Como lo hemos
platicado en articulo anteriores en el año 2013 se realizo una reforma electoral, la cual tiene por objeto
la transformación del sistema electivo
en México, sin embargo para realizar esta
“gran evolución” los legisladores federales dejaron pendiente la creación de un ley secundaria para
una reforma previa y es la que se refiere a las candidaturas
independientes o ciudadanas, al día de hoy en las previos proyectos que platean los partidos político
dejan de lado este importantísimo tema ya que
pareciera ser que para ellos lo más importante es que como establecían en
su exposición de motivos es la no intervención de poderes facticos estatales en
los procesos de designación de los organismos públicos autónomos de las
entidades federativas, logrando con ellos la creación de un gran órgano electoral
nacional que aglutinara a estos organismos públicos y por supuesto que la intervención de los partidos políticos solo se vería desde el
centro del país y no en los estados;
pero al final de día se cumplió con el cometido y hoy ya está funcionando el
INE , pero no se han concretado las tan
esperadas leyes secundarias que son la norma que deberá hacer cumplir este
Instituto Nacional Electoral; después de analizar con detenimiento las
propuestas legislativas del Partido Acción Nacional , Partido de la Revolución Democrática
y del Partido Revolucionario Institucional
conjunta esta con el Partido Verde
Ecologista de México , en ninguna encontramos una diferenciación o apreciación especifica
de las candidaturas independientes, solamente se han propuesto hacer una serie
de parches que permitan que estás queden en el entramado legal sin ver o
reflexionar que mas allá de solo parchar las leyes electorales se tiene que crear una ley especifica o ley
general de candidaturas independientes que vaya agregada al Código General
Electoral; es importante hacer una memoria para lo cual nos apoyaremos en el
texto publicado Iván Neria en el diario
digital CUTURA. UNAM fechado en México, D.F.|09.04.2014
“Una vez
que México fue independiente, los alcaldes y los jefes políticos locales y
regionales eran quienes organizaban las elecciones. Pero no fue hasta 1946,
cuando se federalizó la estructural electoral con la creación de la Comisión
Federal de Vigilancia Electoral, presidida por el Secretario de Gobernación,
por otro miembro del gabinete, un diputado, un senador y dos representantes de
los partidos políticos de mayor relevancia. Al mismo tiempo se crearon las
comisiones locales electorales y el consejo del padrón electoral.
En 1951 se autorizó a la Comisión para mediar el registro de nuevos partidos políticos y para formular constancias de mayoría. En 1973 se creó la Comisión Federal Electoral en cuya conformación participaban, con voz y voto, todos los partidos registrados. Y en ese mismo año el Registro Nacional de Electores se volvió una entidad autónoma.
Cuatro años más tarde, en 1977, se expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), cuya principal aportación fue la de permitir el ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas antes “proscritas” y propició su representación en los órganos legislativos. La LOPPE modificó la integración de la Comisión Federal Electoral y permitió la participación de los partidos políticos registrados en igualdad de condiciones. Y fue así que la Comisión quedó conformada por el Secretario de Gobernación, un representante por cada una de las cámaras legislativas, un representante de cada partido político con registro y un notario público.
Finalmente, en 1987 se llevó a cabo una nueva reforma que introdujo el criterio de la representación proporcional en la integración del órgano electoral; de este modo, para organizar las elecciones de 1998, el PRI contaba con 16 representantes, en tanto que el Ejecutivo y el Legislativo, junto con los demás partidos políticos sumaban 15 asientos en la Comisión Federal Electoral.
Creación del Instituto Federal Electoral
En 1989, al ver los resultados del año anterior, se emprendió una nueva reforma a la Constitución, y en agosto del año siguiente se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el cual dio lugar a la creación del IFE como un organismo con personalidad jurídica y patrimonios propios, depositario de la autoridad electoral, misma que, sin embargo, estaba supeditada a los poderes Ejecutivo y Legislativo, pues el texto constitucional de 1989 establecía que la organización de las elecciones era una función estatal a cargo de dichos poderes con la participación y corresponsabilidad de los partidos políticos y de los ciudadanos.
