lunes, 16 de noviembre de 2026

La libertad de expresión no debe convertirse en refugio del financiamiento oculto

 Una opinión ciudadana merece protección pero una campaña encubierta debe explicar quién la organizó quién la pagó y qué beneficio produjo

Mtro. Manuel Alberto Cruz Martínez

La libertad de expresión es una condición esencial de la democracia. Gracias a ella podemos apoyar a una candidatura, criticar al gobierno, defender una causa o manifestar públicamente nuestras preferencias políticas.

Ese derecho también se ejerce en las redes sociales. Una persona no necesita ser periodista, dirigente partidista o especialista para opinar sobre los asuntos públicos.

El problema comienza cuando una campaña pagada se presenta como opinión espontánea.

Cuando la publicidad se disfraza de recomendación

Los influencers construyen su relación con el público a partir de cercanía y confianza. Sus seguidores no siempre los perciben como empresas de comunicación, sino como personas que comparten experiencias, gustos y opiniones.

Esa apariencia de autenticidad representa su principal valor comercial y político.

Cuando un creador de contenido recomienda un producto, normalmente existen reglas para identificar la publicidad pagada. Pero si promueve a una candidatura, las obligaciones pueden resultar menos claras.

La paradoja es evidente: en algunos países puede existir mayor transparencia para anunciar cosméticos que para promover a quienes buscan ejercer el poder público.

El informe de IDEA Internacional sobre influencia e integridad política confirma este vacío. Después de revisar los marcos jurídicos de 18 países y de la Unión Europea, encontró que pocas legislaciones electorales definen expresamente a los influencers. La mayoría intenta regularlos mediante normas generales sobre propaganda, comunicación o financiamiento político.

El dinero que no aparece en la plataforma

Las autoridades suelen buscar un pago comprobable. Si existe una transferencia entre una campaña y un creador de contenido, la relación puede investigarse y fiscalizarse.

Pero las nuevas campañas no siempre funcionan de manera tan directa. El pago puede realizarlo una agencia, un proveedor o un tercero. También puede sustituirse por regalos, viajes, contratos, acceso exclusivo, promoción comercial o expectativas de beneficios futuros.

Incluso puede no existir dinero inmediato. Una estrategia puede basarse en instrucciones comunes, materiales previamente elaborados, etiquetas coordinadas y publicaciones programadas para producir una tendencia artificial.

En la pantalla veremos mensajes aparentemente independientes. Detrás puede existir una sola operación.

El costo de probar lo evidente

México conoce bien este problema. Durante la veda electoral de 2021, diversas figuras de redes sociales publicaron mensajes favorables al Partido Verde. La coincidencia temporal y narrativa permitió advertir que no se trataba simplemente de ciudadanos que, por casualidad, decidieron expresarse de manera semejante.

Otros casos han seguido una ruta distinta. El Tribunal Electoral ha sostenido que las publicaciones personales deben presumirse espontáneas mientras no se pruebe coordinación partidista o alguna contraprestación.

Esta presunción es importante. Sin ella, cualquier expresión de simpatía podría provocar una investigación y producir un efecto intimidatorio sobre la ciudadanía.

Pero la protección no debe convertirse en una prueba imposible. Si para demostrar coordinación se exige siempre un contrato firmado o una transferencia bancaria directa, las campañas encubiertas aprenderán rápidamente a operar sin dejar esas evidencias.

No fiscalizar opiniones sino relaciones

La solución no consiste en vigilar lo que piensan los ciudadanos. Tampoco en prohibir que artistas, deportistas, líderes religiosos o creadores de contenido expresen preferencias políticas.

La fiscalización debe concentrarse en quién diseñó el mensaje, si existieron instrucciones o materiales comunes, quién contactó al creador, si participó una agencia, qué beneficio se recibió, qué candidatura obtuvo la ventaja y si el gasto fue reportado.

Lo importante no es únicamente lo que se dijo, sino cómo se produjo, financió y difundió el mensaje.

La huella de una campaña digital

La propaganda puede desaparecer de la pantalla, pero una operación organizada deja huellas. Existen comunicaciones, archivos, facturas, contratos, metadatos, coincidencias horarias, instrucciones, relaciones comerciales y patrones de amplificación.

La autoridad necesita capacidad técnica y acceso oportuno a esa información. Si una investigación comienza meses después, es probable que los contenidos hayan sido eliminados y las relaciones económicas ocultadas mediante diversas capas de contratación.

La fiscalización digital debe ser preventiva, especializada y rápida. No puede depender solamente de que un partido denuncie ni limitarse a revisar los anuncios contratados dentro de las plataformas. También necesita examinar los pagos externos, las aportaciones en especie y la subcontratación de servicios.

Transparencia sin censura

Una democracia debe proteger las opiniones auténticas, incluso cuando resultan incómodas, parciales o abiertamente partidistas. Lo que no debe proteger es la simulación.

Cuando existe pago o coordinación, la ciudadanía tiene derecho a saber que está frente a propaganda. También tiene derecho a conocer quién la financia y qué intereses existen detrás del mensaje.

La transparencia no censura la libertad de expresión. Le devuelve contexto. Una etiqueta que identifique el contenido patrocinado no impide hablar. Simplemente permite que la audiencia valore el mensaje con información completa.

Una ruta posible para México

México no necesita prohibir que los influencers participen en política. Necesita reglas que permitan distinguir entre una opinión auténtica y una operación financiada que pretende pasar por espontánea.

Primero, todo contenido electoral realizado mediante pago, regalo, contrato, beneficio o promesa debería identificar de manera visible su carácter patrocinado.

Segundo, la fiscalización no debe limitarse a transferencias bancarias. También debe comprender viajes, servicios, contratos posteriores, acceso privilegiado y otras aportaciones en especie.

Tercero, partidos y candidaturas tendrían que reportar la cadena completa de contratación. La obligación debería alcanzar a agencias, intermediarios y subcontratistas que vinculen campañas con creadores de contenido.

Cuarto, el INE necesita procedimientos rápidos para preservar publicaciones, metadatos y datos de difusión antes de que sean eliminados. Esa capacidad debe acompañarse de coordinación institucional y vías legales para obtener información relevante de las plataformas.

Quinto, ninguna investigación debería iniciarse únicamente porque una persona apoye o critique a una candidatura. Deben existir indicios objetivos de coordinación, compensación o participación en una estrategia organizada.

Estas medidas requieren colaboración entre autoridades electorales, fiscales y otras instituciones competentes, además de las plataformas digitales. Sin embargo, todo intercambio de información debe sujetarse a protección de datos, controles de legalidad y derecho de defensa.

Proteger dos libertades

México no necesita elegir entre libertad de expresión e integridad electoral. Necesita proteger ambas.

Toda persona debe conservar el derecho de apoyar públicamente una opción política. Pero cuando el mensaje forma parte de una operación financiada, la ciudadanía tiene derecho a conocer quién está detrás.

El criterio rector puede formularse de manera sencilla: las opiniones no se fiscalizan; los recursos y las operaciones coordinadas, sí.

La libertad de expresión protege las ideas. No debe utilizarse para ocultar el dinero que intenta convertirlas artificialmente en tendencias, apoyos o ventajas electorales.

Fuentes

International IDEA. Influence and Political Integrity Mapping Regulatory Frameworks for Influencers in Elections. Noviembre de 2026. Consultar informe

International IDEA. Regulating Social Media Influencers in Politics. 10 de noviembre de 2026. Consultar publicación

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