Cómo la Corte Interamericana, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral construyeron el estándar de la libertad de expresión política
"Las grandes ideas constitucionales no pertenecen a un tribunal. Viajan de una sentencia a otra, de un país a otro y de una generación de jueces a la siguiente."
Las ideas también tienen historia
Con frecuencia pensamos que las constituciones cambian únicamente cuando se reforma su texto.
No siempre es así.
Las constituciones también evolucionan cuando cambia la forma en que los tribunales interpretan sus principios.
Ésa es, quizá, la transformación más silenciosa del derecho.
Ningún artículo desaparece.
Ninguna palabra se modifica.
Y, sin embargo, el alcance de los derechos fundamentales puede llegar a ser completamente distinto.
Los precedentes son precisamente el vehículo mediante el cual esa evolución se hace posible.
Cada sentencia incorpora una idea.
Otra la desarrolla.
Una tercera la perfecciona.
Con el paso de los años, aquello que comenzó como una interpretación aislada termina convirtiéndose en un principio constitucional.
Así ocurre con la libertad de expresión.
No nació plenamente definida.
Ha sido el resultado de una conversación jurídica que continúa hasta nuestros días.
El primer interlocutor: la Corte Interamericana
La historia contemporánea de la libertad de expresión en América Latina no puede comprenderse sin la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde finales del siglo pasado, este tribunal comenzó a desarrollar una idea que transformaría el constitucionalismo regional.
La libertad de expresión no protege únicamente a quien habla.
Protege, sobre todo, el derecho de toda la sociedad a escuchar.
Con esa afirmación cambió el centro de gravedad del derecho.
La libertad dejó de entenderse exclusivamente como un derecho individual.
Pasó a concebirse como una condición indispensable para la existencia misma de la democracia.
Casos como La Última Tentación de Cristo, Herrera Ulloa, Ricardo Canese y Kimel consolidaron esa visión.
Cada uno abordó un problema distinto.
La censura previa.
La responsabilidad ulterior.
La crítica política.
La protección de periodistas.
Pero todos compartían una misma idea.
Cuando está en juego el debate público, la libertad de expresión merece la máxima protección posible.
No porque quienes hablan tengan privilegios.
Sino porque la democracia necesita ciudadanos capaces de recibir información plural para formar libremente su voluntad política.
El constitucionalismo mexicano escucha
Las ideas rara vez permanecen confinadas dentro de las fronteras de un país.
México comenzó a incorporar progresivamente esa visión.
La reforma constitucional de 2011 aceleró un proceso que ya venía gestándose.
Los derechos humanos dejaron de interpretarse exclusivamente desde la Constitución.
Los tratados internacionales y la jurisprudencia interamericana comenzaron a dialogar con el derecho nacional.
La Suprema Corte asumió un papel decisivo.
Su función consistió en traducir aquellos principios internacionales al lenguaje constitucional mexicano.
No se trató de copiar criterios extranjeros.
Se trató de construir una interpretación propia, compatible con nuestra Constitución y enriquecida por el derecho internacional de los derechos humanos.
Ese diálogo fortaleció la protección del debate democrático.
La especialización del Tribunal Electoral
Si la Suprema Corte desarrolló la teoría constitucional de la libertad de expresión, correspondió al Tribunal Electoral adaptarla al escenario específico de las campañas y la competencia política.
Éste fue un desafío particularmente complejo.
Las elecciones exigen la máxima circulación posible de ideas.
Pero también requieren preservar condiciones de equidad entre quienes participan en la contienda.
Proteger uno de esos principios sacrificando completamente el otro habría significado debilitar la democracia.
La respuesta consistió en construir criterios cada vez más refinados.
La libertad de expresión política recibió una protección reforzada.
Las restricciones comenzaron a interpretarse de manera excepcional.
La figura de la calumnia electoral quedó limitada a supuestos específicos.
Y la crítica dirigida a personajes públicos pasó a entenderse como parte natural del debate democrático.
Nada de ello ocurrió de un día para otro.
Fue el resultado de decenas de resoluciones.
Cada expediente añadió una pieza al edificio jurisprudencial.
Cuando los tribunales conversan
Existe una imagen profundamente equivocada de la justicia constitucional.
Se piensa que cada tribunal decide de manera aislada.
La realidad es exactamente la contraria.
Los precedentes dialogan entre sí.
La Corte Interamericana desarrolla estándares regionales.
La Suprema Corte los incorpora al orden constitucional mexicano.
El Tribunal Electoral los adapta a las particularidades de la competencia democrática.
Los tribunales electorales locales los aplican diariamente.
Posteriormente, nuevos casos regresan a las instancias superiores enriquecidos por esa experiencia.
Así se construye el derecho.
No mediante órdenes jerárquicas.
Sino mediante una conversación permanente entre instituciones.
Quizá ésa sea una de las expresiones más acabadas del Estado constitucional contemporáneo.
El verdadero patrimonio de una democracia
Con frecuencia atribuimos los grandes precedentes a un solo tribunal o incluso a un solo juez.
Sin embargo, esa visión desconoce la naturaleza colectiva del derecho constitucional.
Los precedentes pertenecen a la democracia.
Cada tribunal aporta una parte.
Cada generación agrega una reflexión distinta.
Cada sentencia incorpora una experiencia nueva.
Nadie puede reclamar la propiedad de un precedente.
Porque los precedentes no son patrimonio de los jueces.
Son patrimonio de los ciudadanos.
Ellos son quienes finalmente viven bajo las reglas que esos criterios construyen.
Reflexión final
Antes de preguntarnos si un precedente cambió, debemos comprender cómo fue construido.
Ninguna sentencia nace en el vacío.
Cada decisión lleva consigo la memoria de muchas otras.
La historia de la libertad de expresión demuestra que las democracias no evolucionan únicamente mediante reformas constitucionales.
También evolucionan gracias al diálogo constante entre tribunales que, desde distintas competencias y distintos países, comparten un mismo compromiso con la protección de la dignidad humana y de la deliberación pública.
Comprender ese diálogo es comprender la verdadera anatomía del precedente.
Y sólo quien comprende esa historia está en condiciones de evaluar con justicia las transformaciones que vendrán.
Una idea para recordar
Los precedentes no viajan en los expedientes; viajan en las ideas. Cada tribunal las recibe, las enriquece y las transmite a la siguiente generación de jueces. Ésa es la verdadera conversación del constitucionalismo.
En la próxima entrega
¿Cuándo cambia realmente un precedente?
Analizaremos los criterios utilizados por los tribunales constitucionales para distinguir entre la simple aplicación de una línea jurisprudencial, su evolución gradual y una auténtica ruptura de paradigma. A partir de ese marco metodológico estaremos finalmente en condiciones de regresar al caso Salinas Pliego y responder, con rigor jurídico y no con impresiones, si la decisión representa continuidad o un nuevo estándar constitucional.
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