Según la teoría democrática liberal, los líderes políticos de un país deben ser designados mediante elecciones. Este enfoque parte de la estrecha relación entre elecciones y democracia: sin elecciones, sin la abierta competencia por el poder entre fuerzas sociales y agrupaciones políticas, no hay democracia. Las elecciones competitivas constituyen “el rasgo distintivo de la democracia y el que nos permite distinguirla de otros métodos políticos”.
Aunque las elecciones no son sino una forma de participación política entre tantas otras, su importancia especial, pues para un sector significativo de la ciudadanía, representan el principal instrumento de participación en el proceso político. Según investigaciones solo una minoría ejerce siempre el derecho –en principio igual para todos- de participar activamente en los procesos políticos de selección y decisión.
Salvo en situaciones especiales, la gran mayoría de la población permanece políticamente apática.
Si bien es cierto que los procesos electorales forman parte de lo que es un régimen político democrático, su especificidad y sus contenidos técnicos y procesales ameritan un tratamiento explicito y especifico. Desde esta perspectiva el proceso electoral debe ser conocido por cada ciudadano, de manera que su participación electoral sea debidamente informada tanto en relación con los procesos y mecanismos electorales como en cuanto a los contenidos que se dirimen en la contienda electoral.
Las sociedades democráticas pueden existir con diferentes niveles de participación, aunque es evidente que de ellos se desprenden varias consecuencias. Quienes creen que la democracia se haya mejor servida por un alto nivel de participación, señalan el hecho de que un Estado democrático, a diferencia de una oligarquía tradicionalista, debe depender del consenso de sus ciudadanos, y en un Estado en el que gran parte de la población es apática, se desinteresa y no es consciente, la aquiescencia no puede darse por supuesta y en ella el consenso puede, en realidad, ser débil. Como lo han afirmado los estudiosos de las ciencias políticas, cuando la concurrencia a las urnas es débil, ello casi siempre significa que los grupos que se hallan social y económicamente en desventaja se encuentran insuficientemente representados en el gobierno. La combinación de un bajo índice de votación con una carencia relativa de organización entre los grupos de un status inferior, significa que ellos sufrirán la indiferencia de los políticos, quienes se mostraran receptivos ante los deseos de los estratos mas privilegiados, participantes y organizados. La falta de participación y representación refleja también la carencia de una ciudadanía efectiva y la consecuente falta de lealtad hacia el sistema como un todo. Sin embargo, debe señalarse que hay posiciones que interpretan favorablemente los bajos porcentajes de votantes, como una evidencia de la satisfacción básica del electorado.
En nuestra sociedad se esta produciendo un proceso de ampliación de la democracia mediante la participación de la ciudadanía en cuerpos colectivos, diferentes de los políticos. En otras palabras, la inclusión de la sociedad civil entre las formas de poder, ocupadas hasta ahora mayoritariamente por la sociedad política.
Los ciudadanos considerados individualmente y en todas sus formas de organización son quienes deben tomar las decisiones que orientan a los gobiernos y definir los propósitos compartidos de la comunidad. La educación electoral debe prepararlos para una toma conjunta de decisiones, para crear poder, para construir relaciones y para generar voluntad política. Los líderes no son tan importantes como el liderazgo, entendido como un número de tareas que moviliza a una comunidad y la lleva a donde desea estar. Desde esta perspectiva, una comunidad necesita el liderazgo proveniente de todos los sectores de la sociedad, no solamente de unas pocas personas. Educar a la gente para el liderazgo cívico requiere una enseñanza basada principalmente en la reflexión sobre la experiencia.
En el diccionario Enciclopédico Hispano Americano se lee que:
La práctica de la elección es tan antigua como la sociedad. Desde que los hombres se agruparon en familias constituyendo tribus, pueblos y naciones; en cuanto se crearon intereses colectivos, se impuso la necesidad de establecer leyes para regirse, de legisladores para dictar aquellas leyes, y de agentes para hacerlas cumplir. La autoridad social se encarna forzosamente en un hombre, en una familia o en una casta. El más valiente, el más sabio o el más rico es el que gobierna.
Pero las sociedades no podrían, sin exponerse a graves peligros, quedar huérfanas de autoridades. ¿Cómo se transmitirá el poder? Por herencia o por elección. Las tribus bárbaras elegían a sus jefes por aclamación. El elegido era alzado en el paves; esta era la proclamación del voto.
Si bien el fenómeno electoral es estudio, desde puntos de vista diversos, por la filosofía, la sociología, el derecho constitucional, la ciencia política, la teoría del Estado y por otras ramas del conocimiento humano, en este opúsculo únicamente nos interesa como hecho jurídico en sentido amplio, regulado, evidentemente, por una especifica rama del derecho denominado derecho electoral, en su acepción sustantiva y adjetiva, con reiterada e injustificada frecuencia no tomada en consideración por los juristas.
