por los medios que utiliza para obtenerlos. Si promete eficacia a cambio de obediencia sin controles, el precio puede ser mucho mayor que el problema que dice resolver.

Tal vez ésa sea la advertencia que vale la pena compartir. La democracia no desaparece siempre de golpe. Puede conservar su nombre, sus ceremonias y sus boletas mientras se debilita la disposición a respetar derechos, aceptar la crítica y sujetar al poder a la ley. Defenderla exige algo más que acudir a votar: exige recordar, especialmente cuando gana nuestra opción preferida, que ningún triunfo electoral coloca a nadie por encima de las reglas.