A este nuevo órgano electoral se le confirió la responsabilidad de contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura cívica democrática. Además, a diferencia de los organismos electorales que le precedieron, cuyas actividades eran temporales, se determinó que el IFE tuviese un carácter permanente.
En el Instituto Federal Electoral se concentraron por primera vez funciones que antes estaban aisladas y dispersas o que ni siquiera estaban consideradas, tales como: la actualización permanente del padrón electoral, el registro de partidos políticos, sus plataformas y candidatos, asegurar a los partidos el disfrute de sus prerrogativas, la organización de la jornada electoral, el cómputo de las votaciones y la entrega de constancias de mayoría, la capacitación electoral y la educación cívica, así como la implantación y desarrollo del servicio profesional electoral.
Por otro lado, a partir de una reforma
promulgada en 1993, la legislación electoral reconoció como derecho exclusivo
de los ciudadanos mexicanos el de participar como observadores electorales en
la forma y los términos que determine el Consejo General del IFE en ocasión de
cada proceso electoral federal, siempre y cuando hayan gestionado y obtenido
oportunamente la acreditación correspondiente.
Otra de las innovaciones introducidas por la reforma electoral de 1989-1990 fue la de instituir la profesionalización del personal encargado de prestar el servicio público electoral.
Como resultado de ello, el 29 de junio de 1992, el presidente de la República firmó el decreto que creó el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, con lo cual se dio el primer paso para la profesionalización de los servidores responsables de organizar las elecciones federales a partir de 1994.
Con ello, México contó por primera vez en su historia electoral, con un cuerpo de servidores públicos de carrera especializados en las funciones electorales, y cuenta con dos cuerpos de funcionarios: el directivo, que realiza funciones de mando y supervisión; y el técnico, que efectúa actividades especializadas como las de cartografía, estadística, informática y capacitación, entre otras.
Y es así como a partir de 1993, el Instituto Federal Electoral se ha concentrado en el despliegue de diversas actividades de información, promoción y atención a consultas de la comunidad internacional relativas al proceso de reforma y actualización del régimen electoral mexicano, y más específicamente en lo que se refiere a la naturaleza, atribuciones, organización, funcionamiento y programas sustantivos emprendidos por el IFE.”
Como atinadamente
la define el autor del texto anterior con la creación del IFE se le dio mayor participación
a los Partidos Políticos y los ciudadanos en
una esfera de observación sin
embargo con la reforma electoral del
2012 la participación de los
ciudadanos como Derecho Humano es una obligación que el estado debe prever que
se cumpla en todos sus sentidos, de
contrario violentaría los pactos internacionales que por vía constitucional está
obligado a cumplir. Pero regresando al tema, al observar estas modificaciones podemos darnos cuenta que el proceso de fortificación
de partidos políticos en México data de cuatro
décadas por ello es inconsistente
que le legislador pretenda con solo un “parche”
establecer el sistema de candidaturas independientes en el proceso electoral
mexicano ya que de hacerlo así llegara un punto donde se encuentre la
desigualdad ya sea para los candidatos de partidos políticos o de candidatos independientes, como muestra
basta una anécdota que comento en el ultimo foro el Presidente Municipal del municipio
de General Enrique Estrada del estado de
Zacatecas, el C.P. Raúl de Luna Tovar,
en esta anécdota comentaba que el cuando fue candidato por el Partido Acción
Nacional no tuvo acceso a tiempo de radio y televisión y en contra parte hoy
que fue candidato independiente si lo tuvo mientras que su contrincante de acción
nacional no, esto evidentemente deja en estado de inequidad la contienda. Por
lo anterior es importante que se tomen previsiones reales con respecto del tipo
de ley secundaria en materia de candidaturas independientes que pretenda realizar el Senado de la
Republica.
De no hacerlo de esta manera tarde o temprano las resoluciones de los tribunales electorales serán quienes definan la creación de una Ley general para el tema de candidaturas independientes que se parte de un gran código general electoral, porque si la tendencia sigue como esta propuesta se romperán los principios rectores constitucional que deben estar garantizados en toda contienda electoral
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