En el Diario Oficial de la Federación , de fecha 6 de abril de 1990, se publico el decreto de reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos el 41, al que se le adiciono un párrafo séptimo, en el que se preciso que “la organización de las elecciones federales es una función estatal” y que en su ejercicio “la certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo serán principios rectores”.
El comentado principio de legalidad va mas allá de la garantía constitucional de legalidad, pues esta se refiere a la protección de todo individuo ante la actuación de las autoridades exclusivamente; en cambio, el principio de legalidad electoral incluye tanto el actuar de las autoridades electorales, como el de los ciudadanos y el de las organizaciones políticas, que evidentemente no son autoridades sino particulares, aun cuando de interés publico las que tienen la naturaleza de partidos políticos (articulo 41, párrafo segundo constitucional).
De a cuerdo con lo que establece el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su Vigésima Segunda Edición, define la legalidad:
(De legal).
Asimismo establece que el Principio de legalidad es el principio jurídico en virtud del cual los ciudadanos y todos los poderes públicos están sometidos a las leyes y al derecho.
La cultura de la legalidad tiene ocho características esenciales
1. La sociedad conoce la mayoría de las normas y leyes.
2. La mayoría tienen la voluntad de respetar las leyes
3. Existe una rama estructurada y órganos de control
4. Existe una sanción por una violación de ley.
5. Existe un proceso de defensa de acusados.
6. Existe un sistema de apoyo a víctimas.
7. Se condena a la delincuencia y corrupción.
8. Existe un sistema para cambiar las leyes.
Derivado de lo anterior permítanme hacer las siguientes reflexiones:
En el Sistema Electoral Mexicano sin duda contamos con algunas de las especificaciones previamente señaladas como concepto de cultura de la legalidad; sin embargo durante décadas hemos realizado una serie de modificaciones que al global de la población le son desconocidas, por ende y que con base en sistemas de comunicación modernos, las opiniones diversas o generadas a través de comunicadores que en la actualidad se han convertido en lideres de opinión, fundando esta en su percepción de hechos fácticos, producen en la población en general un desconcierto, el cual las instituciones no hemos logrado frenar y mucho menos esclarecer.
Se han invertido sumas realmente importantes en la actualización, modificación y modernización de los diferentes sistemas tanto de carácter administrativo, jurisdiccional y por supuesto de persecución del delito en materia electoral, hemos dejado de lado un principio fundamental y es el que se refiere a que la población de una manera directa conozca las leyes electorales, medios de impugnación y por supuesto lo referente a los delitos electorales.
Es decir, no hemos cumplido la primera característica que debe reunir la cultura de la legalidad y que se refiere a que La sociedad conozca la mayoría de las normas y leyes en materia electoral, nos hemos encontrado frente a una barrera de indiferencia, de modo tal que pareciera que la participación del ciudadano en la vida democrática del país, solo se refiere a los procesos electorales; y, estoy seguro de cada uno de los que en esta mesa estamos reunidos somos sabedores que la actividad que se desempeña en los diferentes niveles del Derecho Electoral, no únicamente tiene que ver con la elección de un representante popular, ya que como ejemplo podemos señalar la a-temporalidad de algunos delitos electorales, como lo es el hecho de destinar fondos bienes o servicios para beneficiar a un partido político, o bien la defensa de los derechos políticos del ciudadano que tiene a su cargo el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación , o los Programas de Cultura Cívica que maneja el Instituto Federal electoral.
Todavía peor aun, no hemos logrado que la población diferencié que no es lo mismo la persecución del delito electoral que los medios de impugnación o los mecanismos de organización y vigilancia de los procesos electorales, ya que existe la creencia popular que todo tiene que ver con la nulidad de una elección y que no existe castigo para las personas físicas sino que todo tiene que ser en contra de partidos políticos o coaliciones, desconociendo así lo sociedad el mínimo sentido de la estructura del derecho electoral en México.
Precisamente por ello la propuesta concreta es que debemos apostar a un programa efectivo institucional donde todos las autoridades de común acuerdo logremos generar un mecanismo permanente de cultura de la legalidad pero con mecanismos accesibles y cercanos a la población, evidentemente esto no es posible desde una esfera centralista sino que se debe participar activamente desde las células estatales con la intervención de todos los organismos electorales de la republica para que se replique y adecue este programa a los esquemas socio- económicos y demográficos de las entidades federativas para que se pueda exitosamente lograr una penetración profunda en la sociedad y lograr así recuperar la confianza y credibilidad de la sociedad en las instituciones electorales, Pero esto debe realizarse de una manera clara y directa rompiendo el paradigma de la codificación o sectorización de la información. En concreto lograr que estos programas sean tan entendibles y digeribles que podamos acceder hasta con los niños y adolescentes para formar una nueva generación de ciudadanos; que sean participativos y decididos actores en la toma de decisiones políticas del País .
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